El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha participado hoy, lunes 26 de septiembre, en la nueva edición de #LíderesResponsables, un diálogo organizado por Fundación SERES centrado en conectar el progreso económico y social.
Una cita que vuelve, esta vez para poner de relieve, como ha dicho el presidente de la fundación, Fernando Ruiz, la colaboración entre sociedad, instituciones públicas y mundo empresarial que se ha puesto de manifiesto durante la pandemia. Porque, ha asegurado antes de dar la palabra al ministro, “las empresas deben considerar, en cada decisión estratégica, cuál es el impacto social que tiene”.
Escrivá ha recordado que “la pandemia puede ser un antes y un después en la colaboración público-privada, aunque ya antes había visos de ello”. Y es que, ha asegurado el ministro, antes de la llegada de la Covid-19 ya existía “una percepción de que el binomio eficacia económica y desigualdad económica ya no era un paradigma cierto”.
El titular de la cartera de inclusión ha insistido en que hace 10 o 15 años, “en muchas discusiones se hablaba de la importancia de cohesión social, pero también de costes en términos de eficacia económica; en los últimos años se ha puesto de manifiesto que cohesión y protección social, si están bien diseñados los esquemas, no tienen por qué tener un coste en eficacia económica”.
Sin embargo, ha insistido, es todo lo contrario: “Las sociedades más cohesionadas tienen mejor rendimiento económico”. Y como ejemplo ha puesto a los países nórdicos y a la Europa central.
Esa disponibilidad desde el mundo empresarial a “cambiar prioridades y marcar una agenda social muy potente”, ha insistido el ministro, se ha visto en diferentes ocasiones después de la pandemia, tanto con el volcán de la Palma como con la guerra de Ucrania, por ejemplo.
Retos de la sostenibilidad social e inclusión
La conversación entre Escrivá y Ruiz ha girado, principalmente, en torno a los desafíos que supone la inclusión y la cohesión social. El ministro ha insistido en que “la exclusión social es difícil de medir, pero la desigualdad sí se puede medir mejor”. Y ha puesto de relieve que “sociedades con mucha desigualdad desde el punto de vista de la renta, suelen tener muchos más niveles de exclusión”.
A pesar de que, según Escrivá, España y los países de referencia de Europa no tienen diferencias tangibles, la diferencia se ve en “cómo queda esa exclusión social y desigualdad tras la intervención de las Administraciones públicas”. Porque, ha sentenciado, “corregimos peor esa desigualdad y exclusión que los países de nuestro entorno”.
Y esto, ha explicado, “no es cuestión de mayor o menor gasto público, sino de diseñar prestaciones sociales que tengan incluido un elemento de inclusión y de progreso en la cadena social, que España no ha abordado tradicionalmente”. Por eso, ha concluido, que el primer problema de nuestro país es en cómo se han venido diseñando las políticas públicas.
Escrivá ha puesto un ejemplo: “En España, donde hemos tenido un problema de paro estructural durante décadas, la exclusión se relacionaba directamente con los que se veían expulsados del mercado laboral. Pero nuestro problema también está en el subempleo: las personas que son muy vulnerables desde el principio aunque tengan trabajo”.
También ha dicho que hay un problema enquistado de competencias. Pues allá en los 90, ha explicado, la asistencia social de último recurso, las rentas mínimas o la protección de personas en situaciones de calle, se trasladó a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. “La desigualdad en España no se ha corregido precisamente porque cada Administración ha entendido la protección a los más vulnerables de diferentes maneras, lo que ha creado desigualdades”, ha asegurado.
Y ha añadido: “Los españoles más vulnerables tienen que tener, independientemente de donde viven, un nivel de protección mínimo”.
Pobreza infantil
“La trampa de la pobreza se origina, en muchísimos casos, en la infancia”, ha sentenciado el ministro. Por lo tanto, ha insistido, “hay que trabajar ahí con total intensidad”. Porque, ha recordado, de cada 100 niños cuyas familias reciben el Ingreso Mínimo Vital, probablemente solo 3 o 4 irán a la universidad. “Es un cálculo dramático; es muy difícil progresar socialmente con esos datos”.
Escrivá ha recordado que esta ayuda “discrimina positivamente a los niños; desde el punto de la prestación, un niño tiene el mismo peso que un adulto”.