Este martes, 27 de febrero, la Unión Europea ha dado un paso clave en materia medioambiental aprobando la Ley de Restauración de la Naturaleza. Con 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones, el pleno de la Eurocámara ha seguido adelante con la tramitación legislativa del texto, que espera tener importantes repercusiones en el mundo rural y la biodiversidad marina, en un contexto marcado por el aumento de las inundaciones, el estrés hídrico y las protestas agrícolas extendidas por Europa.
La norma tendrá que pasar por el Consejo para quedar oficialmente adoptada tras ser aprobada con un ajustado margen que refleja las diferencias políticas en el hemiciclo. Mientras eurodiputados como el español César Luena (PSOE) han dicho que con ella "pasamos de proteger y conservar la naturaleza a repararla", los grupos detractores aseguran que será usada "para asfixiar aún más al sector primario", tal como expresó la jefa del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat.
La norma parte de la propuesta promovida por la Comisión de Úrsula von der Leyen para acompasar el paso de la UE con los acuerdos sobre biodiversidad de la COP15. Fue presentada por primera vez en junio de 2022 como parte del Pacto Verde, y, tras una ajustada votación a mediados de julio en el Parlamento Europeo, consiguió avanzar hacia el Europarlamento, aunque en el proceso fue notablemente modificada con 136 enmiendas que desinflaron su ambición inicial.
[La controvertida Ley de Restauración de la Naturaleza supera el voto final en la Eurocámara]
Una norma pionera en la UE
La Ley de Restauración de la Naturaleza es la primera de su tipo en la historia de la Unión y marca una diferencia más que trascendental en su política medioambiental. Establece objetivos jurídicamente vinculantes en siete áreas específicas, incluidas las áreas de cultivo, orientados a la restauración de hábitats diversos a gran escala y la repoblación de poblaciones de especies en peligro.
Entre otras imposiciones, insta a los Estados miembros a reparar al menos el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos degradados del bloque de cara al año 2030, así como la totalidad de los mismos para 2050. Asimismo, para mejorar la biodiversidad de los agroecosistemas, los países deberán avanzar en dos de los tres siguientes indicadores: el índice de mariposas de los pastizales, las reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo y la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas diversas.
Con el objetivo de reducir las emisiones en el sector agrícola, los países también deberán comprometerse a llevar a cabo la restauración de al menos un 30% de las turberas drenadas. Además, se espera que para 2040 se haya restaurado un 40% de estas zonas y para el 2050 un 50%, si bien la participación en la rehumidificación seguirá siendo voluntaria para los agricultores y propietarios particulares.
Para lograr los objetivos marcados, los gobiernos deberán elaborar planes nacionales de restauración en los que deberán detallar cuál será el procedimiento para mejorar el estado de los ecosistemas degradados. En lo que a los bosques respecta, la nueva norma impulsará la preservación de las zonas forestales con el compromiso de plantar 3.000 millones de árboles más en la UE y restaurar al menos 25.000 kilómetros de ríos para que estos fluyan libremente.
En esta misma línea, otro de los deberes impuestos a los países es que tomen medidas para procurar que en 2030 no haya una pérdida neta en el área nacional total de espacios verdes urbanos y de cubierta de copa de árboles urbanos en áreas de ecosistemas urbanos en comparación con el 2021. Además, el texto les invita a aumentar esta cifra a partir del 2030.
No está exenta de polémica
La decisión de la Eurocámara de seguir adelante con el texto se produce al calor de las protestas de agricultores y ganaderos que reclaman una mayor flexibilización de la burocracia y de los costes ambientales derivados de la próxima Política Agraria Común (PAC). Este contexto ha llevado, precisamente, a que la propuesta de la Ley de Restauración de la Naturaleza haya sido objeto de tensiones políticas con Europa a las puertas de las elecciones de junio.
En un principio, las grandes preocupaciones del sector del campo giraron en torno a, por un lado, si la ley implicaría obligaciones de producción susceptibles de comprometer la rentabilidad de las explotaciones, y, por otro, si para impulsarla se utilizarían o no fondos de la PAC. Ambas cuestiones ya fueron descartadas en noviembre, obligando a los grupos detractores a poner el foco en la cuestión burocrática, su última baza contra la aprobación de la norma.
En el pleno, pretendieron tumbar la propuesta tanto el grupo euroescéptico de los Conservadores y Reformistas Europeos como la ultraderecha de Identidad y Democracia, quienes presentaron una moción para rechazar la ley en su conjunto, asegurando que es producto del "fanatismo climático".
Por su parte, el Partido Popular Europeo (PPE) llamó a sus diputados a votar en contra de la norma, asegurando que pone en riesgo la seguridad alimentaria y que fuerza a los campesinos a ceder parte de sus tierras para preservar la biodiversidad. Sin embargo, esta mañana rompieron la disciplina de voto 21 europarlamentarios, respaldando así su tramitación, como también lo han hecho socialdemócratas, verde, izquierda y la mayoría de los liberales.
Sus defensores aseguran que "permitirá que la naturaleza de Europa se recupere en beneficio de nuestra economía y de la producción futura de los agricultores", en palabras del comisario europeo de Medioambiente, Virginius Sinkevicius. A petición del Parlamento, la ley incluye un freno de emergencia que permitirá dar un paso atrás en los objetivos marcados para los agroecosistemas en circunstancias extraordinarias si merman en gran medida las tierras necesarias para una producción suficiente de alimentos en la UE.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado este miércoles satisfecha de que la Ley de Restauración de la Naturaleza prosiga la ruta hacia su tramitación legislativa. "No es la propuesta que nos hubiera gustado, pensamos que está devaluada respecto a la propuesta inicial, pero es importante seguir trabajando en esta dirección en el conjunto de la Unión Europea, ha destacado sobre ella.
En los últimos meses, varios grupos ciudadanos han mostrado su apoyo a la misma convocando manifestaciones frente a Estrasburgo, como la celebrada el pasado 11 de julio con Greta Thunberg entre los activistas participantes. Igualmente, desde la comunidad científica también ha habido un consenso "abrumador" en favor de la legislación, asegura el presidente del capítulo europeo de la Sociedad para la Restauración Ecológica (SER), Jordi Cortina, en declaraciones a EFE.
Por su parte, Amigos de la Tierra, ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han celebrado la aprobación al considerar que será clave para afrontar las grandes crisis ambientales a las que se enfrentará Europa en las próximas décadas. En un comunicado conjunto, celebran que las instituciones europeas hayan escuchado "el llamamiento de más de un millón de ciudadanos, empresas, científicos y organizaciones ecologistas y sociales" para impulsar "una oportunidad histórica para devolver la naturaleza a Europa".
Desde España, las organizaciones apremian al Gobierno a la creación de su Plan Nacional de Restauración, que esperan que cuente con "la máxima participación pública". Este deberá contemplar "estrategias regionales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones derivadas" de la ley europea, para cuya elaboración se precisa la aportación de "todos los sectores" para "evitar las ideas falsa y desinformaciones que estuvieron a punto de llevar al traste esta importante norma", subrayan.