Las ONG rechazan el nuevo Pacto Europeo de Migración: "Es una concesión a la extrema derecha"

El recién anunciado Pacto Europeo de Migración establece un mecanismo voluntario de redistribución de al menos 30.000 migrantes al año entre los Estados miembros, con una penalización de 20.000 euros por persona para aquellos países que rechacen acoger migrantes o la opción de brindar otro tipo de ayuda a los afectados por la presión migratoria. 

Este acuerdo marca, por tanto, un cambio hacia la ‘solidaridad a la carta’ propuesta por la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, donde los Estados miembros contribuirán de forma flexible mediante diferentes tipos de apoyo como el patrocinio de repatriaciones, financiación de infraestructuras, apoyo operativo o asesoramiento técnico. 

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Para la presidencia española, este pacto supone un logro significativo al eliminar el sistema de cuotas obligatorias, una meta buscada desde el inicio del mandato del presidente Sánchez. Según fuentes de la Comisión, este acuerdo proporciona una mejor protección del derecho a solicitar asilo, unas condiciones de vida más dignas para los solicitantes y retornos más ágiles a los países de origen para aquellos que no califican para quedarse en la Unión Europea. 

Sin embargo, a pesar de la alegría española, las oenegés rechazan frontalmente esta medida y la consideran contraproducente. Según expertos como Diego Fernández-Maldonado, miembro del equipo de orientación jurídica e incidencia política de Cáritas Española, este pacto “no supone ningún avance en generar vías legales y seguras o un marco legislativo que salvaguarde los derechos y ofrezca oportunidades”. 

Verónica Barroso, responsable en política interior de Amnistía Internacional, coincide en que en lugar de aumentar las garantías, como sostiene la Comisión, este acuerdo las reduce. “En lugar de garantizar y primar la solidaridad compartida, permite que los Estados puedan pagar en lugar de acoger a estas personas y no hay un compromiso de reubicación obligatoria, sino un mecanismo flexible”, incide.  

Un paso hacia atrás

La cesión frente a la extrema derecha es uno de los puntos más mencionados por los representantes de las oenegés con los que ha contactado EL ESPAÑOL. Íñigo Mijangos, presidente de la oenegé Salvamento Marítimo Humanitario, opina que esta oportunidad ha sido desaprovechada para corregir los errores previos. En su opinión, el nuevo Pacto supone "un retroceso significativo" y "una concesión a la extrema derecha". 

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Òscar Camps, fundador de Open Arms, otra oenegé que opera en aguas internacionales, también ha sido especialmente crítico con este punto. Tras conocer la noticia, Camps escribió en Twitter un contundente mensaje: "El Nuevo Pacto Migratorio es una reverencia a los populistas y fascistas de la derecha global. El endurecimiento de las leyes de asilo se adapta a las demandas de las Melonis y los Orbans de turno".

Según Barroso, esta medida no beneficia en absoluto a países receptores de primera entrada como Grecia, Italia o España. “Lamentablemente, lejos de garantizar más vías legales y seguras, este nuevo acuerdo político supone un retroceso muy importante en materia de derechos de personas migrantes y refugiadas, especialmente de aquellas que están en una situación de especial vulnerabilidad”. 

Además, Mijangos denuncia que el pacto no menciona el rescate. En cambio, “habla sobre la contención y el fortalecimiento de acuerdos con terceros países donde se violan sistemáticamente los derechos humanos”. Pilar Lara, técnica de incidencia de Ayuda en Acción, afirma que este acuerdo está "más orientado a la seguridad y a una óptica que presenta la movilidad humana como un problema", por lo que no solucionaría el problema de presión migratoria que reciben los países fronterizos. 

Jara Henar, experta en migraciones de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, se muestra taxativa ante esta nueva forma de operar: “Es un pacto de la muerte”. Para esta experta, el nuevo Pacto Europeo de Migración no sólo irá en contra de los derechos de los migrantes, sino también socavará los cimientos de la propia Unión Europea.

“Esta ‘solidaridad’ ha sido etiquetada como vinculante, pero al mismo tiempo flexible. Es una paradoja, un juego de palabras que significa un retroceso en derechos humanos gravísimo que vulnera el propio acervo y derecho europeo y el derecho internacional de los derechos humanos”, concluye Henar.