Andorra absuelve a la psicóloga Vanessa Mendoza, perseguida por defender el derecho al aborto en el país

"No pensaba que me iban a absolver". Con estas palabras, Vanessa Mendoza Cortés (Andorra, 1980), la psicóloga social que lucha por el derecho de las mujeres al aborto en Andorra, comunicaba a la prensa su sorpresa por el desenlace de su juicio. Estaba acusada de un delito “contra el prestigio de las instituciones”. Su absolución la libra de hacer frente a una multa de 30.000 euros y de una inhabilitación para trabajar en puestos públicos de cinco años.

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La presidenta de la organización Stop Violències fue juzgada el 4 de diciembre por defender el derecho a abortar en Andorra y el 17 de enero supo cuál sería, por fin, su sino. "Hemos dado una digna batalla", aseguraba Mendoza, en conversación con ENCLAVE ODS, durante el proceso judicial.

En declaraciones a los medios tras la sentencia, Mendoza se ha mostrado "satisfecha" porque "la libertad de expresión ha ganado". Aun así, ha reconocido no "sentirse del todo absuelta". La andorrana ha asegurado que "han sido cinco años muy complicados" en los que se ha "reventado" su imagen pública y su asociación.

Eso sí, como informa EFE, tras asistir a la lectura de sentencia, y aún acompañada por su abogado, Mendoza ha recordado que aunque ella haya sido absuelta, el artículo 325 del código penal andorrano sigue existiendo. Es decir, ese que prohíbe a las mujeres abortar en el país vecino. Por eso, la activista ha recordado que "es importante que podamos criticar y cuestionar a nuestro Gobierno y ser suficientemente maduros como sociedad para aceptar la crítica".

Su delito, defender los DDHH

Prestar apoyo a mujeres y niñas embarazadas para que puedan acceder al aborto seguro y legal en el extranjero, principalmente en España y Francia. Eso es lo que llevó a Mendoza al banquillo de los acusados. En 2019 denunció la situación de los derechos de mujeres y niñas en Andorra, incluido el impacto que tiene en ellas la prohibición total del aborto, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas.

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De este modo, la ONU la incluyó en un programa de protección de defensoras de los derechos humanos. Esto le costó que la fiscalía de Andorra presentara cargos de difamación contra ella.

“Muchísima gente me ha escrito o me ha parado por la calle diciéndome que esto ya se ve que es ridículo, lo tienen que parar ya. Hasta ahora el mundo ha visto a Andorra con el espejismo que le había puesto el Gobierno, pero a partir de ahora el mundo ve a Andorra a través de nuestros ojos. ¡Ya era hora!”, mantiene Mendoza.

Durante el proceso judicial, además de otras oenegés como Amnistía Internacional, Mendoza ha contado con el apoyo de Front Line Defenders, que protege a las activistas defensoras de los derechos humanos que trabajan desde los postulados de la no violencia recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Todo apoyo es necesario porque además de los cargos, Mendoza ha sufrido acoso y campañas de desprestigio y de linchamiento con apelativos como “abortera” o “lideresa abortista”. Incluso llegó a recibir amenazas de muerte indirectas.

Parar las violencias

Vanessa Mendoza es la única psicóloga social experta en violencias sexuales en el Principado de Andorra. En el país, el aborto está prohibido en todos los casos y castigado con penas de prisión. Abortar es un delito, incluso en caso de mujeres menores que han sufrido una violación o en el que la vida de la madre corra riesgo. Junto a Malta, es el único país europeo que aplica leyes tan estrictas sobre el aborto.

Las mujeres y niñas que quieren abortar de forma segura tienen que viajar al extranjero, mayoritariamente a Cataluña o Francia por cercanía, y así evitar riesgos. Mientras que las que no pueden viajar se enfrentan a violaciones de derechos humanos.

La mitad de las mujeres que atiende Stop Violències son temporeras. También llegan mujeres víctimas de violencia en la pareja, incluso mujeres con el feto fuera del útero que no tiene posibilidad de vivir. Así, Stop Violències nace en 2014 para cubrir las necesidades de las mujeres andorranas.

“Queremos ser un punto de reunión para todas las personas de Andorra que quieran una sociedad mejor, un país libre de violencias”, se define la asociación en su web. Es la continuidad de Sakura-Onna, una organización establecida en Barcelona que trabaja desde el año 2009 en atención psicológica a personas que han sufrido violencias sexuales, organiza actividades de sensibilización y prevención, e imparte talleres de defensa personal.

En 2016 lideraron la campaña Libertad es decidir con el propósito de informar a las mujeres andorranas de que no podían abortar. De esta manera, Mendoza comienza a batallar por el derecho al aborto, a elaborar informes y a enviarlos a organismos internacionales. Por supuesto, trabaja al margen de la política andorrana a pesar de los intentos de diálogo con las instituciones públicas durante dos años. La activista está convencida de que finalmente se reconocerá el aborto en Andorra.

Por el momento, sigue siendo una asignatura pendiente en el Principado, que no dispone de ningún juzgado especializado en violencias, ni hacia las mujeres ni infantiles ni sexuales. No obstante, Andorra no es miembro de la Organización Internacional del Trabajo, no tiene firmada la Carta de Derechos de la ONU de 1954 ni tiene ratificada la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.