El pasado 17 de junio se aprobaba in extremis la tan debatida —y contestada— Ley de Restauración de la Naturaleza. Con ella, la Unión Europea insta a los Estados miembro a velar por la protección de la naturaleza y dar un paso más: recuperar una quinta parte de los ecosistemas marinos y terrestres degradados para 2030. 

Pero claro, para restaurar primero es conveniente, tal y como explican desde SEO BirdLife, realizar una lista de lugares deteriorados que aún pueden recuperarse. Eso es precisamente lo que ha hecho este año la oenegé conservacionista de la mano de Fundación Biodiversidad.

Con el informe Áreas degradadas con posibilidades de rehabilitación en España, SEO BirdLife asegura que pone "a disposición de las Administraciones competentes una lista de lugares donde poner en marcha acciones de restauración para recuperar biodiversidad". Así, dan un primer paso hacia el cumplimiento de la ley europea. 

En total, destacan 120 áreas de todo el territorio español que pueden catalogarse como áreas degradadas. Es decir, como explican desde la propia organización de conservación, aquellas zonas que "han sufrido una perdida o alteración significativa de su biodiversidad, productividad y capacidad para ofrecer servicios ecosistémicos debido a la actividad humana o a fenómenos naturales".

Octavio Infante, responsable del Programa de Espacios de SEO BirdLife, explica que "este enfoque adquiere una relevancia especial en el contexto actual, donde la restauración se posiciona como una herramienta crucial dentro de las políticas europeas y nacionales para alcanzar y mantener en buen estado de conservación el patrimonio natural".

Se trata, a fin de cuentas, de una estrategia en pos de la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus impactos. Pues, como reivindican desde Naciones Unidas, los propios ecosistemas, con su flora y también su fauna autóctona, son una herramienta vital para prevenir inundaciones, sequías o calor extremo. 

Ecosistemas en 'peligro de extinción'

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), asegura que, en España, el 45% de los servicios de los ecosistemas están siendo degradados o utilizados de manera insostenible. Asimismo, se calcula que la degradación de la superficie terrestre debida a la actividad humana afecta a cerca de 3.200 millones de personas en todo el planeta.

De ahí que se hable, desde hace años, de que nos acercamos a la sexta extinción masiva. Según el informe de Fundación Biodiversidad y SEO BirdLife, la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos representa un coste del 10% del producto anual bruto.

Según la investigación, las principales causas de degradación que identifican están "fundamentalmente asociadas a molestias humanas y al desarrollo del sector primario". Es decir, se relacionan estrechamente con la actividad del ser humano en la zona. Además, la oenegé apunta a "la contaminación, el impacto de las infraestructuras lineales, las especies invasoras y el desarrollo residencial o comercial" como "propulsoras de una degradación del área donde se ubican".

Todas estas actividades humanas han afectado, en mayor o menor medida, a todos los ecosistemas degradados señalados por SEO BirdLife. La mayoría de los hábitats que aún se pueden recuperar estarían en zonas costeras.

Las playas, las dunas, los acantilados o los humedales con influencia salina son los más afectados. Aunque los humedales de interior y los ecosistemas forestales, fluviales, esteparios y rocosos tampoco se libran de esta degradación.

"La mayor parte de las áreas propuestas tendrían un valor elevado de prioridad y solo un pequeño porcentaje se clasificaría como áreas de prioridad baja", reconoce el propio informe. A pesar de su estado, en todas ellas "es posible llevar a cabo actuaciones de rehabilitación, puesto que cumplen con alguno (o varios) de los objetivos marcados en los proyectos de restauración ecológica".

Claves de una norma pionera

La lista elaborada por SEO BirdLife podría ser clave para trasponer la Ley de Restauración de la Naturaleza en nuestro país. Y es que, como ya se explicó en ENCLAVE ODS, esta normativa es la primera de su tipo en la historia de la UE y marca una diferencia más que trascendental en su política medioambiental.

Establece objetivos jurídicamente vinculantes en siete áreas específicas, incluidas las áreas de cultivo, orientados a la restauración de hábitats diversos a gran escala y la repoblación de poblaciones de especies en peligro. Entre otras imposiciones, insta a los Estados miembros a reparar al menos el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos degradados del bloque de cara al año 2030, así como la totalidad de los mismos para 2050.

Asimismo, para mejorar la biodiversidad de los agroecosistemas, los países deberán avanzar en el índice de mariposas de los pastizales, las reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo y la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas diversas.

Con el objetivo de reducir las emisiones en el sector agrícola, los Estados también deberán comprometerse a llevar a cabo la restauración de al menos un 30% de las turberas drenadas. Además, se espera que para 2040 se haya restaurado un 40% de estas zonas y para el 2050 un 50%, si bien la participación en la rehumidificación seguirá siendo voluntaria para los agricultores y propietarios particulares.

Para lograr los objetivos marcados, los gobiernos deberán elaborar planes nacionales de restauración en los que deberán detallar cuál será el procedimiento para mejorar el estado de los ecosistemas degradados. Y es ahí, precisamente, donde entra en juego este informe publicado este mismo año.