El acoso y la violencia contra los defensores de derechos humanos forman parte de una inquietante tendencia mundial, según al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El objetivo de los ataques contra estos activistas y las organizaciones e instituciones de DDHH no es otro que silenciar al mensajero y eludir la presión que supone, sobre todo, a nivel internacional.
No todas las actividades a favor de los derechos humanos suponen un riesgo para los defensores, y en algunos países estas personas están generalmente bien protegidas. Independientemente de que uno comparta o no la causa que defienden algunos activistas, si es un derecho, tienen derecho a defenderla, recuerda el Alto Comisionado, subrayando que sus acciones han de ser pacíficas.
Las técnicas empleadas contra los defensores de derechos humanos varían desde el refinamiento a la brutalidad, explica la oenegé Human Rights Watch. En las democracias, por ejemplo, se combate a estos activistas principalmente mediante demandas judiciales, intimidación, violencia o perjuicio en el desarrollo de la vida profesional.
En otros países, además de estas técnicas de acoso que pueden extenderse a los familiares, la defensa de tales derechos puede acarrear la detención forzosa, la imputación de causas falsas con ánimo de desprestigio, la desaparición y el asesinato.
En regímenes autoritarios y países en guerra es difícil hacer un seguimiento de los abusos contra los defensores de derechos humanos. Hay países en los que la sociedad puede estar más concienciada y quizá, por ello, afloren mayor número de casos que en otros.
La verdad es incómoda
Este reportaje recoge tan solo algunos ejemplos de las tremendas dificultades a las que se enfrentan los defensores de DDHH. Los suficientes para hacerse una idea del valor y coste personal que suponen su labor. La verdad puede ser incómoda. Incluso personas aparentemente neutrales dan la espalda a los defensores para evitar complicaciones.
En América Latina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado, a través de un informe, su preocupación ante los elevados índices de violencia que sufrieron estos activistas en el 2023, año en el que se registró el asesinato de al menos 126 defensores.
Combatir la impunidad
El informe observa, como en años anteriores, que la violencia se dirigió principalmente contra quienes defienden el medio ambiente y el territorio, a personas con liderazgos indígenas y afrodescendientes, y a periodistas. También destaca el hostigamiento por parte del Estado a organizaciones y personas defensoras de derechos. La CIDH recuerda que el medio más eficaz para protegerlos es combatir la impunidad.
Teresa Magueyal junto al familiar desaparecido al que buscaba.
La relatora especial sobre la situación de los derechos humanos, Mary Lawlor, denuncia lo vivido por las activistas que buscan a sus familiares desaparecidos forzadamente en México. El 2 de mayo de 2023, la defensora Teresa Magueyal fue acribillada mientras montaba en bicicleta en Celaya, Guanajuato. Tanto las desapariciones como las intimidaciones están vinculadas al crimen organizado, la extorsión, la trata de personas, las redes de secuestro, la corrupción y la colusión con las autoridades.
El parlamento venezolano ha aprobado un proyecto de ley para fiscalizar las ONG con el principal objetivo de "limitar y obstaculizar el trabajo de la sociedad civil", según el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). A día de hoy, la represión es brutal con detenciones arbitrarias, violaciones, palizas y asesinatos.
Desaparición de Rocío San Miguel
En este contexto, el 9 de febrero de 2024, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) alertaba de la desaparición forzada y detención arbitraria de Rocío San Miguel, abogada, activista y directora de la ONG venezolana Control Ciudadano, y de cinco de sus familiares.
Dos días más tarde, el fiscal general confirmaba a través de su cuenta X (antes Twitter) la detención de San Miguel por "estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco".
Un día después, nuevamente a través de la cuenta X del fiscal general, se informaba de los delitos que se imputaban a la activista: "traición a la patria", "conspiración", "terrorismo" y "asociación para delinquir". Los abogados de Rocío San Miguel no habían podido tener contacto ni con ella ni con sus familiares.
San Miguel era beneficiaria de medidas de protección aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde enero de 2012, debido a los constantes ataques que había padecido por ejercer su labor.
Contra periodistas y abogados
En los regímenes autoritarios el poder actúa regularmente con impunidad. Sus leyes restrictivas dificultan mucho la labor de los defensores de derechos humanos. Críticos y disidentes son encarcelados por motivos políticos, la libertad de movimiento y prensa están muy restringidas y se bloquea la entrada de financiación internacional, informa la ONG sueca Civil Rights Defenders (CRD).
En China, según Amnistía Internacional, las autoridades siguen encarcelando en condiciones severas y de tortura a defensores. Muchos de ellos son periodistas y abogados.
En abril de 2022, se publicó un informe sobre el grave deterioro de la salud de Huang Qi, fundador y director del sitio web de derechos humanos 64 Tianwang. Huang Qi cumple una condena de 12 años de prisión por difundir información sobre DDHH.
Al parecer no tenía acceso a atención médica adecuada, ni tampoco a una cuenta bancaria en la que sus familiares y amistades le habían ingresado dinero para que pudiera comprar medicinas y otros productos. Además, llevaba sin poder mantener ningún tipo de contacto con su familia desde 2020.
Actualmente, Rusia está siendo más represiva de lo que ha sido durante la era postsoviética, según Human Rights Watch. Las autoridades reprimen los medios de comunicación críticos con el gobierno, acosan a manifestantes pacíficos, emprenden campañas de desprestigio contra los grupos independientes y los multan.
Las organizaciones extranjeras están cada vez más prohibidas por ser "indeseables", y tanto las organizaciones como los ciudadanos son sancionados por su supuesta relación con ellas. Una nueva ley permite a las autoridades rusas bloquear parcial o totalmente el acceso a internet.
Accoso en redes
El acoso a defensores de los derechos humanos a través de redes sociales es cada vez mayor. Expresiones de odio, amenazas directas de violencia física o difusión de información falsa con fines de difamación son modalidades de hostigamiento. En Marruecos, EL ESPAÑOL informaba recientemente de las amenazas de muerte que han recibido feministas y periodistas por parte de perfiles falsos.
Violencia sexual
La violencia sexual y de género sigue siendo una amenaza constante para las defensoras de los derechos humanos, especialmente en países en conflicto. En enero 2023, un informe de la relatora especial refiere el caso de una activista maliense que fue señalada por el ministro de Asuntos Exteriores de este país por su crítica a los abusos de los "socios militares rusos" ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Las palabras del ministro instigaron una campaña de difamación y abusos en internet. Además, fue denunciada por calumnias y alta traición.
Al cuestionar las normas sociales son muchas las dificultades a las que se enfrentan las defensoras de DDHH en sociedades tradicionales. Los países musulmanes son un claro exponente. En Yemen, una defensora fue detenida de forma arbitraria, torturada durante 4 meses y violada cada dos días por rebeldes huzíes.
Cuando fue puesta en libertad, la milicia huzí hizo correr el rumor de que había ejercido la prostitución. Esto provocó que fuera estigmatizada por su familia y amigos, según el informe anteriormente citado.
Demandas mordaza en democracia
Donde más se respetan los derechos humanos y a sus defensores es en los países democráticos. Sin embargo, la ONG sueca Civil Rights Defenders (CRD) está preocupada por un patrón emergente en Europa. Funcionarios del gobierno o beneficiarios de grandes contratos públicos adoptan tácticas propias de oligarcas para protegerse de un mayor nivel de escrutinio y justificar sus cargos o vínculos financieros con el gobierno.
Los defensores se enfrentan sobre todo a intimidaciones y acoso judicial. Esta técnica es conocida por sus siglas en inglés como SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública). Actores poderosos, generalmente grandes empresas o despachos, presentan demandas para acosar y silenciar a quienes denuncian alguna irregularidad en favor del interés público, explica Greenpeace.
En España, Manuel García, un agricultor y ecologista de la comarca de A Limia, Orense, recibió un burofax de la empresa cárnica Coren en 2020. Le reclamaba 1 millón de euros por daños y perjuicios. 5 meses antes, en un conocido programa de televisión, García había mostrado un vídeo de cómo un camión que salía de una granja asociada a la empresa regaba con purín una finca.
Manuel García, agricultor de A Limia (Ourense) y activista ambiental.
Esos purines sin tratar llevan antibióticos y químicos, explicaba el activista, que se filtran a aguas subterráneas contaminando también las superficiales como las de los embalses de la zona.
En una interesante crónica, Greenpeace apoya estos datos con diversos informes científicos. Gracias al apoyo de grupos ecologistas y la repercusión mediática, el Grupo Coren —gran beneficiario de ayudas de la PAC— rebajó el tono con García. Sin embargo, la gestión de los purines continúa sin resolverse.
Pim, pam, pum
Otro ejemplo de intimidación en España es el acoso violento o social por motivos ideológicos. El documental El precio de la libertad, realizado por la organización estudiantil S’Ha Acabat!, es un ejemplo de resistencia frente a la imposición del nacionalismo excluyente.
Imagen de archivo de radicales destrozando la carpa S'Ha Acabat! durante una protesta.
En las imágenes se repite el mismo suceso. En la Universidad Autónoma de Cataluña o en la Pompeu Fabra. En una feria de estudiantes, 4 o 5 miembros de S´Ha Acabat colocan su carpa informativa sobre el uso del catalán y el español en la universidad.
Todo se desarrolla con normalidad hasta que son rodeados por unos 200 radicales subvencionados por el nacionalismo. Proclamas, insultos, lanzamiento de objetos y gases. De la fachada del edifico de detrás cae una enorme pancarta que reza "pim, pam, pum", la consigna de ETA para señalar a quienes iban a asesinar.
Radicales contra S'Ha Acabat!
A empujones, los encapuchados independentistas cogen las sillas de la carpa y las tiran. Luego derriban la carpa. Este hostigamiento violento sucede ante la pasividad del rectorado.
Los estudiantes de S’Ha Acabat, defensores de la Constitución y la pluralidad, recuerdan con espanto las miradas de odio de sus acosadores, casi todos compañeros de universidad.
Libres e iguales
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas recuerda que las acciones de los activistas de derechos humanos han de ser pacíficas. Porque, como reza el artículo primero de la Declaración Universal de los DDHH: "Todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros".