'Silencio o plomo', el riesgo de la verdad: 9 de cada 10 asesinatos de periodistas quedan impunes

Entre finales del siglo I y principios del siglo II e. c., Plutarco contaba en su obra Vidas paralelas que el rey Tigranes mandó cortar la cabeza del primer mensajero que dio la noticia sobre la llegada de Lúculo. Desde entonces, nadie más se atrevió a darle malas noticias, “dando oído sólo a aquellos que lo halagaban”. Todo ello mientras la guerra crecía a su alrededor. 

Casi dos milenios después, los asesinatos siguen formando parte de los métodos para silenciar al mensajero. El último, el periodista colombiano Rafael Emiro Moreno, que fue ejecutado a sangre fría por dos personas el pasado 20 de octubre. Tan sólo este año, según los registros de Reporteros Sin Fronteras (RSF), han sido asesinados 50 periodistas. 

Hoy 2 de noviembre se celebra el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, una triste realidad que acompaña a esta profesión. Según la UNESCO, entre los 1.200 periodistas que fueron asesinados entre los años 2006 y 2020, casi 9 de cada 10 casos siguen sin haber sido resueltos judicialmente. Esto es, prácticamente el 90% de los autores de estos crímenes no son llevados ante la justicia. 

Estas estremecedoras cifras arrojan una clara impunidad sobre la violencia ejercida contra los periodistas. Una impunidad que según este organismo internacional puede conducir a “más asesinatos y, a menudo, es un síntoma del empeoramiento del conflicto y el colapso de la ley y los sistemas judiciales”. 

Y cuando los periodistas son blancos de los ataques, las sociedades también pagan un alto precio. “El tipo de noticias que son silenciadas —sobre corrupción, conflictos de intereses, trata ilegal— son exactamente el tipo de información que el público necesita conocer”, denunció en un comunicado de prensa António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. 

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'Silencio o plomo'

Los responsables de perpetrar estos crímenes son frecuentemente los propios Estados autoritarios que “eliminan a sus propios periodistas”, señala Andrés Zaragoza, coordinador del equipo de países de Amnistía Internacional España. Aunque también hay casos donde los Estados no actúan directamente, sino que es a través de cárteles u organizaciones similares. “El problema es que los Estados no lo investigan a fondo”, denuncia. Y así es como se genera el problema de la impunidad. 

América Latina es la región que registra un mayor número de víctimas con 24, es decir, casi la mitad de los 50 periodistas asesinados este año. Entre los países, México (con 12 víctimas) es, con diferencia, el país más peligroso y mortífero para los periodistas, por delante de países en guerra como Ucrania (8) o Yemen (3), según los registros de RSF. 

La periodista mexicana Lydia Cacho ha sido una de las muchas periodistas que han visto su vida amenazada. Tras destapar casos de pederastia y explotación comercial del sexo con menores con la aquiescencia de los políticos, recibió numerosas amenazas y tuvo incluso que autoexiliarse durante varios meses de su país natal. 

Cacho denunció en una entrevista en EL ESPAÑOL, el gobierno mexicano pudo haber hecho mucho más por protegerla, pero no lo hizo. “El gobierno ha hecho menos de lo que debía porque yo he evidenciado los vínculos de servidores públicos con estas redes de delincuencia organizada”, indicó. 

Asimismo, como en otros tantos ámbitos de la vida, la cuestión de género también tiene un importante sesgo en las amenazas contra los periodistas. Las mujeres se ven especialmente afectadas por las amenazas y los ataques, sobre todo en el ámbito cibernético. 

Según reveló un reciente informe de la UNESCO titulado The Chilling: Tendencias mundiales de la violencia en línea contra mujeres periodistas, el 73% de las mujeres periodistas encuestadas señalaron que habían sido amenazadas, intimidades e insultadas en línea en relación con su trabajo.

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Un avance insuficiente

El 18 de diciembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que condenaba todo tipo de ataques contra los periodistas e instó a que los Estados miembros tomaran medidas concretas para evitar estas agresiones. Así como para que se llevara a los responsables ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones. “Si los delitos quedan impunes, se pueden volver a repetir”, denuncia Zaragoza. 

Asimismo, el documento exhortaba a los Estados a “promover un entorno propicio y seguro en el que los periodistas puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencias”. Sin embargo, casi una década después, la libertad de prensa, consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no pasa por sus mejores momentos. 

El balance del año 2021 fue drástico. Según el Balance Anual de RSF, el número de periodistas encarcelados nunca había sido tan alto desde su creación en 1995. A mediados de diciembre, la organización había registrado un total de 488 periodistas y colaboradores de medios privados de su libertad por ejercer su profesión, una cifra 20% superior al año anterior. 

Una de las últimas iniciativas para poner coto a esta masacre ha sido llevada a cabo por la Unión General de Trabajadores (UGT). Según informó la agencia de noticias Europa Press, a través de su Área Internacional y de su Agrupación de Periodistas, la UGT ha instado al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que lleve a cabo las "acciones políticas y diplomáticas oportunas" para que la ONU constituya una Convención sobre la seguridad de los periodistas.

“No hay democracia sin el ejercicio de un periodismo en libertad y, por desgracia, no son pocos los países donde se persigue, se intimida y se asesina a los periodistas”, señalaron en la carta firmada por María del Carmen Donate, secretaria de Internacional FeSMC-UGT, y por el responsable de la Agrupación de Periodistas, Mariano Rivero. 

Por el momento, como acto principal en este sentido para el año 2022, se celebrará una Conferencia de Alto Nivel con el objetivo de reflexionar conjuntamente sobre cómo prevenir, proteger y procesar los crímenes contra periodistas. La reunión tendrá lugar durante los días 3 y 4 de noviembre en Viena (Austria).