La Palma, nombrada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 2002, es una de esas islas en la que los paisajes de selva se aderezan con acantilados imponentes, playas de arena negra y los vestigios de ocho erupciones volcánicas que, una a una, han ido cambiando el perfil de la Isla Bonita. La misma en la que ahora el gobierno insular proyecta un macrocomplejo de lujo. Un plan que no ha escapado de la polémica.

La erupción de La Palma en septiembre de hace dos años mantiene parte de la cara oeste de la isla bajo la soga de los gases nocivos del volcán. Unas 4.000 camas turísticas en zonas como Puerto Naos o Los Llanos de Aridane siguen cerradas a la ola de turismo esperable para las fechas. Una situación que contrasta con lo que se vive en la cara contraria de la isla.

De acuerdo con lo publicado por el Cabildo de La Palma, la idea es poner en marcha el primer ecoresort de lujo en la zona de La Pavona, ubicada en el municipio de Breña Alta (al este de la isla). Al plan no le falta detalle: además de un establecimiento hotelero de 5 estrellas Gran Lujo con instalaciones deportivas, ‘Wellness  clínic', y extrahotelera de apartamentos y villas, se contará con un campo de golf de 18 hoyos y un centro de congresos-planetario.

La iniciativa, de conseguir una declaración de impacto ambiental positiva, podría ocupar una superficie de unas 102 hectáreas, una extensión similar a 100 campos de fútbol, y tendría capacidad para unas 1.400 camas turísticas más en la isla, muy cerca de Santa Cruz de La Palma, la capital. Y parece que, por el momento, el proyecto tiene visos de salir adelante. Tras el apoyo de todos los partidos políticos en el pleno celebrado a finales de marzo, el Cabildo ha tramitado el plan a través de la ley de islas verdes para su declaración de interés insular.

Esta normativa canaria de ordenación territorial, aprobada ya en 2019, pretendía instaurar un modelo de desarrollo sostenible en cuestiones como el turismo, por el que se liberalizan ciertas parcelas de suelo rústico –consideradas, generalmente, como no urbanizables– para su uso turístico bajo condiciones como el interés para la isla. Eso sí, siempre y cuando queden integradas en el medio y respeten el paisaje.

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Mariano Hernández, presidente del Cabildo de La Palma del Partido Popular, explica en un comunicado que el proyecto viene a “incrementar las plazas turísticas en la isla”, y sobre todo después de la erupción de La Palma de hace dos años. La sostenibilidad, según asegura, está en el centro de la mesa. 

De acuerdo con lo incluido en el plan, también se contemplan actuaciones de regeneración ambiental como la rehabilitación de senderos, observatorios para las aves, recuperación de antiguos elementos patrimoniales de uso público en desuso, entre otros, "con una clara apuesta por el respeto a los valores ambientales, así como un compromiso absoluto en la no afección y la mejora del espacio". Desde el Cabildo, añaden que es “una actuación que apuesta por la diversificación económica de La Palma con un producto de calidad en un momento en el que la isla más lo necesita".

Como señala el presidente insular, “unos inversores comprometidos con el territorio” son los que han decidido modificar el proyecto inicial para hacerlo integrador y que no distorsione la realidad de Reserva de la Biosfera de la isla de La Palma. Sin embargo, la idea del llamado Ecoresort Camino Real La Pavona sigue sin convencer ni a grupos ecologistas ni a las más de 300 personas que se manifestaron el pasado 4 de abril bajo el lema La Palma no se vende, La Palma se defiende.

Los 'peros' del macroplan

Para algunos de sus residentes y para sectores ecologistas, la idea se parece más a un ecocidio que a un ecoresort. Como explicó Estrella Monterrey, miembro de Ben Magec-Ecologistas, durante su intervención en el pleno del 20 de marzo, este plan turístico puede suponer una amenaza para los valores naturales, agrícolas y la calidad de vida de la gente de la isla de La Palma.

“Este proyecto tiene ya más de 30 años” y “sería la cuarta tramitación que se intenta con este mismo objetivo”, denuncia Monterrey. Aunque puntualiza que, esta vez, a lo grande: “con 1.400 camas distribuidas entre hotel, apartamentos y villas, un centro de congresos, un gimnasio, una piscina climatizada, 54 piscinas privadas, un spa, locales comerciales, restaurantes, campo de golf de 18 hoyos… En definitiva, una ciudad”.

Como dejó claro en su intervención, este proyecto triplicaría las plazas que fueron previstas en el Plan Territorial Especial Turístico (PTE) anulado por una sentencia del Tribunal Supremo. La ecologista se refiere con esto a un caso declarado nulo en 2015 por el que se frenó la construcción en La Palma de algunas instalaciones como cinco campos de golf, al entender que se produjeron irregularidades en su tramitación y aprobación.

Así, Monterrey carga contra el macrocomplejo turístico alegando que el “interés insular” abriría la posibilidad de expropiar en favor de promotores privados las fincas de numerosas personas que quieren mantener sus terrenos y actividades tradicionales y que llevan décadas resistiendo una y otra vez los envites y los embustes. Es más, lo califica de “proyecto caduco” disfrazado con palabras como biodiversidad y sostenibilidad. “Poner una cubierta verde artificial, no hace que el modelo económico que promueve el turismo de masas sea más beneficioso para la gente o la tierra”, comenta.

Entre los principales peros que encuentran al proyecto está el asunto del agua: “No hay suficiente agua para cubrir las necesidades de este proyecto”, apunta. Solo un campo de golf puede consumir, al año, unos 547 litros de agua por día (unos 200.000 al año). Esto, comparado con los 127 litros de media que consume un ciudadano o los 800 litros que puede llegar a consumir un turista, puede elevar las tensiones en la zona en lo que se refiere a la disponibilidad de agua. Unas necesidades que, según la patronal hotelera, se suplirán con un embalse de 50.000 metros cúbicos y con el sifón de Aduares.

Desde Ben Magec-Ecologistas también señalan que, en la zona elegida para hacer el proyecto, las temperaturas bajan en invierno hasta 11ºC y alcanzan una humedad de más del 80%, por lo que “el uso previsto de placas solares no son suficientes para generar toda la energía que necesita el complejo, y menos en los días sin sol en invierno. Las piscinas de las 54 villas necesitan calefacción para poder ser aprovechadas en los meses más fríos”.

A esto, Monterrey critica algo que ya contempla el Cabildo, y es que los terrenos situados al oeste del camino real se encuentran afectados por la zona de protección para las aves de Cumbres y acantilados del norte de La Palma de la Red Natura 2000, en cuyo ámbito se excluye cualquier tipo de actividad o instalación no compatible con dicha Red. 

Para la ecologista, “no basta, como pretenden los promotores, con situar las actuaciones justo al lado del Parque Natural de Cumbre Vieja y del territorio protegido por la Red Natura 2000”, porque “las plantas y los animales no entienden ni conocen las líneas arbitrarias trazadas en un mapa. La conservación no funciona así, sobre todo cuando hablamos de una transformación tan radical y agresiva del territorio”.

Asimismo, y según declaraciones recogidas por Diario de Avisos de Darío Hernández, portavoz de EcoLaPalma –organización convocante de la manifestación del pasado 4 de abril–, asegura que no se puede“consentir que se desarrolle en la isla un modelo turístico de masas caducado como el de Tenerife o Gran Canaria, porque quien viene a La Palma lo hace por la naturaleza”.

Por su parte, el consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo insular, Gonzalo Pascual, defiende que “no se está votando por una ejecución en dos o tres meses del proyecto, sino de una apertura del expediente” y para que se llegue a desarrollar se necesita una evaluación ambiental favorable.

El freno de Lanzarote al ‘boom’ urbanístico

La isla canaria de Lanzarote es una de las únicas en nuestro país que supo poner freno, a tiempo, al crecimiento urbanístico que se avecinaba. Como recoge un extenso reportaje del diario El País, en los años 90 entró en vigor su Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), una normativa pionera que declinaba construir macroestablecimientos hoteleros con capacidad para 300.000 camas. Son unas cuatro veces más de las que puede haber hoy, una cantidad exagerada que, como reconocieron entonces, podía arriesgar el valor cultural de la isla.

Uno de los mayores impulsores de esta iniciativa fue el artista lanzaroteño César Manrique, sin el cual no se puede entender gran parte de la cultura de la isla. Su sello, el de aunar arquitectura y arte con lo natural, cristaliza en distintos proyectos paisajísticos como los Jameos del agua, su primera obra allí, para lo que utilizó y adaptó el tubo volcánico creado por la lava del volcán de La Corona.