¿Qué es una “inversión verde”? En principio, una alternativa sostenible al mercado financiero tradicional, pero con sus mismas reglas. Inversores que buscan rentabilidad en negocios sostenibles o directamente dedicados a paliar los efectos de la crisis climática. Casi todas las potencias económicas han empezado a animar este tipo de “finanzas verdes”, con la Unión Europea como una de la que las ha convertido en bandera. Pero, ¿cómo se controlan?

Un informe de la consultora Investico junto a la organización por la transparencia financiera Follow the Money desveló el pasado mayo que un 43% de los “fondos verdes” de inversión en Europa destinan parte de su dinero a empresas de combustibles fósiles, como gas, carbón o petróleo. Al menos un 6% de los capitales de estas firmas acaba en actividades de grandes emisoras de gases efecto invernadero, lo que supone algo más de 6700 millones de euros. Es un problema. Uno grave en la lucha contra la crisis climática.

Las inversiones verdes están al alza, y ese interés es bueno. En 2023, el Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas recaudó contribuciones por valor de unos 9.300 millones de dólares. Entre 2024 y 2027, este mismo Fondo quiere aumentar esta cantidad para financiar proyectos en países que son especialmente vulnerables al cambio climático. Su objetivo es superar los 10.000 millones de dólares que se recaudaron en la última ronda de tres años.

Falsas zonas protegidas

Incluso Oenegés, como la animalista WWF animan a sus afiliados a unirse a las inversiones verdes, poniendo sus ahorros a trabajar por el planeta y ofrecen guías al respecto. Lo hacen en base a la Directiva Europea sobre los Mercados de Instrumentos Financiero. Esta base determina que los asesores de inversión deben preguntar sobre las preferencias de sostenibilidad de los inversores y estos tienen derecho a conocer las consecuencias climáticas de los fondos a los que va a parar su dinero.

Un interés puede verse boicoteado debido a las poco claras cuentas denunciadas por los analistas en el informe ‘The Great Green Investment Investigation’ (La gran investigación de las inversiones verdes) antes mencionado. Un estudio que desvela datos escandalosos, como que diez de las compañías más contaminantes con actividad en la UE han captado 2.700 millones de fondos que deberían ser sostenibles con el medio ambiente.

No es nada nuevo. Ya en 2022 la misma organización, Follow The Money, advirtió a Bruselas que no había creado los mecanismos necesarios para que sus buenas intenciones en sostenibilidad se hiciesen realidad. Los analistas señalaron gestoras de activos, como la estadounidense Blackrock o la Suiza Pictet, habían desviado respectivamente más de 300 millones cada una a empresas energéticas basadas en los combustibles fósiles. Desde entonces al informe de 2024, poco ha cambiado.

Lo mismo ocurre con los famosos mercados de carbono, que dan la oportunidad de invertir en compensaciones de emisiones (por ejemplo, de una empresa de transportes en un área protegida de bosques o selva en otro país). Oenegés como Survival International han denunciado reiteradamente que algunas de estas zonas protegidas se “fabrican” expulsando a pueblos indígenas de sus tierras tradicionales y destruyendo su modo de vida sin necesidad.

Pero es que además, el mes de mayo de este mismo año un grupo de más de 30 científicos de todo el mundo denunciaron en una carta abierta en la prestigiosa revista Nature que la mayoría de inversiones en compensaciones de carbono no son fiables. Señalaban en su texto que a veces este “mercado de carbono” se ejecuta sobre zonas que ya eran forestales, así que realmente no se compensa nada, o que no existe rigor científico a la hora de comprobar si realmente la inversión “verde” está realmente “compensando” todos los gases de efecto invernadero que haya emitido la empresa, con “capturas” efectivo de, por ejemplo, CO₂.

¿Cómo prevenirse?

En la guía de WWF ofrecen cinco puntos para que el pequeño inversor revise sus posibles inversiones. El primero, comprobar que el proyecto o la firma en la que está poniendo sus recursos “tiene en cuenta los valores ASG, es decir objetivos Ambientales, Sociales y de buena Gobernanza”. También que la inversión indique que “se alinea con los objetivos climáticos del Acuerdo de París” y que “cumple con el principio de no causar daño significativo a ningún otro objetivo medioambiental (DNSH)”.

Aún así, esto no sería suficiente. Los puntos cuatro y cinco consisten, primero, en asegurarse de que la inversión “ha establecido planes o estrategias de transición a corto, medio y largo plazo hacia una economía descarbonizada, sostenible y resiliente”. Y segundo, en comprobar que ha publicado unos objetivos concretos de reducción de emisiones en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI), que debe ser público y al que obligan las leyes.

En el DFI se indicará si el fondo está clasificado como “Artículo 8” (aquel que promueve características ambientales y sociales) o “Artículo 9”, que tiene objetivos concretos de inversión sostenible. Un producto Artículo 9 es más exigente en sostenibilidad que uno Artículo 8. Si el DFI no se clasifica como 8 o 9, el fondo no es sostenible. Si las entidades consideran que los riesgos de sostenibilidad no son significativos para un producto ofertado, deberán incluir una explicación clara y concisa.