La playa de Sant Adrià del Besòs, en Badalona, lleva dos años cerrada. Su arena contiene un nivel de metales pesados superior a lo permitido y con un potencial cancerígeno en caso de larga exposición. Una contaminación que aunque no se sabe a ciencia cierta de donde proviene, todo apunta a que son restos nunca limpiados de las fábricas que ocuparon el litoral del municipio durante décadas y que usaban el mar como vertedero particular.
Es uno de los casos que ha ganado una de las 48 banderas negras otorgadas por la organización Ecologistas en Acción este 2023. El informe, elaborado cada año desde 2005 y bajo la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), vuelve a recoger los casos más graves a lo largo de los más de 8.000 kilómetros de costa en base a la mala gestión ambiental y a la contaminación.
En total se otorgan dos por provincia y comunidad autónoma, pero, como puntualiza la organización, "podrían ser muchas más". Aun así, hay un problema grave que se repite año tras año y que encabeza la lista de las situaciones que más dañan a la España del sol y playa, como es, precisamente, el turismo masivo y el urbanismo descontrolado.
Con 17 casos, la urbanización del litoral supone el grueso de las banderas negras asignadas por Ecologistas. Es decir, de los desafíos que están afrontando nuestras playas. Entre ellos, el informe destaca "el punto negro más contaminante de Euskadi" creado por la petroquímica Petronor, que, a juicio de la organización, no solo genera una importante contaminación, sino que también incumple la normativa de costas al instalar una planta de coque "ilegal" (utilizado en la industria de la fundición de aluminio, acero y otros metales).
De acuerdo con el documento, la apropiación ilegal de 46.000 m² de terreno público marítimo-terrestre se ha hecho con una única finalidad: la de contaminar el río Barbadun y la zona de Meatzaldea. "Minúsculas multas de 30.000 euros por parte de URA (la agencia vasca de control del agua) solo hacen más impune a la petroquímica, que todos los años anuncia algún vertido 'descontrolado' al río Barbadun", subraya la organización.
Vertido en el río Barbadun en Muskiz.
El último ocurrió en enero de este año. Según recogen medios locales, la empresa detectó vertidos procedentes de la refinería en el río y dio el aviso correspondiente. Un nuevo episodio que llevó a organizaciones ecologistas a demandar una mayor contundencia de las autoridades con este tipo de episodios. Y es que unos meses antes, se pudo conocer el vertido de hasta 68 litros de hidrocarburo al Barbadun.
Como esta, hay otras banderas negras otorgadas a casos que ya se apuntaban en los anteriores informes. Algunas -como la anterior-, parecían estar en vías de solucionarse, pero, en muchos casos, su resolución "está aletargada en el trámite administrativo, cuando no atrapada en el laberinto judicial que resulta de una legislación garantista con quien comete la infracción", según la organización ecologista.
Es el caso también de la prorrogación de la concesión a la factoría de celulosa de ENCE a orillas de la ría de Pontevedra. Como recoge Ecologistas, después de 75 años vertiendo al litoral y agotado el máximo de años previstos por ley para permanecer ahí, continuará funcionando en este mismo lugar durante al menos 60 años más.
Todos ellos desafíos que siguen poniendo en riesgo todo el ecosistema litoral y al que se suman otros problemas importantes por contaminación lumínica y acústica, afecciones a la biodiversidad, acumulación de basuras marinas o dragados y ampliaciones portuarias sin justificación.
Playas caninas sin evaluación ambiental
En el informe de hace un año, la organización hacía énfasis en un caso particular que ya había sido reportado por estudios anteriores: el de la contaminación por los filtros solares. Como denunciaba el documento, se encontraron niveles importantes en una playa de Nerja, en Málaga, con el consiguiente efecto contaminante que tienen. Además, subrayaban cómo estas cremas pueden contener sustancias como los disruptores endocrinos, entre otras, que afectan a la salud de los seres humanos, así como a la de mares, ríos o lagos.
Sin embargo, este año, y por primera vez, la organización denuncia en su informe anual otra situación muy particular, como es la proliferación de playas caninas sin una evaluación previa de impacto ambiental. Es, de hecho, lo que le ha valido una bandera negra a la playa de A Calzoa, en Vigo.
Como denunciaban dos investigadores en un artículo publicado por La Voz de Galicia, la mayoría de las playas de Vigo están en una situación ecológica "lamentable" y utilizar el espacio de A Calzoa para los perros no hace sino dificultar su conservación.
En este sentido, desde Ecologistas plantean que playas como la de Vigo son el hábitat exclusivo de alimentación, descanso y reproducción para muchas aves. Por ello, denuncian que al permitir que un perro corra detrás de ellas, aunque no las atrape, les puede generar un importante estrés e incluso impedirles o dificultarles la obtención de alimento y de descanso. "Las aves perciben al perro como predador y éste a ellas como presa", explican.
Como recoge el informe, la designación de playas caninas es una iniciativa en auge tomada por ayuntamientos en la que, habitualmente, no se tienen en cuenta criterios medioambientales y en la que son seleccionadas aquellas playas consideradas de menor valor turístico. Estas coinciden, según Ecologistas, con las que presentan mayor valor ecológico.
De acuerdo con la organización, la designación de esta playa como canina se mantiene en contra de las evidencias que demuestran que la presencia constante y persistente de perros ha afectado gravemente al ecosistema con mayor tasa de biodiversidad de todo su tramo costero y cuya mala gestión ha producido una alteración crónica y acumulativa que ha dañado seriamente los hábitats que alberga.
No obstante, no todo lo señalado en el informe es negativo. También hay casos de mejoras que se han conseguido, como la futura construcción de la nueva depuradora de Barbate (Cádiz); el arreglo del emisario más las obras de puesta a punto del tratamiento terciario en Roquetas de Mar (Almería), la limpieza de la playa Hípica en Melilla o las iniciativas políticas, administrativas y judiciales espoleadas por la presión social llevadas a cabo en el Mar Menor (Murcia).