El canto del jilguero europeo es uno de los más cotizados. Un buen cantor puede valer hasta 18.000 euros, pero no es oro todo lo que reluce: tener este ave enjaulada puede acarrear multas o penas que alcanzan hasta dos años de cárcel. Con todo, a pesar de la prohibición expresa por ley y de los toques de atención de la Unión Europea a España para que cesara su captura ilegal, los datos reflejan que es el pájaro que más ha ingresado en los Centros de Recuperación de Fauna (CRF) de España en las últimas dos décadas.

Durante muchos años fue una de las especies de ave más atractivas para su utilización en concursos de belleza y canto, por los silvestristas, como se conoce a los aficionados a la captura y cuidado en cautividad de jilgueros como este para adiestrarlos en el canto.

El último, de hecho, lo organizó la Real Federación Española de Caza en Albelda de Iregua, en La Rioja, en mayo de 2022. En su web, anuncian que anualmente organizan el Campeonato de España de Silvestrismo, “donde compiten cerca de 400 jilgueros, pardillos, verderones y mixtos de esas especies por el canto”.

Sin embargo, el silvestrismo está -en teoría- suspendido desde 2019 para evitar una sanción europea. Además, el artículo 24 de la recién aprobada ley de bienestar animal prohíbe “la tenencia, cría y comercio de aves fringílidas capturadas del medio natural” referidas a jilgueros, verdecillos y verderones. Esto da respuesta a los múltiples avisos y requerimientos que la UE profirió a España por seguir dejando capturar a estas aves cantoras.

Ahora, los datos analizados por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) en su último informe dan una idea de hasta qué punto era importante la muerte o el daño infligido a esta especie de ave en nuestro país. Y es que, aunque es solo una pequeña muestra del impacto total, los registros de los centros de todas las comunidades autónomas entre el 2000 y el 2018 muestran que fue el ave que más ingresó en los centros de recuperación por captura ilegal. 

Se han contabilizado 11.732 registros de un total de 272.655 registros de aves en nuestro país. Los de jilgueros, sobre todo, en las comunidades de  Cataluña, Comunidad Valenciana, Zaragoza e Islas Baleares, donde se da la mayor tradición de captura de paseriformes para jaula o consumo mediante diversas técnicas, consideradas en la actualidad ilegales. En estas zonas, además del jilguero europeo, también se ven muy afectados otros fringílidos como el verderón común, el pardillo común, el serín verdecillo y el jilguero lúgano.

El informe de SEO señala que la captura ilegal como causa de ingreso en los CRF presenta una particularidad, y refleja en su mayor parte datos procedentes de actuaciones de los agentes ambientales o las fuerzas de seguridad (decomisos de ejemplares mantenidos ilegalmente en cautividad), con una importancia mucho menos relevante que en otros casos de los hallazgos casuales. 

“Esto implica que en las cifras analizadas tienen gran incidencia, además de la existencia de las prácticas ilegales, las directrices de seguimiento y persecución del problema de las autoridades ambientales en cada ámbito territorial”, recoge el informe. Por tanto, “las elevadas cifras obtenidas en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde la persecución de agentes ambientales y fuerzas del orden sobre estas prácticas ilegales lleva desarrollándose muchos años”.

Por poner un ejemplo, el pasado 4 de septiembre, la Guardia Civil detectó en Valencia, en el paraje conocido como Camino Bayo, “varias artes ilegales dispuestas para su uso”. Los agentes realizaron un exhaustivo examen de las inmediaciones del lugar y encontraron dos viveros, de grandes dimensiones, donde había más de 220 aves protegidas enjauladas, tanto por la legislación nacional como por convenios internacionales. Entre ellas había 10 jilgueros, 38 pardillos comunes, 10 lúganos y 30 verderones.

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La luz 'acaba' con la pardela cenicienta

El jilguero, lamentablemente, es solo una de las 348 especies de ave que han ingresado en los centros de recuperación en España por causas humanas. Después del jilguero, las que más registros acumulan son el cernícalo vulgar (10.167), el busardo ratonero (8.608), el buitre leonado (7.426), gaviota patiamarilla (7.196), el vencejo común (6.266) y el búho real (6.215).

Como informan desde SEO, dependiendo de variables como su fenología o el interés comercial que despierta la especie, entre otros, hay causas no naturales que afectan más a unas especies que a otras. Así, para 34 de las especies con más registros la principal causa de ingreso en CRF son las lesiones compatibles con una colisión contra una línea eléctrica. La captura ilegal, sería la segunda causa más común.

Además de las colisiones con aerogeneradores o los envenenamientos, la contaminación lumínica es la principal causa de muerte no natural de una especie amenazada: la pardela cenicienta mediterránea. Los pollos abandonan el nido orientados por la luna. Sin embargo, el alumbrado excesivo está desviándoles de su ruta y provoca colisiones con farolas, tendidos eléctricos o atropellos.

En total, en España, las aves muertas o heridas por causas no naturales en España están en una horquilla entre los 25 millones y 100 millones de ejemplares al año. Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/Birdlife, señala que “incluso tomando como referencia la cuota baja de la horquilla, la cifra impresiona: cada año, las infraestructuras que instalamos en el medio natural y las actividades que desarrollamos en el campo, algunas de ellas prohibidas por la ley, están detrás de las heridas o muerte de al menos 25 millones de aves”.

Son precisamente las especies protegidas y amenazadas las que mayoritariamente ingresan en los CRF. El 22,66% de los registros, 77 especies, son especies que están incluidas dentro de las categorías de mayor riesgo de extinción en el Libro Rojo de las Aves de España, Si atendemos al grado de amenaza, destacan las cifras de cernícalo vulgar (En Peligro), que presenta una tasa de más de 1.000 registros cada año, lo que, en parte, podría ayudar a entender el grave declive sufrido por esta especie durante los últimos años.

Ruiz asegura que lo importante es que, “en muchos casos, se trata de cuestiones subsanables, como es el caso de las colisiones o la electrocución en tendidos eléctricos”. Así, “este informe muestra, una vez más, que mejorar la protección de la biodiversidad está al alcance de nuestra mano: de las administraciones, de las empresas y sectores y de todos nosotros, cuando salimos al campo o aprovechamos los recursos naturales”.