''Todos los días tiraban cuerpos al río, traían gente de muchos lados y los mataban, los torturaban, los desmembraban'', contaba una líder social del sector de La Balsa, a orillas del río Cauca (Colombia), al equipo de Rutas de Conflicto, el cual elaboró una investigación sobre la desaparición forzada en el marco del conflicto armado colombiano. 

Con una extensión de 1.350 kilómetros, es el segundo río más importante del país latinoamericano. Sus aguas recorren un total 83 municipios a lo largo de cinco departamentos (Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Risaralda y Valle del Cauca), cruzando de sur a norte toda la región occidental.

En el país de la guerra de los múltiples rostros, donde sus ríos, montañas y selvas han sido testigos de los delitos más atroces, se sigue buscando verdad y reparación. Así, el pasado 17 de julio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los tres sistemas creados por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP en 2016, reconoció y acreditó al río Cauca como víctima del conflicto armado

[La guerra de Putin inspira un ‘Plan Marshall’ para una Ucrania más ‘verde’ en plena era de destrucción]

Esta decisión es el resultado de años de trabajo por parte de los Consejos Comunitarios Afrocolombianos del norte del Cauca, quienes realizaron una petición formal ante la JEP donde expusieron las graves afectaciones que había sufrido el río durante los años del conflicto, el cual pasó a convertirse en una enorme fosa común. 

Entre los años 2000 y 2004, los paramilitares que operaban en la zona asesinaban a personas a quienes luego arrojaban al río, para así evitar que sus cuerpos fueran encontrados. Esto causó una severa afectación a las comunidades, especialmente a las étnicas y su vínculo con la naturaleza

Esto supuso la contaminación de las aguas en detrimento de las especies acuáticas autóctonas, además el río también se vio perjudicado por el vertido de mercurio procedente de la minería ilegal, así como de químicos derivados de la producción de sustancias ilícitas. Este daño irreversible contó con el beneplácito de la fuerza pública de la región.

Una larga lista

Los estragos de la guerra también han dejado múltiples heridas sobre el medio ambiente en la región de Darfur, Sudán, donde la disputa por los recursos naturales exacerbó la violencia étnica y política, llevó a la deforestación masiva, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad.

En la desembocadura del río Níger, al sur de Nigeria, los derrames de petróleo son habituales a causa de la destrucción de instalaciones petroleras, sabotajes o negligencia ante la pugna entre fuerzas transnacionales, actores no estatales, Gobierno y comunidades. Estas dinámicas violentas y extractivistas impactan directamente en la vida acuática, los suelos y las áreas de cultivo.

La guerra civil siria, en la que el país lleva sumergido desde 2011, también ha tenido un impacto ambiental devastador a causa del uso de municiones, armas y explosivos durante la contienda, lo que ha supuesto la dispersión de materiales tóxicos y sustancias químicas en el entorno.

El conflicto en Ucrania ha dejado millones de hectáreas de espacios naturales protegidos devastados por los bombardeos rusos. También se han contaminado el agua, la tierra y el aire, con una emisión de más de 33 millones de toneladas de dióxido de carbono en solo un año de guerra. 

En Afganistán, los años de ofensiva han provocado la desforestación de, al menos, el 50% de sus bosques. La inexistencia de una gobernanza ambiental ha dejado numerosas implicaciones sociales y económicas para la población, cuya vulnerabilidad se acrecienta ante los impactos del cambio climático en el país asiático.

Estos son solo algunos ejemplos de una larga lista de países en conflicto y de las afectaciones sufridas por el medio ambiente, a los también que podrían sumarse la Guerra de Vietnam, con el uso indiscriminado de herbicida, los derrames de petróleo en el Golfo Pérsico, su quema y correspondiente emisión de gases tóxicos en Irak o la República Democrática del Congo con su minería ilegal.

Futuro sostenible

Los desafíos ambientales y de seguridad a los que se enfrenta la comunidad internacional no son cosa menor. Pese a que la legislación proporciona un marco legal sólido, es crucial que los Estados y las organizaciones se unan para implementar y hacer cumplir estas medidas.

Existe una necesidad imperante de abordar de una manera integral las causas subyacentes de la degradación ambiental. En este sentido, el reconocimiento del medio ambiente como víctima de conflictos armados se convierte en un paso esencial hacia la construcción de una paz estable, duradera y sostenible.

¿Cómo se protege al medio ambiente?

Estos son algunos de los instrumentos internacionales existentes:

  • Convención de Ginebra y Protocolos Adicionales: estos documentos contienen disposiciones que prohíben la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, incluyendo los recursos naturales. Estos tratados también prohíben el uso de métodos y medios de guerra que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente.

  • Convención sobre Municiones en Racimo: este tratado internacional prohíbe el uso, la producción y la transferencia de municiones en racimo debido a su impacto devastador en el medio ambiente y en las comunidades locales después de los conflictos.

  • Convención sobre Armas Químicas (CWA) y Convención sobre Armas Biológicas (CAB): ambos tratados prohíben el uso de armas químicas y biológicas en conflictos armados debido a sus efectos devastadores en el medio ambiente y la salud humana.

  • Convención de la ONU sobre la Prohibición del Uso de Técnicas de Modificación Ambiental para Fines Militares u Hostiles (ENMOD): adoptada en 1977, esta convención prohíbe el uso de técnicas de modificación ambiental con la intención de causar daños extensos, duraderos o graves al medio ambiente, para fines militares u hostiles. Esto incluye la manipulación del clima y los ecosistemas.

  • Resolución 47/37 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1982): el documento reconoce que los conflictos armados pueden tener efectos adversos en el medio ambiente y establece la importancia de evitar daños excesivos. También insta a los Estados a cooperar en la prevención y control de la degradación ambiental en conflictos

  • Resolución 2474 del Consejo de Seguridad de la ONU: adoptada en 2019, esta resolución reconoce la relación entre el medio ambiente y la paz y seguridad internacionales. Insta a los Estados a tomar medidas para prevenir y abordar los daños ambientales en situaciones de conflicto armado. También subraya la importancia de la cooperación internacional en este ámbito.

  • Protocolo de Montevideo sobre Medio Ambiente y Conflictos Armados: adoptado en 1994 por varios países de América Latina y el Caribe, este protocolo reconoce la necesidad de proteger el medio ambiente durante los conflictos armados y promueve la cooperación regional para prevenir y mitigar los daños ambientales.

  • Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CDB): este documento no se centra exclusivamente en conflictos armados; sin embargo, la CDB reconoce la importancia de conservar la diversidad biológica en situaciones de conflicto y posconflicto. Los Estados partes se comprometen a tomar medidas para proteger y gestionar sosteniblemente los recursos biológicos.