El informe Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España elaborado por la Fundación Foessa y presentado este martes por Cáritas arroja una conclusión estremecedora que pone en cifras el coste social de la pandemia: 11 millones de personas están en riesgo de exclusión social, de entre los cuales 2,7 millones son jóvenes de entre 16 y 34 años. 

Dos años después del estallido del coronavirus, los jóvenes son los más afectados por la crisis. Además, la precariedad laboral también se ha duplicado y la brecha social no para de crecer. Los grupos vulnerables, "a quienes no ha llegado el denominado escudo social", tal y como señala el informe, son los más damnificados por los efectos socioeconómicos de la Covid.

"Cada crisis aumenta la desigualdad. El impacto ha sido grave y severo", subraya la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, quien explica que de los once millones de personas que ha dejado la pandemia en riesgo de exclusión social, seis millones están, además, en situación de pobreza severa, lo que supone 2,5 millones más que en 2018 y la cifra más elevada registrada en España desde 2007.

"Hay cada vez más trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente", lamenta el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas

"Para los jóvenes es el segundo mazazo en poco tiempo. Han vivido dos crisis muy seguidas, que les ha restado mucha oportunidades en una fase esencial de sus vidas", ha lamentado el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas y secretario técnico de Foessa, Raúl Flores, quien ha indicado que "a los que tenían 18 años en 2008 les ha alcanzado la crisis de 2020 con 30 años".

Los nuevos jóvenes que han acabado en riesgo de exclusión tras dos años de crisis sanitaria han subido en 650.000. Del total de los 2,7 millones, más de la mitad, 1,4, se encuentran en situación de exclusión severa. Además, a nivel generacional, la tasa de exclusión de la población menor de 30 años es algo más de tres veces superior a la de la población mayor de 65 años.

La precariedad laboral aumenta

Según la investigación, basada en una encuesta realizada en 7.000 hogares, la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanzado casi 2 millones de hogares. Muchos de ellos dependen económicamente de una persona que ejerce como sustentadora principal que, precisamente, sufre de una inestabilidad laboral grave, lo que se traduce en tres o más contratos en un año o en tres o más meses en paro a lo largo de los últimos doce meses.

Esta situación ha alcanzado a 800.000 familias durante la crisis del Covid, y el desempleo total familiar casi se ha duplicado: ya hay casi dos millones de hogares en los que todas las personas en edad activa están en paro y, pese al aumento de la protección social, un tercio de estos hogares no tiene ningún tipo de ingreso periódico que permita una estabilidad.

"Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente", remarca Flores, quien también señala que el informe desvela que la brecha social ha aumentado más de un 25 % entre las personas que tienen más y menos ingresos, una cifra muy superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008.

La pandemia también ha aumentado la brecha de género: el mayor impacto se lo han llevado los sectores más feminizados, como el comercio o la hostelería, de modo que la exclusión social en los hogares está encabezada por mujeres, quienes han pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en hombres (pasaron del 15% al 18%).

Además de la edad y del género, la nacionalidad es otro factor de exclusión social: el 50,3% de los hogares con personas extranjeras al frente están en esta situación, una media casi tres veces superior a la de los hogares españoles.

El problema de la desconexión digital

A largo de sus más de 700 páginas, el informe destapa un nuevo factor de exclusión social: la desconexión digital, que califica de "nuevo analfabetismo del siglo XXI": casi la mitad de los hogares en exclusión social sufre algún tipo de apagón digital, lo que significa que 1,8 millones vive esa brecha de manera cotidiana, especialmente los hogares conformados sólo por mayores de 65 años y personas que viven solas.

Los gastos habituales de las familias también se han visto afectados por la pandemia: tres de cada diez familias se han visto obligadas a reducir el dinero destinado a alimentación, ropa y calzado, lo que se multiplica por dos entre los hogares que sufren exclusión social.

"Hay un margen de mejora amplio", señala Cáritas

Frente a la imagen de pasividad que tienen las familias en situación de vulnerabilidad, Flores ha destacado que su nivel de activación es muy alto, incluidas aquellas a las que llegan las ayudas, lo que, a su juicio, demuestra la "falsedad del supuesto efecto desincentivador del sistema de prestaciones".

Desde Cáritas y Foessa creen que hay un "margen de mejora amplio" y consideran necesario "perfeccionar" el sistema de protección social. Su propuesta, entre otras medidas, pasa por mejorar la cobertura del ingreso mínimo vital, ya que de los 850.000 hogares beneficiarios previstos tan sólo lo han percibido 316.000; es decir, una media de 2 beneficiarios por cada 10 en situación de pobreza severa.

Apuestan, además, por implantar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad del empleo, complementar los salarios escasos con otras medidas redistributivas, garantizar un sistema de salud público de calidad, poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial, superar la brecha educativa provocada por el apagón digital y avanzar hacia un modelo de servicios sociales que estén adaptados a las realidades sociales actuales.