El 96% de la población y el 99% del territorio de España ha estado expuesto a aire contaminado por ozono por encima de los valores seguros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en lo que llevamos de año, según ha revelado el nuevo informe de la oenegé Ecologistas en Acción presentado esta mañana.
Durante este año 2023, apunta el documento, los niveles de ozono repuntaron como consecuencia de la primavera y el tercer verano más cálidos en nuestro país desde 1961, con numerosos episodios cálidos entre abril y septiembre, y cuatro intensas olas de calor en julio y agosto.
“Los niveles de ozono de España han repuntado de forma significativa en comparación a 2021 y 2022, aunque ha bajado respecto a los años previos a la pandemia”, señaló esta mañana en una rueda de prensa Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe.
Ahora bien, si tomamos como referencia el objetivo legal establecido por Europa y España —recogidos en la Directiva 2008/50/CE y en el Real Decreto 102/2011—, muy inferior a los límites recomendados por la OMS, las cifras se reducen considerablemente. Aun así, apunta el informe, hay un 4,5% de la población española que respira aire contaminado por ozono por encima de estos límites (120 µm/m3).
Media de las estaciones ubicadas en cada zona del territorio español.
En el trienio 2021-2023 (que incluye un año de pandemia), sobre la base del estándar legal de medición trienal obsoleto, los territorios más afectados en este sentido serían Madrid y Cataluña. Ambos agruparon siete zonas que superaron el límite: la Plana de Vic y el Prepirineu en Cataluña; y el Corredor del Henares, la zona Urbana Sur, la Sierra Norte y las Cuencas del Alberche y del Tajuña en la Comunidad de Madrid.
Un fenómeno complejo
El ozono, según afirman desde Ecologistas, es un contaminante extremadamente complejo y es el que más afecta a la población año tras año en España. Se trata de un contaminante atmosférico que no tiene una relación directa con la actividad humana, sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores.
Estos son emitidos por el transporte (especialmente por los vehículos de motor diésel), las centrales termoeléctricas, ciertos tipos de actividades industriales o por la ganadería intensiva. “Es un contaminante que se da principalmente en primavera y en verano, por lo que las olas de calor dificultan la reducción de la contaminación por ozono”, recalcó Ceballos.
Infografía de cómo se produce el ozono troposférico.
El cambio climático, por tanto, a pesar de no ser el culpable directo, es un factor determinante como agravante de los episodios de mala calidad del aire por ozono. Fenómenos como el aumento de la radiación solar, el alargamiento progresivo de la duración del verano y la reducción de las precipitaciones empeoran la situación.
En el aspecto sanitario, señaló Ceballos, el ozono es uno de los contaminantes que más claramente afectan a la salud. De hecho, según los últimos datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), los altos niveles de ozono son el causante directo de 2.500 muertes al año en España.
En números, el coste para el Estado español es inmenso. Según el Banco Mundial, el coste sanitario y laboral de la contaminación por Ozono fue de 5.000 millones de euros en 2013, un 2013, esto es, el 0,33% del PIB español.
Todo ello sin considerar los efectos que esta contaminación puede tener sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Las estimaciones de Ecologistas es que sólo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como el trigo y el tomate alcanzaron los 800 millones de euros en el año 2000, el 3,2% de todo lo que genera la agricultura en España.
Infografía sobre el impacto del ozono en la salud humana.
“Existe una negligencia”
A pesar de los datos fehacientes, la oenegé denuncia una inacción por parte de las Administraciones públicas. “Existe una completa negligencia”, denunció Ceballos. La falta de información por parte de las comunidades autónomas, señaló, es uno de los mejores ejemplos de ello. “En Madrid sólo se envían mensajes a una lista de personas, a la que te tienes que apuntar previamente, y además te envían el aviso a posteriori, después de que se haya producido el episodio”, indicó.
Buena prueba de la acción deficiente de las administraciones, explica el informe, son las sentencias del Tribunal Supremo (2020) y los tribunales superiores de Castilla y León (2018 y 2023), Navarra (2021), Cataluña (2022) y la Comunidad Valenciana (2023). Todos ellos condenaron a su gobierno a aprobar con la mayor brevedad posible los planes de calidad del aire para reducir el ozono, por el incumplimiento desde 2010 de los objetivos legales.
En la actualidad, la Unión Europea está pendiente de aprobar un nuevo objetivo más ambicioso, aunque el valor propuesto por la Comisión Europea (110 µm/m3) se encuentra por encima del valor seguro de la OMS (100 µm/m3) y el que propone el Parlamento Europeo.
“Si se aprueban los estándares de la OMS, todos los territorios españoles estarían incumpliendo el objetivo”, recordó durante la rueda de prensa Carmen Duce, responsable de Transporte para la organización ecologista. En todo caso, desde Ecologistas esperan que esta normativa, y con objetivos ambiciosos, se apruebe antes de las elecciones europeas de junio de 2024. Y esperan que la presidencia española pueda impulsar la aprobación de estos nuevos objetivos.
Días de superación de los objetivos de ozono de la OMS.
Por otra parte, según la oenegé, las principales vías que pueden adoptar los gobiernos para reducir la contaminación del aire por ozono son “disminuir el tráfico motorizado, sustituir los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética, un despliegue ordenado de las energías renovables, las Áreas de Control de Emisiones del mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste, reducir el tráfico aéreo, penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las macrogranjas”.
Respecto a las zonas de bajas emisiones, tras el fin del plazo para implantarlo obligatoriamente hace nueve meses, Carmen Duce, responsable de Transporte para la organización ecologista, denuncia que muy pocas ciudades han cumplido con las obligaciones a pesar de haber recibido ayudas para su implantación. “Madrid, Zaragoza o Córdoba son algunos de los ejemplos”, concluyó.