La emergencia climática ya es "la mayor amenaza a nivel global para los derechos de la infancia y adolescencia". Así la define Save the Children en un informe reciente que alerta de los riesgos a los que se enfrentan los más pequeños como consecuencia de la contaminación, el aumento de las temperaturas y las desigualdades en el acceso a recursos tan básicos como el agua. La oenegé recuerda la advertencia que ya lanzó la Organización Mundial de la Salud en 2017: cada año, los riesgos ambientales acaban con la vida de 1,7 millones de niños y niñas menores de cinco años.
Asimismo, basándose en los compromisos del Acuerdo de París, advierten de que, de media, un niño nacido en 2020 será testigo de 2 veces más incendios forestales; 2,8 veces más pérdidas de cosechas; 2,6 veces más eventos de sequía; 2,8 veces más inundaciones fluviales; y 6,8 veces más olas de calor a lo largo de su vida en comparación con alguien nacido en 1960. A esto se suma la brecha territorial, ya que los menores del sur se llevan la peor parte en lo relativo a desastres naturales.
Ante las cifras, insisten en que actuar es una cuestión de "justicia intergeneracional". Ese término, aún poco conocido para muchos, cada vez resuena más —y previsiblemente seguirá haciéndolo— en las instituciones y en las peticiones de activistas por el clima. "La misma justicia entre generaciones que se pide para cuestiones como el pago de pensiones, o la que se pidió en la crisis de la Covid-19 a niños y adolescentes" ahora se reclama, con urgencia, para que pueda llevarse a cabo "una transición ecológica justa".
Este concepto fue acuñado en 1974 por el economista estadounidense James Tobin. Según este, "los administradores de las instituciones son los guardianes del futuro en contra de las pretensiones del presente; su tarea es administrar lo que se dona para preservar la equidad entre las generaciones".
Precisamente por sus palabras se recurre hoy a la justicia intergeneracional para recordar que el aprovechamiento insostenible de los recursos naturales ha sido lo que ha llevado hoy a muchas de las consecuencias del cambio climático.
Una deuda climática global
En este sentido, los daños producidos por la emisión continuada de gases de efecto invernadero han provocado una deuda climática extremadamente elevada, de hasta 59.000 millones de dólares entre 1959 y 2018 que podrían aumentar hasta los 80.000 millones en la franja de 2019 y 2035, según datos del Fondo Monetario Internacional. La crisis del clima se deja notar en los bolsillos de los países, como también en la salud.
Los más expuestos son los menores. Más del 90% lo está diariamente a material particulado en concentraciones que superan las recomendaciones de la OMS—. Esto ha llevado a que, en los últimos años, el activismo juvenil haya aumentado, con casos que han llegado hasta el propio Tribunal Europeo de Derechos Humano (TEDH), como el de los seis jóvenes que denunciaron a 32 países europeos por inacción climática en 2023.
Save the Children asevera que "son las generaciones adultas las que tienen que poner en marcha medidas urgentes", algo en lo que ya en el año pasado también coincidió incluso el papa Francisco, quien resaltó en una de sus audiencias en Roma que "la justicia, los derechos humanos, la equidad y la igualdad están fundamentalmente entrelazados con las causas y efectos de la crisis climática".
Además, la oenegé considera crucial la puesta en marcha de mecanismos para la participación de la infancia y la adolescencia en las decisiones climáticas que les afecten, la protección de su derecho de protesta y la habilitación de espacios para que puedan emprender acción en los temas que les preocupan.
Medidas ambiciosas y urgentes
Para frenar las peores consecuencias del cambio climático, la organización, cuyo objetivo al respecto es dar voz a los menores en la lucha contra la crisis y promover programas de adaptación en países vulnerables, propone, en primer lugar, adoptar medidas para limitar el calentamiento a un máximo de 1,5 °C en 2030 con respecto a los niveles preindustriales.
Entre otros beneficios, consideran que si esto se consigue la exposición adicional a lo largo de la vida de los nacidos en 2020 se reducirá un 45% para las olas de calor, un 39% para las sequías, un 38% para las inundaciones fluviales, un 28% para las pérdidas de cosechas y un 10% para los incendios forestales. Para lograrlo, abogan por una "reducción más rápida del uso de los combustibles fósiles para pasar a utilizar energías verdes y renovables lo antes posible".
Igualmente, Save the Children invita a los gobiernos a afrontar las medidas de crecimiento económico con un enfoque de mitigación y adaptación a la crisis climática. "Los paquetes de estímulos fiscales, la dotación de fondos o las medidas anticrisis económica que pongan en marcha los diferentes gobiernos deben incorporar esta perspectiva", explican, basándose en "estudios recientes que demuestran que las medidas de recuperación verdes pueden fomentar el empleo a corto plazo y permiten enfrentar la crisis climática a largo alcance".
Asimismo, consideran que aumentar la financiación climática para movilizar, al menos, 100.000 millones de dólares por año, serviría para ayudar a los países más pobres en su transición a un desarrollo limpio y a gestionar los impactos inevitables, con foco en las necesidades de la infancia. ¿Cómo? A través de la inversión en adaptación, acciones preventivas, y desarrollo de sistemas de protección social que respondan ante futuras crisis.
La contaminación de los coches afecta a la capacidad de atención de los niños.
Una de sus propuestas también pone el foco en este país. "En España, la adaptación de infraestructuras, viviendas y espacios públicos al aumento de las temperaturas es fundamental para evitar la vulneración de los derechos de niños y niñas a la salud, la educación o el ocio", adelantan. Asimismo, invitan a la creación de "medidas de adaptación para el sector agrario que eviten un impacto en el aumento de los precios en la cesta de la compra".