La ley que reaviva la polémica en Doñana y despierta la amenaza de otra multa millonaria de la UE

Doñana no termina de recuperarse. La sequía que sufre va más allá de una temporada larga con déficit de lluvias. Y el problema no es sólo la situación hidrológica, sino las grietas por las que se cuela la poca agua que acumula el acuífero del que se nutre. Algunas como los más de 1.000 pozos ilícitos o las 3.000 hectáreas regadas ilegalmente, según organizaciones ecologistas, pero también el baile de competencias entre administraciones de distinto rango político que acaban levantando un muro de piedra entre el problema y la solución.

La última polémica ha sido la proposición de ley (PDL) presentada a principios de marzo en el seno del Parlamento andaluz. La normativa –aún por aprobar– abre la puerta a la regularización de alrededor de 800 hectáreas de cultivos que quedaron fuera del Plan Especial de Ordenación Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana (PEOCFD), también conocido como el Plan de la Fresa. Se trata de una propuesta similar a la impulsada también por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox hace un año. 

Entonces, la lluvia de críticas de científicos y organizaciones como la Unión Europea y la Unesco por el riesgo para un ecosistema en declive alejaron su aprobación. Sobre todo con unas elecciones autonómicas a la vista.

Sin embargo, un año más tarde, y con una mayoría absoluta del Partido Popular, la normativa ha vuelto a la mesa del Parlamento andaluz. No obstante, desde el Ejecutivo de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, insisten en que la norma, esta vez, es distinta.

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Según indica el documento de la PDL, se pretenden calificar nuevas hectáreas de suelos agrícolas como "susceptibles de ser explotados en régimen de regadío". Esta superficie comprende a los que antes del Plan de la Fresa, aprobado en 2014, ya estaban operando en ese régimen.

Este plan se impulsó aquel año con el objetivo de equilibrar la explotación de agua del territorio de una forma sostenible y, de esa manera, asegurar la continuidad de Doñana, una de las reservas naturales más importantes a nivel mundial. Sin embargo, para los partidos que presentan ahora la PPL, aquella iniciativa provocó “que muchas hectáreas que tradicionalmente eran objeto de cultivos en regadío pasaran a considerarse por la administración autonómica como no aptas”.

Así, según apuntan en la exposición de motivos, la iniciativa “es de justicia social” y responde a “una necesidad imperiosa para actualizar y regularizar las zonas de regadíos históricas”. Sobre todo en una comarca como la del Condado de Huelva, con un cultivo de frutos rojos y fresas muy arraigado desde los años 80. Esto “ha favorecido que la provincia de Huelva y toda Andalucía se conviertan en la gran despensa de Europa”, apuntan en la PDL, y es “un motor socioeconómico” de la provincia.

Trabajadores en una plantación fresera. Freshuelva Europa Press

Por tener en cuenta los datos, en la campaña 2020-2021, solo en lo que tiene que ver con la fresa, el 82% de las exportaciones se dirigieron a Europa y, sobre todo, hacia países como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. 

El riego con agua superficial

La propuesta incluye –a diferencia de la impulsada hace un año– el riego con agua superficial en el corto o largo plazo. Esto, apuntan, se podrá llevar a cabo con el trasvase de hasta 19,99 hectómetros cúbicos de la cuenca hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras hacia la del Guadalquivir –aun en proceso y competencia del Ejecutivo nacional–, así como con la regeneración de aguas depuradas o desalinización.

No obstante, puntualizan que “la clasificación de estos suelos como regables con aguas superficiales (SARAS) no confieren de forma automática el derecho del uso del agua superficial”. Para ello, indican, “habrá de autorizarse por la administración hidráulica correspondiente”. Es decir, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), de competencia nacional.

La postura de este organismo, sin embargo, es clara. Según declaraciones recogidas por Europa Press, Joaquín Páez, presidente de la CHG, apela a "cumplir con la normativa que todos hemos acordado" en relación con la situación de los agricultores de la zona del espacio natural de Doñana. 

Para el representante, la transferencia de recursos de hasta 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir se establece en la Ley 10/2018. Y la normativa "en ningún caso" contempla que "aparezcan nuevas hectáreas" de regadío "a las que haya que surtir con agua de ese trasvase".

Además, Páez insiste en que ya se "ha regularizado en el entorno de Doñana más de 2.440 hectáreas que han permitido a los agricultores" vinculados a las mismas "tener derechos". Con ello, en la zona "hay del orden de 20.000 hectáreas con derechos, y esos derechos implican que tenemos la obligación, salvo en épocas de sequía, de darle la opción que figura en sus derechos". Como aclara el presidente de la CHG, "esa ley del trasvase está pensada no para aumentar los regadíos, sino que se planteó en su día para resolver los problemas ambientales del acuífero".

En esto coincide Juanjo Carmona, abogado y coordinador de Doñana del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), quien considera “irónico” que ahora estos nuevos terrenos quieran regarse con agua superficial. Como el presidente de la CHG, el experto explica que “esa transferencia de agua ya estaba adjudicada”. 

Doñana seca a fecha de 8 de marzo de 2023. WWF Europa Press

En el punto de mira de la UE

La polémica alcanzó un volumen mayor esta semana cuando se conoció la segunda advertencia desde Bruselas. Como recoge Efe, si a finales de enero de 2022 la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, remitía una misiva a España mostrando su preocupación por la iniciativa que, en el mismo sentido, presentaron PP, Cs y Vox -la cual decayó por la celebración las elecciones autonómicas-, ahora vuelve a hacer lo propio. 

En su carta deja claro que de aprobarse esta PPL se adoptarán todas las medidas necesarias. Esto incluye la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en el que solicitaría que se impongan sanciones económicas. Ya en la sentencia de junio de 2021 se reconocía el “descenso dramático” del nivel piezométrico del acuífero de Doñana por la sobreexplotación e imponía a España la adopción de una serie de medidas para revertir la situación. De lo contrario, se tomarían medidas.

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Como apunta Carmona, “cualquiera que vea lo que se pretende aprobar se echa las manos a la cabeza”. El experto explica que “las lluvias de diciembre fueron importantes, pero no se solucionó nada. Cayó menos de la media. Fue un espejismo”. Y lo peor es que “seguimos en una situación de sequía muy grave. Estamos en uno de los momentos más serios”, lamenta, y añade que “han crecido mucho las demandas de agua durante los últimos años”.

La Junta quiere ir a Bruselas

Así las cosas, y según ha informado Efe, el PP seguirá adelante con su proposición de ley –acordada con Vox– para regular los suelos que den derecho a agua superficial en el entorno de Doñana a pesar de la carta de la Comisión Europea. De esta manera, la tramitación sigue en marcha y se llevará por procedimiento de urgencia en la Cámara andaluza. Quieren que "en cuanto sea posible" llegue al pleno para su toma en consideración, que tienen garantizada con su mayoría absoluta y el apoyo de Vox.

Por su parte, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, se ha ofrecido incluso para ir a Bruselas a "explicar que esta proposición de ley no daña al acuífero". También ha vuelto a pedir al Gobierno la creación de grupos de trabajo para "avanzar juntos".

Por último, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, al igual que el propio PP, cree que el problema es que el Gobierno no ha explicado bien a Europa en qué consiste la proposición, "que busca hacer justicia y reparar el daño causado a cientos familias por el deficiente diseño del Plan de la Corona Norte".

Su portavoz, Julio Díaz, cree además que el Gobierno central "no está colaborando ni está aportando a la sostenibilidad de Doñana como debiera" y que ni siquiera se han leído la proposición. En cualquier caso, en Europa están todas las alarmas activadas.