El ser humano es falible. En el ámbito de la salud no existe prácticamente actuación sanitaria totalmente inocua. De hecho, pese a los esfuerzos por evitarlos, los errores van a seguir produciéndose y más un contexto tan complejo como el sanitario -incluidos en sistemas sanitarios tan desarrollados como en España-.

Pero los errores necesariamente deberían ser fuente de aprendizaje para construir un sistema sanitario más seguro y prestar servicios sanitarios de calidad. Todo ello es una estrategia necesaria para avanzar hacia una cobertura sanitaria universal efectiva de conformidad con el ODS 3 (salud y bienestar).

El Comité de Bioética de España en su informe de 28 de abril del 2021 sobre los aspectos éticos de la seguridad del paciente con cita a Sir Liam Donaldson ya advertía: "Errar es humano. Ocultar los errores es imperdonable. No aprender de ellos, no tiene justificación”.

La seguridad del paciente no solo se refiere a pacientes susceptibles de sufrir un daño. También hace referencia a los profesionales que permiten que el sistema de salud funcione a diario.

Antes de que con fecha 11 de marzo del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), comunicase que la covid-19 podría considerarse una pandemia, en materia de reclamaciones por supuestas negligencias médicas ya contábamos con un escenario absolutamente desolador. Como consecuencia de la creciente litigiosidad que se venía produciendo.

La causa es que, desde el punto de vista del paciente, la salud ya no es una cuestión de suerte, sino que se concibe como un derecho, lo que implica un cambio de actitud. Se pasa de una situación de sometimiento y resignación a otra de mayor exigencia de calidad y cantidad de prestaciones asistenciales.

La consecuencia lógica de esta creciente litigiosidad o judicialización de batas blancas es la práctica de una medicina defensiva. En definitiva, el empleo de una práctica asistencial, mediante el empleo de medios diagnósticos o terapéuticos, a demanda del usuario. Todo ello con el fin de evitar ser demandado o reclamado judicialmente.

Los errores necesariamente deberían ser fuente de aprendizaje para construir un sistema sanitario más seguro

Como consecuencia de la pandemia por covid-19 creo que todos hemos adquirido conciencia de nuestra vulnerabilidad. Al igual que debiéramos haber aprendido a comprender y entender las limitaciones de la ciencia.

Socialmente se ha conseguido volver a poner en valor el trabajo de nuestros sanitarios, quienes han demostrado una solidaridad, responsabilidad y generosidad inmensas.

Nos encontramos con un escenario propicio para recuperar la confianza necesaria que debe reinar siempre en la relación médico-paciente.

En la actualidad, las políticas que se están impulsando en torno a la seguridad del paciente, recomiendan tanto la comunicación e información a los pacientes y/o familiares ante la ocurrencia de cualquier error, como la disculpa al igual que la indemnización económica cuando proceda. Hay que evitar a toda costa judicializar los conflictos sanitarios.

Reforzar la seguridad del paciente implica no solo la reducción de costes en relación con los daños y la mejora de la eficiencia de los sistemas de atención a la salud. También contribuye a restaurar la confianza de pacientes y del profesional sanitario en nuestros sistemas de salud pero, sobre todo, la de médico-paciente.

Toca cambiar de mentalidad, pasar de la cultura de la búsqueda de un culpable a analizar la acción que provoca el error para evitar que se pueda volver a producir. Hay que informar al paciente, disculparse y evitar la judicialización del conflicto sanitario. Hay que humanizar el conflicto.

Nos encontramos con un escenario propicio para recuperar la confianza necesaria que debe reinar siempre en la relación médico-paciente

Este cambio, sin duda, fomentará un clima de seguridad abierto y de confianza mutua  de pacientes y de profesionales sanitarios en nuestro sistema de salud.

Son muchos los expertos que están vaticinando que tras esta crisis sanitaria se avecina otra jurídica-sanitaria. El pasado 15 de diciembre de 2021 se aprobó el Anteproyecto de la Ley de Medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, señalando diferentes sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos en el sector salud.

Resolver los conflictos que se avecinan en un contexto tan complejo como el sanitario y hacerlo de modo directo, al margen de los tribunales, con menos costes, con agilidad, sencillez y a través del diálogo, es todo un reto al que ahora más que nunca es preciso dar respuesta.

***Ofelia de Lorenzo es socia y directora del Área Jurídico Contenciosa en De Lorenzo Abogados y vicepresidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS).