A sus 87 años, Iwao Hakamada es el hombre que más tiempo lleva condenado a morir de todo el mundo. En 1968, fue declarado culpable de asesinar a su jefe y los familiares del mismo, y lleva desde entonces esperando en el corredor de la muerte. Tras un largo proceso judicial en el que negó haber cometido el delito, su posterior confesión, de la que acabó retractándose, "se obtuvo a través de tortura" y con pruebas que "probablemente fueron fabricadas", según el Tribunal Superior de Tokio.
Hace una semana concluyó el último juicio del japonés, pero no a su favor: la fiscalía sigue pidiendo la pena capital para él y el fallo está previsto para el próximo 26 de septiembre. Múltiples organizaciones se han volcado con el caso recogiendo firmas. Piden a las autoridades que se garantice la protección de los derechos humanos y la abolición de la pena de muerte en el país, donde los condenados pueden recibir la orden de ejecución en cualquier momento y aguardan una media de siete años hasta recibir la condena letal. En el caso de Hakamada, ya son más de 45.
Imagen de archivo de Iwao Hakamada, en una conferencia de prensa en 2014.
Japón, al igual que otros 54 países, hoy mantiene la pena capital vigente, a pesar de que los expertos nunca han llegado a un consenso sobre su efectividad a la hora de reducir las tasas de criminalidad. Aun así, 2023 fue un año de récord, con un total de 1.153 ejecuciones —lo que representa un aumento de más del 30% en relación con 2022—. Esta cifra, extraída del informe anual de Amnistía Internacional en esta materia, es la más alta documentada por la organización desde 2015.
Radiografía de la pena de muerte
Entre los países que encabezan la lista del terror está China, donde las ejecuciones se cuentan por miles pese a que el Gobierno trata de mantenerlas en secreto. Ayer, el gigante asiático añadió una más a las que llevará a cabo en el futuro, al condenar a un ex director general del gestor estatal de archivos Huarong por aceptar sobornos. Tres meses antes envió al corredor a un escritor y activista prodemocracia bajo las acusaciones de espionaje en un opaco proceso judicial, informó entonces EL ESPAÑOL.
La aplicación de este sistema también está presente en Irán, el país con mayor número de ejecuciones per cápita del mundo, donde el año pasado hubo un llamativo auge con más de 853 defunciones registradas. La mayoría de los condenados en la república islámica lo son por delitos vinculados a las drogas y el narcotráfico, incluso cuando no hay violencia de por medio, y por aparentes motivos de seguridad.
Una activista iraní sostiene una cuerda mientras una escritura en su cuello dice: "No a la pena de muerte" en Estambul, en 2022.
Las asociaciones por los derechos humanos temen que estas prácticas, que se han duplicado respecto al año pasado, atenten especialmente contra miembros de minorías étnicas como los baluchíes. Aunque solamente representan al 5% de la población iraní, 2 de cada 10 ejecutados en 2023 pertenecieron a esta etnia, y entre ellos se encontraban mujeres y personas que no habían alcanzado la mayoría de edad en el momento del delito.
Otra organización, Iran Human Rights denuncia que los ahorcamientos públicos se triplicaron en 2023, incluidos los que tuvieron lugar en zonas como playas y parques, y contra jóvenes como Mohammad Mehdi Karami, que participó en las protestas de la campaña Mujer, vida, libertad desencadenada tras la muerte de Mahsa Amini. Seyed Mohammad Hosseini también fue ahorcado en enero de 2023 por la misma causa. Tenía 39 años y era entrenador de niños. Tuvo 15 minutos para defenderse ante un Tribunal Revolucionario en Karaj.
Su abogado consiguió visitarlo en prisión y expuso que fue torturado durante el interrogatorio. "Estaba completamente llorando por las torturas y los golpes. Tenía las manos y los pies tensos y los ojos vendados. Lo golpearon en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. Le agredieron con una barra de hierro en las plantas de los pies y recibió descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo. Esas confesiones obtenidas mediante tortura no tienen base jurídica", expresó en su cuenta de Twitter.
Mapa de los países que llevaron a cabo ejecuciones en 2023.
Tras estos dos países, la lista continúa con Arabia Saudí (172), Somalia (38), Estados Unidos (24), Irak (16), Yemen (15), Egipto (8), Bangladés (5), Kuwait (5), Singapur (5), aunque Amnistía Internacional admite la posibilidad de que las cifras sean aún más elevadas, dada la dificultad de acceder a ellas por el "secretismo de los países ejecutores como herramienta para infundir temor y mostrar el poder de las instituciones del Estado".
En China, por ejemplo, "se usaron las informaciones publicadas en los medios de comunicación estatales para recordar a la población que delitos como el narcotráfico y el soborno serían castigados con dureza y desembocarían en la ejecución", explican en un comunicado, "mientras Corea del Norte promulgó una nueva ley que prevé la pena de muerte como posible castigo para quienes no usen la lengua nativa coreana".
Según el informe, la pena de muerte sigue usándose en formas que violan el derecho y las normas internacionales: condenas dictadas en ausencia del acusado en Bangladés y Túnez o contra menores de 18 años en Irán son solo algunos ejemplos de ello. Además, entre los métodos empleados durante 2023 para ejecutarlas destacaron la decapitación, el ahorcamiento, la inyección letal y el empleo de armas de fuego.
La discapacidad tampoco escapa
Rocky Myers, un ciudadano afroamericano de Alabama, lleva 30 años en el corredor de la muerte. Fue condenado por asesinar a su vecina en 1991, aunque su caso está rodeado de interrogantes legales, ya que tiene una discapacidad intelectual que le provoca dificultades para leer y recordar fechas. Amnistía Internacional lleva dos años pendiente de su futuro, denuncia que se le ha sometido a un "procesamiento deficiente" y pide que este se paralice captando firmas en su defensa.
La Corte Suprema de Estados Unidos ya resolvió que las personas con discapacidad corren un peligro especial de ejecución injusta, lo que es, a juicio de la organización, el caso del estadounidense. "Abrumado por una asistencia letrada inadecuada y abandonado por el abogado que lo representaba, no estuvo atento al plazo para interponer recurso. Su ejecución se puede programar en cualquier momento, y su única esperanza es que la gobernadora de Alabama le indulte", afirman.
Las normas internacionales establecen que quienes sufren discapacidades mentales e intelectuales no deben enfrentarse a la pena máxima, pero en muchos casos estas no se identifican en los procedimientos penales. El país ha visto ejemplos anteriores de ejecuciones de ciudadanos con diagnósticos de esquizofrenia paranoide, traumatismos y patologías graves. Incluso, el pasado marzo, Willie Pye fue ejecutado en Georgia. El reo, condenado por asesinato, presentaba una enfermedad que fue probada por expertos durante la defensa, pero el estado decidió seguir adelante con la pena capital.
El informe de Amnistía Internacional pone de relieve que "los avances [en la eliminación de la pena de muerte] han perdido fuerza en EEUU", donde las condenas aumentaron de 18 a 24. Pero no solo eso: Idaho y Tennessee presentaron proyectos de ley para que estas se realizaran con fusilamientos; Montana estudió la ampliación de las sustancias que se emplean en la inyección letal; y Carolina del Sur promulgó una norma que oculta la identidad de las personas que participan en las ejecuciones.
Las controversias por la aplicación de estas prácticas también salpicaron al país a principios de este año, cuando el preso Kenneth Eugene Smith se convirtió en la primera persona ejecutada en el gigante americano con gas nitrógeno. Se trató entonces de un método nunca antes probado en el sistema penitenciario estadounidense, llevado a cabo a pesar de las protestas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Un cartel de protesta contra la pena de muerte en las inmediaciones del Centro Correccional WC Coleman.
Más condenas, pero menos países
A pesar de que las ejecuciones han alcanzado los números más altos en casi una década —y se han dejado notar especialmente en Oriente Medio—, el hecho de que cada vez haya menos países llevándolas a cabo es un avance. En la actualidad, 112 naciones son totalmente abolicionistas y 144 han anulado la pena de muerte en la ley o en la práctica. El año pasado se documentaron ejecuciones en 16 naciones, el número más bajo registrado por Amnistía Internacional. Asimismo, Bielorrusia, Japón, Myanmar y Sudán del Sur, países que sí habían llevado a cabo ejecuciones en 2022, en este último informe no registraron ninguna.
En Asia, Pakistán derogó la pena de muerte para delitos de drogas, y Malasia abolió la pena preceptiva. Las autoridades de Sri Lanka confirmaron que el presidente no tenía la intención de firmar órdenes de ejecución, lo que rebajó el miedo a que estas se reanudaran en algún momento. Aunque ningún país anuló la pena de muerte en el África subsahariana, sí que siguieron tramitándose proyectos de ley para eliminarla definitivamente en Kenia, Liberia y Zimbabue.
La pena de muerte será sometida de nuevo a examen en la Asamblea General de la ONU de este año. "La discriminación y la arbitrariedad inherentes que caracterizan su uso solo han agravado las violaciones de derechos humanos de nuestros sistemas de justicia penal. La pequeña minoría de países que insisten en este uso debe evolucionar con los tiempos y abolir este castigo de una vez por todas”, concluye Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.