En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) ha lanzado una alerta sobre la alarmante situación que atraviesa cerca del 44% de los acuíferos en nuestro país. Estos depósitos subterráneos de agua, vitales para el abastecimiento y la gestión hídrica, se encuentran en riesgo debido a diversos factores, entre ellos el impacto de las emisiones de CO2.
 
Un estudio realizado por este organismo proyecta que, de mantenerse la tendencia actual en el incremento de las emisiones de dióxido de carbono, la recarga de agua a los acuíferos se verá reducida en un 11% de media para el año 2045. Su disminución repercute directamente en la disponibilidad de este recurso estratégico, con consecuencias que podrían ser devastadoras en un futuro cercano.
 
Según las palabras de David Pulido, director del departamento de Aguas y Cambio Global del IGME, que recoge EFE, los acuíferos en algunas regiones españolas han llegado a perder hasta 10 metros de profundidad al año. Lograr la recuperación de estos niveles podría llevar hasta un siglo, un desafío que se ha visto aún más recrudecido por el cambio climático y sus efectos sobre el ciclo hidrológico. 
 
La situación, subrayan desde el organismo, es "especialmente alarmante" en las zonas costeras, donde al bajar el nivel de los acuíferos se producen entradas de aguas procedentes del mar. La salinización de los acuíferos aumenta los niveles de concentración de sales minerales de las aguas subterráneas, provocando el deterioro de sus parámetros de calidad.
 

Los acuíferos, cada vez más amenazados

Debido a las presiones del turismo, la agricultura y la propia población que soportan los ecosistemas costeros, el litoral mediterráneo presenta graves problemas de salinización de sus acuíferos. Estos pueden deberse a causas naturales, como las propias características del terreno o las irregularidades en las precipitaciones
  
En periodos de sequía como el que vivimos en 2023, la evapotranspiración —la pérdida de humedad de una superficie a través de la vegetación— puede superar los niveles de la lluvia que entra en el acuífero, aumentando la acumulación de sales en el agua. A la escasez de lluvias que se observa cada vez más en el Mediterráneo se suman las anomalías en las precipitaciones como resultado de la crisis climática: llueve menos, pero también hay más episodios de lluvias torrenciales en las que gran parte del volumen del agua, por escorrentía superficial, desemboca al mar sin llegar a estos depósitos.
  
El calentamiento global también incide directamente sobre el nivel del mar, cuyo ritmo de aumento no ha dejado de acelerarse en los últimos años, aumentando la vulnerabilidad de los acuíferos de nuestra geografía. Pero, además de la salud del planeta, hay otra gran amenaza de origen antropogénico cuyos efectos son más evidentes a corto plazo: la sobreexplotación que, como recuerda el IGME, es una realidad en lugares como el entorno del Alto Guadiana, con impactos negativos evidentes en humedales y ecosistemas naturales sensibles. 
  
De cualquier modo, si ha habido un caso especialmente seguido en los últimos años, tanto por grupos ecologistas como por el propio Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), ese es el de Doñana. En 2024, y a pesar de que las lluvias de los últimos meses han aliviado parcialmente los problemas de sequía, tres de las cinco masas del acuífero se mantienen en una situación deficiente porque se extraen más recursos de los que entran en la cuenca
  

Santa Olalla (Doñana) seca a causa de la sequía y la sobreexplotación del acuífero. Estación Biológica de Doñana (2022)

Desde 2019, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que depende del Miteco, ha tratado de enfrentar el problema del robo del agua cerrando más de 1000 pozos, los últimos 43 de forma preventiva el pasado marzo. Pese a que los procesos administrativos para cerrar estas extracciones irregulares son largos —su clausura puede extenderse hasta 10 años—, la CHG está optando ahora por hacerlo de oficio de forma cautelar para cumplir con el objetivo de una Doñana libre de pozos, tanto legales como ilegales, para 2025.
 
En Castilla y León, Greenpeace señala como ejemplo el acuífero de los Arenales, una de las mayores reservas de agua del país perteneciente a la cuenca del río Duero. Esta, denuncian en un comunicado, sufre la "contaminación por arsénico, fundamentalmente por el empleo de fertilizantes y la sobreexplotación para satisfacer el regadío intensivo de la zona". Y añaden: "El problema es tan grave que decenas de municipios deben ser abastecidos con agua a través de camiones cisterna o por derivaciones de agua desde otros lugares". 
 

Otro problema: los nitratos

Según insiste la organización, mientras "existe la falsa percepción de que la desertificación y la sequía en España están solo causadas por la falta de lluvia", también son el fruto de una "mala gestión del agua" que pone en riesgo a multitud de ecosistemas y localidades que se quedan cada año sin agua de consumo por tener una concentración de nitratos por encima de los 50 mg/l. En 2022, fueron un total de 171 poblaciones, según los datos más recientes del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).
  
Asimismo, Greenpeace estima que el 28,6% de las aguas subterráneas podría estar contaminado como consecuencia de la agricultura y la ganadería industrial, según el estudio que llevó a cabo en 2023, para el que entregó 10.000 kits de medición de nitratos a la ciudadanía para comprobar la calidad de las mismas. De los resultados también extrajeron que un 7% de las aguas de consumo y el 11% de las superficiales presentaban niveles de nitratos superiores a lo que establecen las recomendaciones de la OMS.
  
Miguel Mejías, responsable del Área de Hidrogeología Aplicada, recalca la importancia de proteger los acuíferos como garantía de suministro para la población y el desarrollo económico. También, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebra el avance que ha supuesto el Plan de Acción de Aguas Subterráneas, aprobado en 2023 por el Gobierno de España, en cuya puesta en marcha también asesoró el IGME; y la revisión de los planes hidrológicos de cada demarcación hidrográfica.