En 2015, a unas 120 millas desde Georgetown, la capital de Guyana, un taladro de Esso —filial de ExxonMobil en el país— penetró la arenisca del fondo marino hasta 1.433 metros. Y el oro negro apareció. Desde entonces, con el beneplácito de las autoridades, ha emprendido cinco proyectos de explotación de recursos de hidrocarburos —más el que se tiene previsto aprobar este año— se han encontrado más de en 11.000 millones de barriles de petróleo y gas recuperables en el bloque Stabroek —un territorio de 28.600 km2—. No obstante, los guyaneses no se han quedado de brazos cruzados ante las operaciones del gigante petrolero.
Guyana tiene dos legislaciones que podrían haber limitar el amplio despliegue desarrollista de la petrolera. Por un lado, existe una Ley de Protección del Medio Ambiente. Y, por otro, la propia Constitución del país, que reconoce en su preámbulo y en la sección de derechos fundamentales garantizar un medioambiente sano. Varios especialistas en derecho ambiental del país, como el caso de la activista ambiental y abogada Melinda Janki —quien también participó en la redacción de la ley—, se han pronunciado sobre el reciente desarrollo de la industria petrolera en el país.
"Lo cierto es que no existe ningún argumento comercial para que Guyana se dedique al petróleo. Por eso, cuando oímos hablar de un auge del petróleo o de un aumento del PIB para Guyana y de la eliminación de la pobreza. Esto no tiene ningún sentido (…). Somos un país rico. Siempre hemos tenido mucho dinero. Ese dinero ha sido dilapidado durante décadas por gobiernos de ambos lados de la división política", comentó Janki en el programa de radio On Point de WBUR.
El presidente y director general del Center for International Environmental Law, Carroll Muffett, por su parte comentó en declaraciones a Wired que "prácticamente todos los aspectos de esta operación violan la Constitución de Guyana, y el derecho a un medio ambiente sano, y el derecho al desarrollo sostenible, y los derechos de las generaciones futuras". A lo que añadió con preocupación: "Y de ahí se derivan graves consecuencias en cuanto a cómo debe responder el gobierno".
El argumento desarrollista peca de ignorar, a priori, los aspectos medioambientales de los proyectos. Primero, reducen la capacidad de maniobra de los pescadores, introduciendo maquinaria pesada en los ecosistemas marinos. En segundo lugar, perpetúan una industria "con fecha de caducidad" en uno de los países que menos han contaminado. Y, por último, tal como señala un informe reciente del Transnational Institute, un centro de investigación y difusión internacional, se arriesga "la contaminación del agua por vertidos de petróleo o aguas residuales".
Una "bomba de carbono"
El descubrimiento coloca a Guyana en la lista de las principales "bombas de carbono" del mundo. Es decir, forma parte de los 425 yacimientos, identificados y recopilados por dos oenegés francesas —Data for Good y éclaircies— cuya explotación de sus recursos se espera que liberen más una gigatonelada de dióxido de carbono. Su producción de petróleo en alta mar, que comenzó en diciembre de 2019, se acerca a los 400.000 barriles diarios.
A través de su filial, y con el apoyo de sus socios Hess Guyana Exploration y CNOOC Petroleum Guyana Limited, prevé producir más de un millón de barriles de petróleo al día. Y, casi de la noche a la mañana, Guyana pasaría de presumir de una economía que presume de uno de los mejores sectores de ecoturismo del mundo —reconocida como el mejor destino para este tipo de experiencia este año por la Pacific Area Travel Writers Association (PATWA) y en 2019 por ITB global travel trade fair— a estar entre los 20 mayores productores de petróleo del mundo.
Sus paisajes de selva naturales, a diferencia de sus vecinos acostumbrados al turismo de sol y playa, la colocan como uno de los destinos más valorados. En la actualidad, el turismo representa alrededor del 8% de su PIB. Y las previsiones apuntan que la contribución directa de los viajes y el turismo al PIB crezca un 8,9% anual hasta alcanzar los 77.000 millones de GYD, 7.000 millones (0,9% del PIB) de 2023 a 2033. Esta actividad promete salvaguardar los recursos naturales, la conservación y contribuye a erradicar la pobreza y empoderar a las comunidades indígenas; pero un potencial vertido podría hacer saltar por lo aire este pronóstico.
La perforación en alta mar de aguas profundas supone aplicar una presión intensa sobre el medioambiente; por esa razón se exigen informes que determinen el riesgo potencial. El reciente precedente de la explosión de Deepwater Horizon en 2010, que arrojó petróleo y gas por todo el Golfo de México, costándole a BP 69 mil millones de dólares, pone aun más énfasis en estas medidas de seguridad. Según las propias evaluaciones de Exxon, un desastre de este tipo en Guyana podría enviar petróleo a las playas de 14 islas diferentes del Caribe, y todas ellas podrían responsabilizar a Guyana por los daños.
La evaluación del impacto mediaombiental de la petrolera, según informó el medio The Intercept, indicaron que un desastre de este tipo en Guyana podría enviar petróleo a las playas de 14 islas diferentes del Caribe, la mayoría de las cuales dependen de la pesca y el turismo, y todas ellas podrían responsabilizar a Guyana por los daños.
Melinda vs. Goliat
El 21 de mayo de 2021, dos ciudadanos guyaneses presentaron una demanda —el primer caso constitucional sobre cambio climático en el país— alegando que Guyana había violado sus derechos constitucionales al aprobar licencias de prospección petrolífera a un grupo dirigido por ExxonMobil.
La demanda incluye una estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero de los yacimientos petrolíferos marinos, citando datos "calculados por Exxon" en las evaluaciones medioambientales de la empresa, expresó Janki en declaraciones a Reuters.
Los activistas consideraron que el alcance de la cobertura del seguro no era suficiente en caso de que se produjera un vertido importante de petróleo u otros daños medioambientales causados por las operaciones de Esso. Un año después, la petrolera y la Agencia de Protección Medioambiental de Guyana se unieron como codemandados. En su caso, les defendieron los letrados Melinda Janki y Ronald Burch-Smith.
En julio de 2022, 23 años después de que Janki lo incluyera en la Constitución de Guyana, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como derecho humano fundamental y universal. Esta disposición ha animado a muchos ciudadanos a denunciar a sus gobiernos en tribunales por no respetar este derecho de tercera generación, ejemplos paradigmáticos son la de las "abuelas suizas" o el caso de los niños del estado de Montana.
Los abogados que lideran el modesto equipo legal en defensa del joven indígena wapichan de la región de Rupununi Quadad de Freitas y del científico y decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guyana Troy Thomas. El primero, de familia de ganaderos, operadores de ecoturismo y conservacionistas dependientes del medioambiente presentó el caso en su nombre y del interés público, mientras que el segundo lo hizo por también por sus dos hijas.
En su primer caso, Troy Thomas impugnó los permisos medioambientales concedidos a Esso por la EPA alegando que los permisos de 23 años que la EPA había concedido a Essopara prospecciones petrolíferas infringían la normativa de la Ley de Protección del Medio Ambiente, que limitaba a cinco años la duración de dichos permisos y su declaración jurada afirmaba que "expone a Guyana y al resto del mundo a daños graves, si no irreparables, y a las consecuencias adversas del cambio climático". Thomas consiguió que se redujeran a 5 años los permisos y que Esso pagaran las costas.
El engaño de Esso
Esta batalla legal todavía no ha terminado, pero Janki ha estado involucrada en siete demandas presentadas a colación de la actividad petrolera de la subsidiaria de ExxonMobil en Guyana. La más importante ha sido la presentada en nombre de Frederick Collins y Godfrey Whyte. Acusaron a la EPA de no hacer cumplir los requisitos de sus propios permisos al no obtener nunca una garantía de Exxon o su filial, Esso Exploration and Production Guyana Limited, de que la empresa cubriría todos los costos relacionados con un posible derrame de petróleo.
A través de sus abogados argumentaron: "La agencia, a través de sus mentes humanas, incluidos sus funcionarios, ha incumplido u omitido cumplir o demostrar que ha cumplido con sus deberes y/u obligaciones legales, lo que equivale a una mala conducta en el ejercicio de la función pública por su parte y, al incumplir u omitir su obligación de actuar, ha actuado de forma irrazonable, irregular o indebida y o ha abusado de su poder".
Fue en mayo de 2023 cuando el juez Sandil Kissoon del Tribunal Superior de Guyana falló a favor de Janki y los demandantes. Kissoon dictó que Esso Exploration y Production Guyana Limited tenían "(...) una responsabilidad ilimitada y sin tope por todos los costos asociados con la limpieza, restauración y compensación por todos los daños causados por cualquier descarga de cualquier contaminante que surja de sus actividades de exploración, desarrollo y producción de petróleo dentro del Bloque Stabroek (…)".
En el caso de la garantía, se concluyó, basándose en las pruebas presentadas ante el tribunal, que Esso "se había embarcado en un intento poco sincero y calculado para engañar al tratar de diluir sus responsabilidades y obligaciones estipuladas y expresadas en términos claros e inequívocos" en su permiso medioambiental. También dijo que la EPA se había "relegado a sí misma a un estado de laxitud en la aplicación y condonación agravado por una falta de vigilancia, poniendo así a esta nación y a su gente en grave peligro potencial de desastre calamitoso".
En resumidas cuentas se reconoció que los requisitos de seguro y garantía estaban claramente establecidos en el permiso de Esso, que la EPA no logró garantizar esas garantías y que los ciudadanos de Guyana tenían todos los motivos para cuestionar ese fracaso. De facto, se recordó el principio "quien contamina, paga" y se reiteró que Esso debía cumplir lo aceptado en el permiso medioambiental.
Además, el Tribunal dijo que Esso tenía que presentar un seguro de responsabilidad medioambiental, algo habitual en las operaciones petroleras internacionales. Es decir, Esso tiene que presentar en Guyana el mismo seguro que presentan las compañías petroleras en todos los lugares donde operan. Y, si Esso no cumplía sus obligaciones legales, se le suspendería el permiso. La compañía apeló la orden, y el juez la suspendió temporalmente hasta escuchar las alegaciones, pero exigió a Exxon una garantía de 2.000 millones de dólares.
Cuando se dictó el auto, el 8 de junio de 2023, los litigantes dijeron que sus abogados no pudieron conseguir una copia de dicha garantía para examinarla. Posteriormente, el 1 de noviembre de 2023, se presentó una citación para que se ordenara a la EPA y a ExxonMobil que presentaran una copia de la garantía de 2.000 millones de dólares por vertido de petróleo.
Y en febrero de este año, Sanjeev Datadin, el abogado que representa a la EPA, de propiedad estatal, había impugnado la competencia del Tribunal de Apelación para ordenar a la agencia que mostrara pruebas de que ExxonMobil Guyana había constituido la garantía matriz de 2.000 millones de dólares por vertido de petróleo. El litigio continúa.