Hay pocas afirmaciones que generen tanto consenso como esa que clama: "La transición ecológica será justa o no será". Se la escuchamos decir a la hasta ahora ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica, Teresa Ribera. También a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Incluso al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Y sobre eso, precisamente, se reflexionó durante la jornada Los procesos de gobernanza y participación en el despliegue de energías renovables en Galicia, celebrada en Santiago de Compostela el pasado 29 de octubre. Durante un intenso diálogo, la iniciativa 'Renovables con el territorio', impulsada por la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), quiso sentar a la mesa a todos los actores implicados en esta transición hacia las energías limpias.

El debate estuvo servido. Como también los puntos de entendimiento. Porque, como recordó durante su intervención Mar Asunción, responsable del programa Clima y Energía de WWF España, la lucha contra el cambio climático requiere de un despliegue renovable acelerado. Solo así, aseguró, se podrán reducir las emisiones de CO₂ a la velocidad requerida para que el calentamiento global no supere los parámetros considerados seguros.

Para ello, recordó, no solo "hay que aprovechar al máximo el potencial de ahorro y eficiencia energética, o apoyar el autoconsumo y las comunidades energéticas". También es necesario que haya "renovables". Para lo que, eso sí, "hay que hacer un diseño y una implementación correcta con el territorio".

Al respecto, Armando Iglesias Rodríguez, de Comisiones Obreras de Galicia, puso sobre la mesa esas "conversaciones con la ciudadanía" que se requieren para esa correcta implementación. "No vale que el proyecto [eólico] nos lo pasen ya de una manera avanzada y que no se pueda negociar; tiene que haber conversaciones con los afectados para que la implantación del proyecto no solo cumpla los requisitos a nivel legal y ambiental, sino también las expectativas de la gente".

Y es que esas expectativas, como explicó Adrián Gallero, de Red2Red, no son tan inalcanzables. "No hay una oposición en los territorios rurales ni urbanos a las renovables, lo que hay son altos porcentajes de oposición al cómo, a las formas, a los procesos de implementación". Eso es, insistió, lo que potencia unos conflictos que "no tienen que ver con factores socioeconómicos, sino socioterritoriales o psicocomunitarios".

Para Gallero, la clave es "trabajar desde fases muy iniciales, incluso desde el prediseño, con los territorios". Para ello, puso en valor el trabajo de los grupos de acción local, que "son los agentes principales de los procesos participativos" de la sociedad civil.

Un ejemplo es, precisamente, el que representa Belén Rodríguez con la Asociación para a Defensa Ecoloxica de Galiza (ADEGA). Ella reivindicó la necesidad de foros de debate como el generado por REDS, aunque reconoció que "deberían haber empezado hace muchos años". En concreto, matizó, cuando empezó lo que ella denomina "invasión eólica", es decir, "esos proyectos numerosos que aterrizan en un periodo de tiempo corto, sin comunicación, sin información y que les llegan a los habitantes de los territorios cuando ya no hay nada que hacer".

Comunicar las renovables

El debate, por tanto, no es el de renovables sí o no, sino el cómo, cuándo, dónde y cómo contribuye a la transición ecológica de las diferentes comunidades donde se instalan. Es decir, el conflicto viene de una falta de comunicación que, según todos los asistentes a la jornada, es deficiente.

Para Diego Gago, de beBartlet, por ejemplo, el momento idóneo para que se dé el diálogo entre los diferentes actores implicados —o afectados— en una instalación renovable es, precisamente, "cuando el proyecto ya está lo suficientemente maduro y desarrollado sobre el papel". Eso sí, lo que "no tiene sentido" es "lo que pasaba hasta hace muy poco tiempo: que los ayuntamientos se enteraban por el boletín de turno".

Con él coincidió Alberto Vidal, subdirector de la dirección general de energías renovable y cambio climático de la Xunta de Galicia. "Un proyecto debería salir a información pública completamente consensuada en una fase temprana". Porque, aseguró, lo ideal es que el promotor, durante "todo el desarrollo del proyecto, estuviese abierto a consulta pública".

Eso sí, puntualizó Manuel Requeijo, alcalde de Muras, "el papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es que a los ayuntamientos nos llega poco". Por eso, reclamó que "la participación de la ciudadanía sea real", porque por el momento "el alcance es muy limitado".

La conclusión respecto a esta comunicación y participación renovable fue clara, y Heikki Wilsted, de la Asociación Eólica Española, lo resumió a la perfección: "Todos lo estamos haciendo mal". El diálogo llega tarde y a trompicones, pero lo hace para quedarse.

Paralización a la gallega

Otro de los puntos calientes de las renovables en Galicia es lo que durante la jornada se calificó de "lío en torno a la eólica gallega". Manel Pazo, de la Asociación Eólica de la comunidad autónoma, fue quien acuñó esta expresión que venía a mostrar su sorpresa, pues "llevamos 14 años sin hacer nada". Esto, explicó, se debe a que las diferentes instancias de los tribunales gallegos han paralizado los nuevos proyectos que, dijo, "se han hecho con base en la ley".

Xavier Simón, del Observatorio Eólico de Galicia, argumentó que "la inseguridad jurídica es consecuencia del modelo normativo que definió la Xunta de Galicia, no de las empresas, ni de las leyes, ni de la población civil".

Y es que, indicó, "el modelo que hubo desde 1995 hasta 2010 era bueno desde el punto de vista del impacto industrial y del empleo generado, aunque un desastre a nivel ambiental". Pues, matizó, "permitió 1.500 MW instalados en la Red Natura". En 2017, explicó, "la Xunta decidió liberalizar el mercado" y comenzó esa "invasión de renovables".

Eso, dijo, reavivó los "conflictos históricos" con este recurso, que ahora se refleja en la energía eólica, pero que en el pasado lo hacía en la hidráulica.