Las políticas migratorias europeas se han "ido encaminando hacia algo cada vez más controlado, más duro, que tiene menos en cuenta las necesidades individuales de las personas que deciden migrar". Así describe la periodista franco-finlandesa Taina Tervonen la "evolución constante" de un ámbito que lleva 25 años analizando: las migraciones.
Y esas políticas migratorias férreas son, precisamente, las que ha llevado a que Médicos Sin Fronteras (MSF) tomara el pasado 13 de diciembre una compleja decisión: cesar las operaciones de su buque de rescate Geo Barents, tras más de tres años en activo.
"A pesar de las más de 12.675 personas rescatadas y las 190 operaciones de salvamento realizadas desde junio de 2021, MSF anuncia el fin de las operaciones debido a leyes absurdas y sin sentido, desde el decreto Piantedosi de enero de 2023 hasta su endurecimiento en diciembre de este año", comunican desde la oenegé.
Pero, como explica Tervonen, este "endurecimiento" no ha surgido de la nada. Es, indica, "una continuación" de las políticas que vienen desarrollándose desde hace más de dos décadas en la Unión Europea. Y cuyo culmen no sería otro que "la externalización de las fronteras" que se ha llevado a cabo de "distintas maneras", no todas tan obvias como pudiese parecer.
De esto habla la experta en su novela gráfica ¿A quién benefician las migraciones? El negocio de las fronteras cerradas (Garbuix Books, 2024) y, desde su residencia en Francia, se lo cuenta a ENCLAVE ODS: ahora, dice, se habla de "externalización" y se piensa en que "las fronteras de Europa se alejan cada vez más, ya sea en Libia, en Albania o Ruanda".
Menciona, así, dos de los principales 'muros de contención' de personas migrantes —Libia y Albania— y el intento fallido del anterior primer ministro británico, Rishi Sunak, de convertir Ruanda en el epicentro de las devoluciones de solicitantes de asilo.
Pero cuando Tervonen habla de externalización no solo se refiere a las cárceles libias que retienen a quienes intentan cruzar el Mediterráneo, ni a los campos de refugiados (o detención) en Grecia, Albania o los Balcanes. O esas "zonas de espera", como las denomina la propia Comisión Europea.
"También está la ayuda al desarrollo que se ha dirigido al control fronterizo", indica. O "los acuerdos de cooperación entre Frontex y terceros países, lo que significa que Frontex trabaja con policía de esos países".
El motivo de estas colaboraciones, advierte Tervonen, tiene una lectura sencilla: "Así la Unión Europea no tiene que asumir la responsabilidad de las posibles violaciones de derechos humanos que están ocurriendo fuera de sus fronteras". Esto, lamenta, no es nuevo; "básicamente es lo que sucede todo el tiempo".
¿Y los DDHH?
El problema está en que esta externalización de las fronteras pone en el foco los derechos humanos. Sus violaciones, según testimonios recogidos por Médicos Sin Fronteras, no son anecdóticos. Por eso, el representante de búsqueda y rescate de la oenegé, Juan Marías Gil, asegura que, aunque la misión del Geo Barents se haya paralizado, "volverá lo antes posible".
Asimismo insiste en que MSF regresará para "dar testimonio y denunciar las violaciones cometidas por Italia, los Estados miembros de la UE y otros actores contra las personas en el Mediterráneo central". Un ataque a los derechos fundamentales que Tervonen asegura manan del propio Pacto de Migración y Asilo adoptado por la Unión.
En él, indica, "la cuestión de los derechos humanos no es una prioridad". La periodista e investigadora explica que la Convención de los DDHH es "como un candado" que impide que las violaciones se lleven a cabo de manera indiscriminada. "Cuando se abra esa veda, estará todo perdido", recuerda.
Por el momento, dice —y hace hincapié en esa expresión— ese "candado se resiste". Porque, matiza, "todos, al menos en el discurso público, están de acuerdo en que debemos respetar los derechos humanos". Aunque, puntualiza, "a veces no lo hacemos", pues "la aplicación de las políticas [europeas] no respeta los derechos humanos en todos los casos".
Violencia normalizada
Tervonen explica que se han dado casos, documentados por oenegés, en los que "los agentes de Frontex han sido testigos de abusos o violaciones de los derechos humanos y no han hecho nada al respecto". Desde ENCLAVE ODS, ya se han documentado la violencia sistematizada a la que las personas migrantes se enfrentan en su periplo hasta llegar a suelo europeo.
El pasado febrero, por ejemplo, MSF publicaba Muerte, desesperación y desamparo: el coste humano de las políticas migratorias de la UE. Este informe narra la historia de centenares de personas atendidos por sus sanitarios. Una de ellas es Asma, quien cuenta su experiencia en un centro de detención de Trípoli (Libia): "Nos pegaban con palos, nos quitaban los móviles para no grabar lo que sucedía". También reconoce que la violencia sexual era una constante en esta cárcel para migrantes.
Como ya contó Raquel González, responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras, a este vertical, estas violaciones de derechos humanos son "las consecuencias absolutamente terribles de esta crisis generada por las políticas europeas". Y es que, denuncia la portavoz de la oenegé, "están solamente basadas en la seguridad y no en la protección de estas personas".
Otras organizaciones como Amnistía Internacional o Caminando Fronteras también han recogido testimonios similares a los de MSF o, incluso, de los que habla Tervonen en su novela gráfica. Abusos, privación de libertad, falta de agua y comida, violencia física… Esa es la realidad de las personas migrantes que intentan llegar a Europa a través de la frontera sur.
Ante esta situación, Tervonen se pregunta "¿hasta qué punto resistirán los derechos humanos?". Y se responde a sí misma: "Lo que se ve sobre el terreno, y lo que te dicen las oenegés que trabajan con los migrantes, es que no se respetan". Eso, sentencia, "es un hecho". E insiste en que "las políticas se hacen de tal manera que la posibilidad de abuso está realmente presente todo el tiempo".
Y pone el ejemplo de España, donde "las primeras entrevistas a las personas que llegan a Canarias, las hacen oficiales de Frontex o la policía española". Por tanto, "no hay abogados presentes durante esas entrevistas; así que no hay nadie de fuera que pueda vigilar lo que está pasando".