Gastar hasta un 30% de los ingresos en vivienda: ¿un espejismo para jóvenes y trabajadores pobres?

Los españoles destinan más del 39% de sus ingresos brutos anuales a pagar su vivienda. El dato, que se extrae de las estadísticas del Banco de España, se inserta dentro de una tendencia al alza desde junio de 2021. Y la coyuntura no está favoreciendo a las rentas más bajas y los jóvenes, que son las que más porcentaje salarial dedican a pagar alquileres e hipotecas. Los expertos y organismos como el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), reconocen que para considerar una vivienda asequible, la tasa de esfuerzo de los residentes no debe sobrepasar el 30%. 

"Junto con la seguridad de la tenencia, la asequibilidad es fundamental para prevenir el riesgo de desahucios, ya que refleja la capacidad de las personas para hacer frente a los pagos de alquileres e hipotecas", recogen desde ONU-Hábitat. El pasado mes de diciembre, el director ejecutivo de esta entidad, Michal Mlynár, dijo en una entrevista a ENCLAVE ODS que "hace falta un cambio de mentalidad" para poder atajar la crisis de vivienda. 

"[A nivel mundial, y sobre todo en Europa] Los gobiernos locales deben dar prioridad a las políticas de vivienda y aumentar cada año el número de viviendas asequibles que se ofrecen a la gente para mejorar las condiciones, quizá subvencionando las hipotecas y bajando los tipos de interés. O tal vez los empleadores podrían poner en los salarios, incentivos adicionales para la hipoteca, para la vivienda", sugería Mlynár. 

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Carme Trilla, miembro del Consejo Asesor de Sareb y una de las mayores expertas en cuestiones de vivienda en España, va incluso más allá. En la mesa redonda El acceso a la vivienda, un reto para el contrato social, organizada por la plataforma de diálogo El día después y la empresa Ingeus, el 13 de marzo dijo que el estado del bienestar en España no ha tenido en cuenta la vivienda.

Y, como hacía Mlynár, achacó esta dificultad para conseguir una vivienda digna y asequible a la falta de inversión por parte del Estado. La experta también mencionó otros factores relacionados como la multiplicación del precio del suelo que se ha fraguado desde la crisis inmobiliaria de 2007-7, de forma que después ha sido imposible construir vivienda asequible y social. 

De acuerdo con el informe Acceso a la vivienda y las necesidades de alquiler asequible, elaborado por la promotora Culmia, en colaboración con la consultora GAD3, para satisfacer la demanda, destensar los precios actuales y rebajar la tasa de esfuerzo sería necesario el desarrollo de 761.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible durante los próximos 10 años.

El gobierno está impulsando una serie de medidas, como la puesta "en servicio público" de 20.000 viviendas de la Sareb o la venta de 1,63 millones de m² por 272 millones de euros para construir 12.000 viviendas a la entidad pública de suelo Sepes, para aumentar el parque de vivienda pública al 20%. Actualmente, se sitúa en el 2,5% respecto al total de viviendas. En Europa la cifra es del 9,3% y los países europeos con mayor relación de vivienda pública son Países Bajos (30%), Austria (24%) y Dinamarca (20,9%). 

El 94% del salario en jóvenes

Según el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud correspondiente al primer semestre de 2023, la tasa de emancipación juvenil en España está notablemente rezagada con respecto a la media europea. Únicamente un 16,3% de los jóvenes españoles de entre 18 y 29 años logran vivir de forma independiente, fuera del núcleo familiar. Esta cifra contrasta significativamente con el 31,9% registrado en el resto de los países de la Unión Europea.

Actualmente, según estimaciones del Consejo de la Juventud, el alquiler de un apartamento de aproximadamente 80 metros cuadrados en España rondaría los 944 euros (según el precio mediano reportado por Idealista). Si una persona joven quisiera alquilar una vivienda en solitario, tendría que dedicar casi el 94% del salario neto que percibe al año. En comparación con el año anterior, esto supone un aumento de casi 100 euros en el costo del alquiler. 

Y, en caso de decantarse por la compra, para pagar la entrada de un piso haría falta el equivalente a cuatro años y medio del salario mediano joven. La posibilidad es incluso más remota para aquellos que ya están viviendo de alquiler, ya que "su capacidad de ahorro queda muy reducida”. Ante un panorama desolador tanto para la compra como para el alquiler de vivienda, no queda más opción que compartir vivienda —o resignarse a vivir con familiares—. 

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Compartir alojamiento no es una tendencia nueva —ni mucho menos una moda—, pero se ha convertido prácticamente en la única alternativa para que los jóvenes se emancipen o estudien fuera del hogar familiar. Pero eso no quiere decir que sea asequible: cuesta, de media, 375 euros al mes, el equivalente al 37,3 % del salario de un joven. Esta situación pone contra las cuerdas a este estrato social en 10 de las 17 comunidades.

A pesar de registrar una subida de la oferta de habitaciones, su impacto "se ha visto limitado por una demanda que ha seguido, en términos generales, creciendo en paralelo, lo que ha permitido que los precios siguieran creciendo", destaca un informe reciente de Idealista. El encarecimiento de los precios de las habitaciones, señala Trilla, no deja de ser "una derivada del coste del alquiler; si tuviésemos suficiente oferta de alquiler asequible o social, pues esto no pasaría porque nadie comparte vivienda por gusto, lo hace porque no puede pagar una vivienda individual".

El gran reto de ampliar el parque de vivienda

"Las políticas de vivienda que están haciendo son muy tibias. Se está invirtiendo un 0,23 del PIB. Tenemos un parque de 290.000 viviendas sociales y esto es insuficiente cuando llega una presión", recalcó Francisco González, el consejero delegado de Culmia, durante su intervención en la mesa redonda. Y arrojó los datos: el año pasado se crearon 220.000 hogares nuevos; y solo se construyeron 90.000. 

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Para el resto de los ponentes, la construcción de más viviendas es una condición indispensable para poder afrontar la crisis de vivienda. Y es algo que debería, si no sustituir, complementar al índice de referencia del alquiler —que sustituye al IPC—implantado por el gobierno en virtud de la Ley de Vivienda para evitar incrementos desproporcionados en la renta.

En España, como en el resto de Europa, afirmó Trilla, existe una "política intermedia": dar ayudas para costear la vivienda y limitar las subidas de los alquileres a los propietarios. Para evitar la confrontación con los propietarios privados, planteó, la clave está en el diálogo entre la Administración y los propietarios privados para llevar a cabo "una concertación de la política de vivienda como la que se hace en sanidad o en educación. Se trata de llegar a un acuerdo de cómo evitar que las familias pierdan su vivienda y llegar a un cierto enfriamiento del mercado".