"Uno de cada seis niños y niñas en España sufrirá violencia sexual antes de cumplir los 18 años". Así lo ha asegurado el último informe publicado por Educo bajo el nombre de ¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado?, en colaboración con la Universidad Pontificia de Comillas. 

En el marco del Día Internacional de la No Violencia, este reporte nos muestra con crudeza la devastación, tanto física como emocional, que sufre la infancia como víctima de los abusos, así como el coste económico y social que este crimen impone a toda la sociedad. 

Los datos demuestran que el impacto económico calculado superó los 1.275 millones de euros al año, pero el real de la violencia es insondable. No solo se trata de cifras que cubren las necesidades de atención médica, psicológica y judicial, sino de una pérdida de riqueza y productividad que trasciende generaciones. 

Por otro lado, se trata simplemente "la punta del iceberg" de la verdadera realidad, ya que son muchos los que, atrapados en el silencio impuesto por el miedo, la culpa y la vergüenza, nunca llegan a denunciar.

Un daño de por vida

La violencia, definida desde la Educo como "toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión", cuenta con todo tipo de variables. 

Entre ellas, se encuentra la violencia sexual, en concreto, contra menores, que incluye desde el propio abuso hasta los delitos relativos a la pornografía infantil, o la promoción de la comisión de delitos sexuales que afecta a niños, niñas y adolescentes por igual.

Desde Educo aseguran que este tipo de agresión inflige una herida profunda y persistente en las víctimas, tanto a nivel físico como psicológico. Y sus consecuencias van desde infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, hasta trastornos emocionales que incluyen ansiedad, depresión, estrés postraumático y tendencias suicidas.

Este tipo de violencia puede hacer que los niños y niñas pierdan el control sobre su propio cuerpo y su sentido de autonomía, un impacto devastador que afecta a sus relaciones personales, su autoestima y su capacidad para confiar en los demás. Pero no solo eso; también hace que las víctimas sean más propensas a desarrollar comportamientos autodestructivos, incluyendo abuso de sustancias y trastornos alimentarios.

Según informan desde Educo, en 2023 se registraron 9.185 casos de violencia sexual en menores, aunque se estima que el número real de víctimas podría ser mucho mayor. Porque, dicen, la cifra oficial es apenas un reflejo de la verdadera magnitud del problema. 

De hecho, diversos estudios de prevalencia apuntan a que aproximadamente el 17,29% de los menores en España han sido víctimas de violencia sexual. Lo que, en otras palabras, se traduce en que más de 77.000 niños, niñas y adolescentes podrían estar sufriendo en silencio atrapados en un sistema que, en muchos casos, es incapaz de ofrecerles salida. 

Y es que, tal como indica la investigación, el abuso a menudo ocurre en entornos familiares o cercanos, donde las víctimas son más vulnerables y dependen emocional y económicamente de sus agresores. 

La lucha legal

España ha dado pasos importantes en la lucha contra la violencia sexual, principalmente, con la aprobación de leyes como la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) y la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. 

Sin embargo, la implementación de estas leyes ha sido desigual, dejando a muchos menores desprotegidos. Lo que, sumado a la falta de formación adecuada entre profesionales y la escasez de recursos, impiden que estas normativas se aplique con absoluta eficacia. 

A nivel internacional, instrumentos como la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y el Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa obligan a los Estados a proteger a los menores de toda forma de abuso y explotación sexual. 

Estos marcos internacionales han presionado a muchos países a mejorar sus sistemas de protección, pero, como indican desde Educo, todavía queda mucho por hacer para garantizar que estas normativas se apliquen de manera efectiva en todos los contextos. 

Una carga insostenible

Según el informe, el coste mínimo anual asociado a estos crímenes supera los 1.275 millones de euros, distribuidos entre los sectores sanitario, educativo, judicial y social. Por otro lado, están los "invisibilizados por daños mitigables", que superan los 3.178 millones, dando un total de 4.453 millones euros como el anual de la violencia sexual contra la infancia. 

Las secuelas físicas y psicológicas que dejan los abusos suponen un gasto abrumador para el sistema de salud. Las víctimas requieren atención médica inmediata para tratar lesiones físicas, infecciones de transmisión sexual y posibles embarazos. 

Además, a lo largo del plazo, los problemas psicológicos derivados del abuso, como la depresión y el estrés postraumático, generan un coste que asciende más de 808 millones de euros anuales. Estos incluyen terapias a largo plazo y el tratamiento de trastornos mentales crónicos. 

El abuso sexual también afecta al rendimiento académico. Muchos niños y niñas sufren un deterioro en sus capacidades cognitivas y emocionales, lo que les lleva a repetir cursos o incluso a abandonar el sistema educativo. 

En concreto, este impacto tiene un coste directo de más de 63 millones de euros al año. A largo plazo, la desvinculación del sistema educativo se traduce en menores oportunidades laborales y una reducción de la productividad y contribución económica de las víctimas a la sociedad. 

Por otro lado, el sistema judicial, aunque fundamental en la protección de las víctimas, también genera costes importantes. El informe de Educo estima que los procedimientos judiciales y las penas de prisión de los agresores representan más de 92 millones de euros anuales. Lo que, sumado a los servicios sociales encargados de proteger y asistir a las víctimas, añaden otros 311 millones de euros a la cuenta. 

La prevención

Se trata de la estrategia más efectiva para frenar la violencia sexual contra la infancia. Y que, según el reporte, debe abordarse desde tres niveles: la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. 

La primera parte, dirigida a toda la población, tiene el objetivo de prevenir el abuso antes de que ocurra. Las campañas de sensibilización, la educación afectivo-sexual desde temprana edad, acompañado de programas de concienciación de los derechos de la infanciay los programas de parentalidad positiva son algunas de las herramientas clave en este nivel. 

El segundo nivel, dirigido a los grupos especialmente vulnerables, cuenta con medidas como la detección temprana de situaciones de riesgo, la capacitación de los profesionales para identificar indicadores de abuso y la intervención inmediata para evitar que la violencia persista o se agrave. 

La prevención terciaria, centrada en las víctimas del crimen y en los agresores, tiene como objetivo reducir el impacto del abuso y prevenir futuras víctimas. Entre sus medidas, la atención prolongada a las víctimas y los programas de rehabilitación para loa agresores son fundamentales para evitar la reincidencia. 

De este modo, el informe concluye que sin una inversión significativa en prevención, el coste humano y económico de la violencia sexual seguirá aumentando. Motivo por el que las estrategias de prevención deben ser integrales, abarcando tanto la educación pública como la atención individualizada a los menores en situación de riesgo.