Ha pasado ya una semana desde que arrancó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024 (COP29) y 'la polémica' no se ha hecho esperar. La comunidad internacional, que se reúne desde el 11 al 22 de noviembre, continúa luchando para frenar las actividades letales en la industria de los combustibles fósiles que, como explican desde Amnistía Internacional (AI), "sigue contaminando, quemando y saqueando el planeta ante el creciente sufrimiento".

Sin embargo, tras los últimos acontecimientos el foco se ha movido ligeramente hacia los derechos humanos. Y así lo indicaba Michael O'Flaherty, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, en una carta salida a la luz este mismo lunes 18 de noviembre: "Me preocupan las informaciones según las cuales los procedimientos penales contra estos defensores de los DDHH, periodistas y activistas se iniciaron en relación con el desempeño de sus actividades legítimas". 

En este evento, que se esperaban entre 40.000 y 50.000 delegados, además de diplomáticos, funcionarios de la ONU, periodistas, científicos del clima, líderes sindicales y expertos en política, también se han dejado ver participantes de diferentes oenegés, activistas y líderes indígenas.

Pese a que a simple vista por la pluralidad de asistentes pueda parecer que se está respetando la libertad de expresión, desde AI han subrayado que "la participación de trabajadores de medios independientes y defensores de los derechos humanos del propio Azerbaiyán se ha visto frenada por la continua represión gubernamental". 

Y es que, la que es conocida como "la COP de las finanzas", por su interés en materia de financiación para una transición hacia economías sin emisiones de carbono y con el objetivo de ayudar a las comunidades más afectadas a adaptarse, también ha puesto gran parte de su atención en lo respectivo a derechos fundamentales, especialmente tras las últimas detenciones. 

DDHH, ¿dónde?

Como indican desde Amnistía Internacional, más de 300 personas se encuentran actualmente encarceladas "por cargos de motivación política". Esto mismo, señalan, ha sido una medida tomada como signo de represión tras las protestas pacíficas, donde incluso los grupos ambientalistas han terminado 'pagando el pato'. 

Tal es el control que se ejerce desde el Gobierno que numerosos medios de comunicación independientes se han visto en la obligación de desaparecer por la constante obstaculización de su labor de acuerdo a "leyes draconianas". Una actividad que, además, va acompañada de amenazas ante "cualquier crítica real o percibida por las autoridades". 

Aunque pese a la gravedad de estas acusaciones, el asunto no se queda ahí y desde AI destacan el pésimo trato durante y tras la detención. Tortura, falta de acceso a los servicios médicos necesarios o restricciones del derecho a acceder a un abogado de su elección se han convertido en un habitual en el país azerbaiyano. 

Se trata de una situación que no deja de empeorar, especialmente desde que se anunció que sería la nación anfitriona el pasado diciembre de 2023. Desde entonces, pese a que las autoridades aseguran que están "garantizando que se escuchen las voces de todos", activistas y periodistas han sido silenciados en pro de los ideales del gobierno.

Siguiendo esta línea, aunque son muchos los encarcelados por estos motivos, en abril saltaba a las pantallas Anar Mammadli, activista de derechos humanos y justicia climática, que fue arrestado bajo falsas acusaciones de "contrabando". En una prisión preventiva en la que todavía permanece, explica Amnistía Internacional, "se le ha negado el tratamiento médico adecuado para varios problemas de salud que han empeorado y se enfrenta a una larga condena". 

Y es que, tal como se señalaba previamente, pese a que las autoridades 'alardean' de pluralidad y diversidad de opinión, la participación de la sociedad civil azerbaiyana es cada vez más limitada. Por este motivo, cuentan desde AI, muchos activistas locales se han visto obligados a abandonar el país y las pocas voces que quedan "corren el riesgo de ser procesadas y sufrir represalias si se atreven a expresar alguna crítica durante la COP29". 

Como sustitutivo a esta censura, se ha elevado el papel del GONGO (organizaciones no gubernamentales organizadas por el gobierno). Aunque, como su propio nombre indica, se trata de una medida lejos de la pluralidad, ya que son grupos apoyados por el Estado cuyos ideales distan de ofrecer una nueva perspectiva. Razón por la que, desde la oenegé internacional, definen la situación como un intento de ofrecer "una imagen falsa de respeto por la libertad de expresión y asociación". 

Derechos fundamentales

Ante tal situación y con manifestaciones que han salido de las propias fronteras del país azerbayano, como la ocurrida el pasado sábado 16 de noviembre en Londres, Reino Unido, los líderes de la Unión Europea han alzado su voz en defensa de estos derechos fundamentales. 

Con este objetivo, O'Flaherty enviaba una carta que, fechada el 4 noviembre, ha salido a la luz este pasado lunes 18 de noviembre a través de una publicación de The Guardian. En ella, el propio comisario aludía a casos como el de Akif Gurbanov, Alasgar Mammadli, Imran Aliyev y Anar Mammadli, que, detenidos a principio de año, han sido acusados de contrabando, evasión fiscal y falsificación de documentos. 

Y así se lo hacía llegar al Gobierno en cuestión: "Pido a las autoridades competentes de Azerbaiyán que pongan inmediatamente en libertad a todos los defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas de la sociedad civil encarcelados por su trabajo legítimo o por expresar opiniones disidentes o críticas y que retiren sus cargos penales contra ellos, así como las restricciones conexas, incluida la prohibición de viajar al extranjero". 

En una respuesta, también fechada el pasado 4 de noviembre, el Gobierno se comprometía, tal como expresaban desde The Guardian, ha "cumplir sus obligaciones en virtud de la legislación sobre derechos humanos".

A esto mismo, añadían que se había "emprendido los procedimientos en cuestión basándose en sospechas creíbles de violación de determinados artículos del Código Penal de la República de Azerbaiyán". Además, subrayaban que "ningún periodista o representante de comunicación está en el punto de mira por llevar a cabo su trabajo profesional" en el país.