Cualquiera puede ser migrante; lo fueron los españoles en los años de la posguerra y ahora lo son los que vienen a Europa en busca de una vida mejor. En cualquier momento, las cosas se tuercen y hay que buscar nuevos horizontes y eso le afecta igual a personas sin formación académica o profesionales titulados. De hecho, posiblemente sean los segundos los que se puedan costear un billete: médicos, abogados o ingenieros en sus países de origen. 

Al llegar a un país, la complicación, no la primera, pero sin duda una de las más importantes, es volver a trabajar en lo que se formaron. Es el ejemplo de Rebeca, nicaragüense de nacimiento y médico pediatra de profesión. Llegó a España y ha necesitado dos años para que le homologuen el título. 

En ese tiempo ha trabajado como asistenta, repartidora de comida e incluso en grandes almacenes. Está en una situación de embudo burocrático para tramitar un papel que suele llevar entre dos y tres años. 

En España, según un informe del Ministerio de Universidades al Defensor del Pueblo, 74.000 personas esperan la homologación o equivalencia de su título universitario. En el caso de Rebeca, como personal sanitario, le dijeron que el trámite "duraría unos seis meses, y ya van casi dos años".  

Lo que ella no entiende es cómo con la aparente falta de personal en los hospitales, la trama burocrática es tan complicada para personas que tienen una titulación oficial y experiencia en el trabajo.

"Es algo sin sentido que con la necesidad de los profesionales y teniéndoles a mano no se agilicen todos estos procesos para que podamos aportar más de lo que estamos haciendo", afirma. Rebeca está en situación legal, empadronada y pagando los impuestos; solo "quieren trabajar de lo suyo". 

Un informe de Lighthouse Reports sobre el marco laboral de Europa revela que España desaprovecha el talento extranjero. Especialmente, teniendo en cuenta la cantidad de migrantes latinoamericanos graduados que llegan. Este estudio señala que más 54% de los inmigrantes en España están sobre cualificados para los trabajos que hacen.

Un proceso "insostenible"

La homologación no es fácil. Implica el reconocimiento de que las materias dadas siguen el criterio que haya en las universidades españolas. Enrique Vásquez, experto en derecho de extranjería y asesor en 'Yo emigro', explica que ese proceso es obligatorio para las "profesiones regladas, porque su ejercicio está sujeto a requisitos habilitantes específicos para garantizar la seguridad, salud o el interés público".

Estos oficios incluyen disciplinas como medicina, abogacía o ingeniería. En el proceso se acredita que la preparación de unos países equivale a la de otros y, si no fuera así, habría que adquirirla con asignaturas y exámenes adicionales.

Lo que muchas veces pasa, explica Vásquez, es que el proceso es lento, y eso, "es insostenible para muchos inmigrantes que necesitan trabajar y establecerse rápidamente". Además, por otro lado, está la desinformación y la falta de conocimiento del sistema español. Para los latinoamericanos pueden ser un poco más fácil por la facilidad del idioma, pero para el resto es una complicación añadida. 

Otra vía que siguen algunos, los que pueden, es matricularse en una universidad en el curso más cercano para convalidar el máximo de asignaturas. Esto puede necesitar una mayor inversión económica y de tiempo, pero al final se consigue una titulación en una universidad española.

"Hay que decir que quienes logran culminar el proceso consiguen un acceso más amplio al mercado laboral, con mejores oportunidades y mejores salarios, sobre todo en profesiones reguladas", anima Vásquez

¿Y los refugiados?

Si el proceso es complicado, largo y, la mayoría de las veces, frustrante en situaciones de regularidad, en el caso de los refugiados el tema se complica aún más. En la mayoría de las ocasiones no tienen forma de acreditar sus estudios. Por eso, el Consejo de Europa está impulsando el instrumento de un pasaporte único de cualificaciones. 

Daniel Oliva, director de la cátedra de sostenibilidad, inclusión y derechos humanos de la Universidad Carlos III, lleva a cabo una investigación para analizar barreras y oportunidades que tendría aplicar ese pasaporte en España. Otros países europeos ya lo han implementado y se está estudiando la posibilidad de instaurarlo aquí. 

Oliva explica que es el mismo interés de las universidades en homogeneizar un proceso para facilitar la integración de las personas refugiadas. "Algunos centros han visto que han tenido muchas aplicaciones para homologar sus estudios y han comprobado que necesitan un procedimiento único", dice Oliva. 

Eso sí, advierte que esto, "no está recogido en un convenio. No es recoger un tratado, sino que simplemente es una propuesta. Es un programa que el Consejo de Europa pone a disposición de los Estados miembros que quieran adherirse a él". 

Este proceso espera que a través de cuestionarios y preguntas los interesados puedan demostrar sus conocimientos. "No es un reconocimiento general, sino un procedimiento riguroso para acreditar que las personas tienen la formación que dicen tener", explica Oliva. 

Porque cuando los refugiados llegan a un país para buscar una vida mejor, la manera más óptima de apoyar su integración es ayudarles a encontrar trabajo y no que dependa de las ayudas públicas y las oenegés. Un ejemplo claro es la chocolatería Chirusa Experimental, tal como nos contaron durante la mesa redonda Migración:una nueva hoja de ruta en el III Observatorio de los ODS organizado por ENCLAVE ODS | EL ESPAÑOL. 

La misión de esta chocolatería es formar, dar empleo y empoderar a personas refugiadas para facilitar su integración. Su propietario, Marcos Gillingan, confesó que trabajar con refugiados y migrantes es "un viaje muy enriquecedor", en donde se demuestra "que es posible llevar adelante un proyecto social dando oportunidades a las personas que lo tienen más difícil y que han tenido que dejar sus países".

Menores sin oportunidades

Un informe de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, sobre la estrategia de educación para 2030, revela que aunque ha habido avances en la matriculación, siguen existiendo retos importantes. 

El reporte analiza los datos de 65 países que acogen personas refugiadas y muestra que aproximadamente 7,2 millones de menores en esta situación no tienen acceso a la educación. Los factores son muchos, como la inseguridad, la falta de políticas educativas inclusivas, restricciones en materia de capacidad y barreras lingüísticas, lo que priva a estos jóvenes de la posibilidad de desarrollar su potencial y pone en riesgo su futuro.

"La educación puede salvar vidas, las evidencias son claras", declaró Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. "Se asocia también a una menor probabilidad de embarazo y de matrimonio en la adolescencia, dando a las chicas la posibilidad de forjar su propio destino".