En abril de 2020, la Unión Europea suspendió su financiación al área protegida de Messok Dja, un proyecto de conservación del medio ambiente en el norte del Congo de la oengé WWF. Desde 2008, en colaboración con el gobierno congoleño, se buscaba crear un ambicioso parque de 1.500 kilómetros de extensión, que abarcase hasta la frontera del país africano con sus vecinos Camerún y Gabón, y cuyo objetivo último era la lucha contra la deforestación y la supuesta caza furtivas de especies en peligro. La UE había llegado a asignar un millón de euros en fondos para financiarlo.

Sin embargo, una investigación de la organización Survival International, dedicada a la protección de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo, desveló en 2018 que WWF había “militarizado” la zona contratando guardabosques. Estos impedían el acceso a los bosques de los habitantes de la zona, de la etnia baka, de forma violenta, impidiéndoles mantener su modo de vida. Esta tribu perteneciente a los pueblos pigmeos se alimenta fundamentalmente de la flora y fauna de la zona, en un ecosistema que habían poblado, según Survival, durante siglos.

Desde entonces, el proyecto de área protegida Messok-Dja se encuentra en el limbo, ya que una investigación independiente de la ONU dio la razón a la denuncia de Survival y tumbó una condición fundamental tanto para la UE como recogida en los principios de WWF para la creación de áreas protegidas: el principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) por parte de los indígenas.

Ahora, Survival International busca extrapolar este tipo de casos de violaciones de los derechos humanos, que han registrado a lo largo de todo el planeta, pero sobre todo en África. Su intención es que la UE legisle en contra de su financiación y la próxima COP28 impida que se pueda comerciar con créditos de carbono asociados a ellos.

La investigadora Fiore Longo, una de las autoras del informe de Survival sobre lo que han bautizado como carbono de sangre, explica que se trata de lo que su organización considera una “lógica colonial” en el tratamiento de la conservación del medio ambiente en África.

En el caso de los créditos de carbono, hablamos de las famosas compensaciones de emisiones a las que ya se han apuntado muchas empresas, y que en casos particulares o modestos suelen consistir en la plantación de árboles o bosques que capturen CO₂. Como, por ejemplo, el bosque de la Academia de Cine que compensó las emisiones de gases efecto invernadero producidas por la última gala de los Goya.

A un nivel bastante más amplio, los créditos de carbono se fabrican creando áreas protegidas en países como Brasil, Congo o Kenia que, sobre el papel, al detener la deforestación e incluso permitir el crecimiento de nueva vegetación, capturan o impiden la emisión de CO₂.

Tras ser certificada su viabilidad por una entidad independiente, grandes empresas que emiten enormes cantidades de gases de efecto invernadero (GEI) con su actividad pueden comprarlos, incentivando su conservación o la creación de nuevas áreas, de manera que compensan sus emisiones. Son las famosas emisiones netas a las que aspiran firmas como Netflix, Facebook o la mismísima Shell.

Longo explica que estas áreas protegidas que “venden” su carbono “se presentan como soluciones basadas en la naturaleza para mitigar el cambio climático. Sin embargo, un informe publicado en enero de este año por The Guardian revelaba que el 90% de las certificaciones de captura de carbono aprobadas por compañías son inútiles, no se compensa nada”.

Un ejemplo en Kenia

El informe que firma la investigadora y que Survival acaba de publicar estudia el caso de una reserva creada en el norte de Kenia en 2013 por la organización local Northern Rangelands Trust (NRT) en el que se expulsó de sus tierras al pueblo rendille, una población local de pastores. El resultado es que, dicen desde Survival, se arruinó su modo de vida y se modificó el ecosistema para vender créditos de carbono sin que realmente se produjese ningún tipo de captura real.

“Muchos de estos parques todavía no venden créditos de carbono, porque los escándalos de violaciones DDHH han conseguido que se corte la financiación pública desde Europa o EEUU”, explica la investigadora. "Así que la forma de financiarlos que están buscando ahora las grandes oenegés detrás de ellos son los créditos de carbono", continúa.

Y añade: "Pedimos que se impida antes de empezar, desde la UE y en la próxima COP28, porque no solo es un ataque contra estos pueblos que parte de hipótesis falsas y colonialistas, es que además es una falsa solución". El Acuerdo de París preveía la creación de un mercado de créditos de carbono, pero hoy en día solo existe de manera voluntaria. Lo que se pide es cortarlo de raíz.

Un "modelo injusto"

En EEUU se logró que en 2022 entrase a trámite la llamada Advancing Human Rights-Centered International Conservation Act (Ley de Conservación Internacional Centrada en los Derechos Humanos), que pretende vincular la participación del país en las áreas protegidas al cumplimiento estricto de los DDHH.

El Parlamento Europeo emitió un informe en la misma línea en 2021, pero sin ninguna vinculación legal. “Pedimos que nuestros impuestos no vayan a falsas soluciones contra la pérdida de biodiversidad y el cambio climático y a destruir las vidas de pueblos indígenas, sino a cambios reales”, explica Longo.

“La creación de este modelo de áreas protegidas es injusta porque estos pueblos, como los pastores de Kenia, no solo no han hecho nada para provocar la crisis climática, sino que además ya estaban pagando las consecuencias en forma de sequías en su región", continúa.

Y remata: "Ahora pagan las consecuencias con una solución que no es tal y que además se basa en el presupuesto falso de que con su modo de vida ellos destruyen el bosque, cuando no es cierto, durante siglos han actuado como guardianes de la biodiversidad”.

Longo insiste en que esta idea “no es romanticismo, es ciencia. Los baka en el Congo o los rendille en Kenia cuidan de su bosque o sus pastos porque viven de ellos. Los baka cazan elefantes de forma sostenible, pero se los acusa de furtivos. Cuando en realidad en las zonas donde ellos viven aumenta la población de estos animales porque ellos necesitan que sea así y tienen técnicas depuradas durante siglos, como plantar las especies de las que estos se alimenta o medidas similares. Pero este rol se les niega y se los acusa de destruir de la naturaleza por prejuicios colonialistas”.

Desde Survival International consideran que simplemente el “genocidio verde” o “apartheid verde” es la actualización de las prácticas colonialistas del siglo XIX. Entonces las expulsiones de pueblo indígenas se llevaron a cabo para explotar recursos naturales como el caucho, en los años 80 o 90 por la conservación de la biodiversidad y en la actualidad con la excusa de la captura de emisiones.

En el caso estudiado en el norte de Kenia con los pastores se trata casi de los mismos protagonistas, ya que la organización que expulsó a los rendille acusándolos de destruir los pastos fue fundada por un ranchero blanco descendiente de los británicos que se instalaron en la zona para ganadería hace un siglo y medio.