Tras la retirada de las tropas estadounidenses, el régimen talibán se hizo con el poder en Afganistán. Impuso un gobierno alineado con las directrices del islam y trajo un recorte en las libertades de los ciudadanos, especialmente en las mujeres y niñas.


Desde entonces, numerosos reportes de organizaciones internacionales han denunciado la prohibición de la educación secundaria a las niñas. Además, el uso del hiyab se ha convertido en una obligación y se ha establecido un Ministerio para Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio (MPVPV) que, por medio de la policía, se asegura de la aplicación de la ley. 

Tres años después, la ONU ha publicado un reporte para analizar el impacto del sistema en los Derechos Humanos, con especial atención al impacto que ha tenido en las mujeres.

En respuesta a este informe, Zaman Sultani, investigador regional de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha declarado que se revelaba el papel del MPVPV: "Esto supone la violación de una diversidad de derechos humanos y libertades fundamentales en Afganistán".

Las acciones punibles

El objetivo de la policía militar es garantizar que la sociedad siga los valores del Estado, junto a una serie de normas en línea con la visión de la rama religiosa del Emirato Islámico. 

Entre ellas, el acceso limitado a la educación para las niñas, imposiciones en la vestimenta o la necesidad de ir acompañadas por un 'Mahram' o guardián. Esta figura 'protectora' solo la puede personificar los hombres que tengan una relación directa con las mujeres. Esposo, padre, hermano o sobrinos  deben que acompañar a sus mujeres cuando estas se desplazan más de 78 kilómetros desde sus casas.

Y aunque la imposición que marca la ley islámica sobre la vestimenta es sobre las mujeres, el castigo recae sobre el hombre. A la primera infracción, la policía militar llama la atención al su Mahram; la segunda vez se le amonestará; a la tercera le pueden llevar al calabozo hasta tres días; y a la cuarta puede ir a juicio. 

Todo esto se anuncia a los ciudadanos a través de los medios más variados. Pueden ser legislación por escrito, anuncios durante entrevistas en los medios pero sin un proceso legislativo posterior, los sermones de los imanes o, incluso, por equipos móviles con altavoces en las calles. Sin embargo, para los observadores internacionales, esto no deja claro su legalidad y advierten que cada oficial puede hacer una interpretación diferente.

Los talibanes, por su parte, respondieron a las críticas. La mayoría de ellos desmentía las acusaciones y defendía el valor cultural del islam. "El hiyab es una obligación divina y hay que observarlo desde el foco del pragmatismo y la sabiduría. Debe ser considerado como un privilegio de los musulmanes", señalaban. 

Cumplir la ley

En marzo de 2023, el departamento se renombró Directorio Superior de Supervisión y Persecución de los Decretos y Edictos. Su función, según un informe de la ONU, es asegurarse del cumplimiento de las normas que establezcan los líderes. "Los cambios que esto traiga a la llamada policía de la moral, todavía están por ver", indica el reporte.

De hecho, para los observadores internacionales, el papel del Ministerio, no ha dejado de crecer e intensificar su acción en el cumplimiento de las nomas, incluso con nuevas áreas de acción. Y es que, el sistema institucionalizado de discriminación afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas, y esto ha provocado una erosión de los derechos humanos en el país.

La ONU ha hecho hincapié en que el Estado incluso acusó a ciertas actividades de 'anti-islámicas', como el uso de la cachimba, la visualización de imágenes humanas y animales o la celebración de días 'occidentales', como puede ser San Valentín. 

Pero para los talibanes, el objetivo del Ministerio es claro: "Reformar la sociedad para que el público se adhiera a los valores normativos compatibles con su visión del Emirato Islámico". Siguiendo esa directriz, entre otras medidas, han prohibido el acceso a las mujeres a parques públicos y gimnasios, además de regular las prácticas religiosas y de apariencia. Todo ello, dentro de un oscurantismo de los medios a ojos internacionales. 

La ONU pone numerosos ejemplos concretos de violaciones de los Derechos Humanos de la población afgana por parte del Estado teocrático. 

'Rebeldía' por libertad

Con el altavoz internacional que han dado los Juegos Olímpicos, este 2024 ha resaltado la figura de Kimia Yousofi. Esta velocista afgana, de 28 años, ha participado en los 100 metros lisos con el equipo de refugiados, que se creó en los juegos de Río 2016. La marca es irrelevante en este caso, pero aprovechó un evento con repercusión en todo el mundo para pedir una educación igualitaria para las niñas.

Yousofi tuvo que dejar su país cuando los llegaron los talibanes y se refugió en Australia. Y aunque participa en los Juegos en representación Afganistán, junto a otros cinco atletas, el Estado no reconoce a las mujeres deportistas y, por tanto, solo ha podido participar gracias a las federaciones internacionales. 

Pero Yousofi tiene un propósito: "Quiero representar al pueblo afgano. Nuestras niñas y mujeres quieren derechos básicos, tener educación y hacer deporte".

Otro caso de 'rebeldía' es el de Zarga Yaftali, activista y directora de la Fundación de Investigación por Mujeres y Niños en Afganistán. Este julio, denunciaba que, un año más, no había ninguna joven en las listas de los admitidos a la universidad afgana. 

"A lo largo de estos tres años de gobierno talibán, todos los derechos y libertades de mujeres y niñas han sido despojados sistemáticamente", decía en un post en X (antes Twitter).

Además, llamaba a la acción del resto de ciudadanos afganos: "Espero que la oscuridad no dure mucho y nuestra gente pueda experimentar la libertad como el resto del mundo. Que hombres y mujeres tengan igual derecho a estudiar, trabajar y vivir en un mundo libre".  

Para cerrar los Juegos Olímpicos, el último día en la competición de Break-Dance, la atleta Manizha Talash fue descalificada por llevar un mensaje en defensa de las mujeres. Ella nació en Kabul y huyó del país en 2021 cuando los talibanes llegaron al poder, actualmente reside en España. Aunque había perdido la 'batalla', el comité se vio obligado a descalificarla por mostrar mensajes políticos. Aun así, el mensaje fue claro: "Libertad para las mujeres afganas".