Este año, el drama de la ruta canaria tiene nacionalidad y es mauritana. Las cifras de migrantes procedentes del país del noroeste africano que se jugaron la vida para llegar a las Islas han escalado, hasta tal punto que al menos 8 de cada 10 embarcaciones que llegan de manera a irregular salen de este país. Las estadísticas anticipan un escenario similar al del año pasado —395 personas fallecieron en su travesía a las costas españolas—, lo que ha llevado al Gobierno y la Comisión Europea a reforzar la colaboración con Mauritania en materia migratoria.

Hoy, 7 de marzo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha viajado a la capital de Nuakchot junto a la comisaria europea del ramo Ylva Johansson para tratar el acuerdo de cooperación que la Unión Europea negocia con el Gobierno de Mohamed Ould Ghazouani como parte de las medidas implementadas desde el año pasado para poner freno a la salida masiva de cayucos desde los países africanos.

Desde hace un mes, se sabe que Bruselas destinará una partida de 200 millones de euros con el fin de detener los flujos migratorios desde el país de origen, delegando en él el control de fronteras. El acuerdo, comparable al firmado en Túnez en 2023, se centra ahora en un país en el que la crisis de refugiados no ha hecho más que agudizarse desde la desestabilización de Malí y donde la lucha contra la esclavitud persiste a pesar de que fue abolida hace ya más de cuatro décadas. 

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Una vía de escape a Europa

El perfil migratorio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) refleja cómo Mauritania sigue siendo uno de los principales países de tránsito para estos movimientos, incluidos los que involucran viajes hasta Europa. Por esto mismo, el control fronterizo es uno de sus principales desafíos, más si se tiene en cuenta que solo dispone de 47 puestos para cubrir más de 5.000 kilómetros de fronteras terrestres y 800 de costa.

Es la vía de escape de los migrantes malienses que huyen de las zonas golpeadas por el conflicto. En los cayucos pueden llegar a pasar de uno a tres meses, señala la OIM, y el perfil de quienes se embarcan en ellos ha dejado de ser exclusivamente masculino. Durante los últimos meses de 2023 y los primeros de 2024, el número de mujeres y niños pequeños asistidos por la organización en Mauritania como resultado de incidentes en la ruta atlántica ha aumentado drásticamente.

Al mismo tiempo, también es uno de los principales países de destino para los migrantes del África subsahariana. Muchos se quedan a vivir en él y se dedican profesionalmente a la economía informal. Si se compara con lo que implica permanecer en Mali, un país que lleva en guerra más de una década, o dirigirse a Canarias a través del trayecto marítimo más peligroso del mundo, no es de extrañar que elijan esta opción, ya que es la que tiene menos riesgos.

Pero esto no quiere decir que los mauritanos lleven una vida, ni mucho menos, de comodidades. Pese a contar con una población de tan solo 3 millones de personas y territorios ricos en recursos naturales, Mauritania continúa presentando, de acuerdo con Naciones Unidas, un Índice de Desarrollo Humano que le sitúa en el grupo de los países más pobres del mundo. Según los datos más recientes, en torno al 57% de los habitantes vive bajo este umbral.

Los niños, que son más de la mitad (50,7%) del censo nacional, constituyen el grupo con mayor privación de los indicadores ponderados de educación, salud, nivel de vida y empleo. Las zonas rurales son los focos que más atención gubernamental requieren: se calcula que ocho de cada 10 personas allí vive en unas condiciones de vida que se alejan significativamente de las consideradas óptimas por la comunidad internacional. 

Aún quedan esclavos

En 1981, la República Islámica de Mauritania se convirtió en el último país del mundo en abolir la esclavitud, aunque esperó hasta 2007, bajo presión internacional, para declararla oficialmente ilegal. La práctica esclava venía produciéndose desde las conquistas árabes en el siglo VIII, cuando se estableció un sistema de castas ocupado en su último escalón por los Haratin.

Esta población negra, que hoy representa al menos el 40% de los habitantes, empezó entonces a servir a las familias. La condición de esclavo se heredaba por vía materna y marcó el futuro de generaciones de mauritanos hasta finales del siglo XX. Sin embargo, pese a los compromisos por garantizar su erradicación efectiva, aún se cuentan por centenas las personas que viven en el país del Sahel sin libertad, obligadas a trabajar en granjas o casas particulares y sin ningún tipo de poder de decisión sobre su día a día, su educación o su salario.

En 2023, el Gobierno notificó el conocimiento de al menos 104 casos de esclavitud, trata de personas y tráfico de migrantes. Los datos fueron comunicados por el Comisario de Derechos Humanos, Ahmedou Uld Ahmed y recogidos por el portal de noticias Cridem en el marco de una campaña gubernamental dirigida a poner fin a esta práctica. Pero las comparaciones con otros informes publicados por organizaciones humanitarias locales invitan a pensar que estas cifras están lejos de la realidad.

Cinco años antes, en 2018, SOS Esclaves aseguró que aproximadamente el 18% de la población se encontraba sometida al régimen de servidumbre. Por su parte, el Índice Global de Esclavitud estimó que el número de personas en esta situación ascendía a 90.000, lo que supondría una reducción de los 140.000 esclavos de los que la organización informó en 2013.

A la falta de números definitivos —en parte, porque muchos de estos esclavos no tienen identificación— se suma la postura negacionista del Gobierno y de los Beydanes, la minoría poseedora de la mayor parte de la riqueza y el poder político del país, que aseguran que Mauritania es un país libre de esclavos donde la población goza de unas condiciones de vida adecuadas.