En año, España ha conseguido acuerdos para avanzar hacia una economía circular. Y es que este abril se aprobó en el Parlamento, la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, como marco general de actuación en la gestión de residuos.

Ahora, este sector dispone de dos años y medio para desarrollar, por ley, un sistema para la recogida y tratamiento de sus productos. La normativa europea obliga al territorio nacional a cambiar sus cifras de reciclaje, que hasta ahora en su conjunto eran de un 38% para lograr antes del 2035 un 65%. 

Por ello, es fundamental que entre todos los productores y distribuidores de enseres se establezca un diálogo con el ministerio para la Transición ecológica, para que se actúe desde la unidad de acción y se llegue a un discurso común; ganará así en eficiencia y legitimidad a la hora de incidir en el desarrollo de la Responsabilidad del Prodcutor (RAP) para enseres voluminosos.

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Un reto que el director sénior de Asuntos Públicos en LLYC, Carlos Ruiz Mateos, compara con lo que en su día ya pasó con el reciclaje de los envases en el que se llegaron a acuerdos entre los productores de envasados y la posterior creación común de Ecoembes.

Sin duda, a medida que algunos flujos de residuos han ido avanzando en la recogida y el reciclaje (vidrio, envases, papel, cartón, aceites, pilas, bombillas), nuevos materiales, como los textiles y los enseres voluminosos, han sido objeto de la atención del regulador.

Europa genera 19 millones de toneladas de residuos voluminosos como muebles y colchones, donde España es responsable de dos millones, no siendo conscientes de "lo contaminantes que son estos productos como los colchones cuya rentabilidad al reciclar es nula", añade R. Mateos.

Pese a no tener ningún tipo de rentabilidades, es necesario un acuerdo de recogida por parte de los productores y distribuidores para cerrar el ciclo y contribuir así al medio ambiente, además de dar una segunda vida al mueble; con base en los principios de la economía circular.

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Además, desde el punto de vista del consumidor, cada ayuntamiento "hace lo que buenamente puede", explica el experto, pero que sumado al acuerdo se espera un sistema de recogida organizado para evitar que el mueble acabe en un vertedero y se queme.

Poner de acuerdo a 8.000 ayuntamientos

Uno de los mayores retos es la interlocución institucional a nivel autonómico

y local que se debe realizar durante la fase de diseño del sistema. Con las CCAA es fundamental alinear su marco normativo y su política pública al respecto, al Real Decreto en desarrollo.

A nivel municipal, se deben alcanzar acuerdos con unos ayuntamientos que buscarán repercutir el máximo posible de los costes de recogida a las empresas, para integrarlos en la solución, habiendo en España 8.131 municipios.

Pero todo esto, sin duda, es un ejercicio difícil de llevar a cabo, Ruiz Mateos nos asegura que no es una tarea fácil y que estamos ante "un quilombo absoluto" pero que siguiendo los ejemplos pasados se podrá llevar a cabo.

Pese a ser dificil, Ecoembes lo consiguió y se espera que así lo hagan aunque no sea todos juntos, sino por medio de organizaciones, entre algunos de ellos "como IKEA, Leroy Merlin y Conforama que organicen recogidas juntos".

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Ante todo existe una gran inversión, negociación y diálogo detrás, conformado por los más de 8.000 ayuntamientos que llevan muchos años detrás de conseguirlo y que "no lo van a lograr al completo el primer día que se haga efectiva la normativa", apunta el director.

Habrá que esperar hasta 2025 para la coordinación de las medidas de recogida entre los productores y que de no llegar a acuerdos, será la responsabilidad jurídica la que determine las medidas en contra de los incumplimientos

Además de que si el sector lleva la iniciativa, los consumidores van a saber valorar el compromiso de las empresas con la economía circular y la sostenibilidad. El compromiso sin duda no es solo de ellos sino de todos, por lo que las empresas deben de actuar y ponerse de acuerdo para que el ciudadano también colabore.