En los océanos del planeta podemos encontrar hasta catorce especies de balaenidae (ballenas). Muchas de ellas están catalogadas como “especie en peligro de extinción'', y se estima que en conjunto suman un total de 1,3 millones de ejemplares, una cantidad considerablemente menor a los momentos previos a la Revolución industrial.

A partir de entonces, comenzó la caza masiva de estos animales, debido, sobre todo, al incremento de la demanda de aceite de ballena, uno de los principales lubricantes para la maquinaria industrial y los combustibles para lámparas hasta el descubrimiento del petróleo.

Con una población de estos cetáceos cada vez más menguada, la comunidad internacional acabó tomando conciencia y adoptando medidas para tratar evitar la desaparición de esta especie.

Prohibición de la caza

Esta misma semana, la Comisión Ballenera Internacional (CBI) decidirá si abre la puerta al levantamiento de la moratoria que desde hace cuatro décadas prohíbe, al menos sobre el papel, la caza de ballenas, en un movimiento que varias ONG denuncian está impulsado desde la sombra por Japón.

Tal y como informa la Agencia EFE, se espera salga adelante una propuesta para reactivar un sistema que calcule límites de "capturas sostenibles" para la caza comercial, durante la reunión que la Comisión celebra hasta el próximo viernes en la ciudad eslovena de Portoroz.

Si esa propuesta sale adelante, se activaría un proceso que podría acabar con la moratoria que, desde los años 80 permitía capturar ballenas para motivos comerciales. Desde entonces, se estima que se han cazado bajo estas circunstancias casi 30.000 ejemplares.

La regulación de la captura

Durante el siglo XX, la caza de ballenas continuó siendo una potente actividad económica. A pesar de que, como es lógico, durante la II Guerra Mundial se produjo un retroceso en su captura, finalizado el conflicto se planteó la necesidad de establecer un marco que garantizara la sostenibilidad del sector.

En este momento, la motivación poco tenía que ver con un compromiso de preservación del medio ambiente y la biodiversidad. Al contrario, el objetivo era conservar la industria a largo plazo.

Con este objetivo, el 2 de diciembre de 1946, quince países firmaron la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas, un acuerdo cuyo fin no era otro que "proporcionar una adecuada conservación de las poblaciones de ballenas y así hacer posible el desarrollo controlado de la industria ballenera”.

Una de los acuerdos fue la reducción de la cacería comercial de la mayor parte de las poblaciones, aunque permitiendo la cacería de subsistencia de etnias que tradicionalmente dependían de los recursos que les procuraban estos animales, como, entre otros, los esquimales en Groenlandia y Alaska, así como las poblaciones de las Antillas Menores, entre otras.

Otro acuerdo fue la creación de la propia CBI, que ha llegado hasta hoy y cuenta con ochenta y ocho Estados miembros. Imbuida de aquel espíritu antropocentrista y economicista, el papel jugado por la joven organización internacional, no serviría para poner freno a la caza masiva de las ballenas, incapaz de obligar a los Estados miembros a cumplir los acuerdos firmados.

Ello llevó a que a mediados de la década de 1960, la organización tuviera que reconocer el fracaso de sus propósitos: no solo no se había logrado recuperar, sino que ni siquiera se pudieron conservar las poblaciones de ballenas en sus niveles de 1946.

Frenar las capturas

Ante la constatación del fracaso, y con una opinión pública cada vez más preocupada por la conservación del medio ambiente, la Comisión Ballenera Internacional, comenzó a dar pasos para endurecer sus posiciones. Una de las primeras medidas fue la adopción de la política de Rendimiento Máximo Sostenible.

Con ella, la Comisión se negó a especificar un límite de tiempo para la recuperación de las poblaciones de ballenas. De esta forma, se evitaría la reanudación prematura de la caza de ballenas antes de que se completara la restitución de la situación anterior. Este punto fue el que marcó el paso de la mera preservación a la recuperación.

Los llamados a una moratoria sobre la caza comercial de ballenas, promovida principalmente por Estados Unidos y con la oposición de las principales naciones balleneras como Japón y Noruega, comenzaron en 1972 y, para 1977, el sentimiento proteccionista se estaba volviendo más dominante.

Tras varios intentos fallidos, en 1982, se aprobó una propuesta de una moratoria de cinco años sobre la caza comercial de ballenas fue aprobada por 25 votos contra 7, que entraría en vigor en 1986.

Artimañas legales

Como es fácil imaginar, aquellos Estados con una mayor tradición en la captura de ballenas mostraron su desacuerdo, como Noruega o Japón. De hecho, advirtieron en varias ocasiones que no cumplirían el acuerdo. No obstante, la presión de Estados Unidos, que amenazó con responder con sanciones comerciales hizo que la mayoría de ellos respetaran la decisión de la Comisión.

Aun así, los llamamientos posteriores de Japón para reintroducir cuotas de captura de ballenas o permitir la caza costera a pequeña escala fueron constantes, chocando siempre con la negativa. No obstante, Japón utilizó una artimaña para esquivar las prohibiciones: la excepción que permitía la captura de ballenas con fines científicos.

De esta forma, el país nipón llegó a capturar entre 200 y 1.200 ballenas cada año. Una estratagema que también utilizó Islandia, que acabaría por abandonar la Comisión en 1990, solo para reincorporarse en 2002 después de haberse eximido de la moratoria. Canadá, por su parte, abandonó la organización en 1982.

Un momento clave fue la celebración del 67º encuentro de la Comisión Ballenera Internacional, en Florianópolis (Brasil). Japón mantuvo su posicionamiento habitual, reclamando la revocación de la moratoria sobre la caza comercial de ballenas.

La Comisión no solo se negó, sino que se aprobó que la función de la Comisión en el siglo XXI no solo era la preservación, sino asegurarse de la recuperación de las poblaciones de cetáceos a sus niveles preindustriales. Ante estas negativas, Japón abandonó la organización en 2019. argumentando que se estaba traicionando el propósito de la Convención.

El declive de la industria ballenera

En aquel encuentro, se culminó un proceso iniciado cuarenta años atrás, en el que la recuperación de la población de ballenas pasaba a ser el objetivo principal. Pero no solo es, sino que, además, estos animales dejaban de verse como un mero un recurso económico y se les reconocía como animales sensibles e inteligentes que tienen derecho a una vida libre de la crueldad humana.

Esto fue posible, como en tantos otros avances en materia medioambiental, fue primordial el empuje de la opinión pública y movimientos sociales. También tuvo algo que ver que, en realidad, en la mayoría de los países, a lo largo del siglo XX, fue disminuyendo la importancia económica de los productos derivados de las ballenas.

Por ejemplo, el aceite de ballena fue reemplazado por queroseno en la iluminación y por aceites vegetales en la margarina. Esta situación de declive dio lugar a que muchos Estados estuvieran dispuestos a renunciar a sus industrias balleneras nacionales.

Aunque hoy, el peligro de extinción sigue planeando sobre ellos, algunos datos de los últimos años atestiguan la recuperación de algunas de las especies. Por ejemplo, la ballena jorobada, que ha pasado de 450 ejemplares en 1950 a alrededor de 20.000 en la actualidad.

Un dato esperanzador, no solo por la importancia de mantener la biodiversidad, sino porque las ballenas ofrecen una ayuda inestimable en la lucha contra el cambio climático. Se estima que un solo ejemplar puede almacenar alrededor de 33 toneladas de CO2, una cantidad considerable que, cuando muere se lleva consigo al fondo del mar, manteniéndolo encerrado durante muchos años.