El Gobierno ha pasado de las palabras a la acción y va a atajar el despilfarro alimentario. El pasado 11 de octubre, el Consejo de Ministros dio luz verde, en primera lectura, al proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

Es un paso adelante muy significativo en la dirección hacia un desarrollo sostenible en materia alimentaria. Por primera vez, España va a tener una normativa específica sobre esta cuestión, de la que ya disponen algunos países de nuestro entorno como Francia o Italia.

El despilfarro de alimentos es algo que la sociedad del siglo XXI no puede permitirse bajo ningún concepto.

El panel de cuantificación del desperdicio de alimentos en los hogares del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) nos alerta de que, en 2020, tres de cada cuatro familias tiraron a la basura comida sin consumir, 1.364 millones de kilos/litros en total, lo que significa una media de 31,3 kilos/litros por persona. Es una cifra intolerable.

Y no es la parte principal del problema, ya que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que la mayoría del desperdicio alimentario en el mundo se produce fuera de los hogares.

Estas estimaciones señalan que dentro de las casas se produce el 40% de la pérdida alimentaria, mientras que otro 40% tiene lugar en la fase de producción, almacenamiento y distribución. Un 15% sucede en la restauración, y un 5% en el comercio al por menor.

El despilfarro de alimentos es algo que la sociedad del siglo XXI no puede permitirse bajo ningún concepto

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unida, se recoge el de “reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y con respecto a los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en la cadena de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha”.

Es evidente que esta ley es un instrumento estratégico para alcanzar esta meta. Pero trasciende algo más allá, porque contribuye también a otras aspiraciones de la Agenda 2030.

Reduce las pérdidas de alimentos implica mejorar la seguridad alimentaria, colabora en la erradicación del hambre, favorece una gestión más eficiente de recursos naturales limitados como el agua o el suelo, reduce las emisiones a la atmósfera y aporta en la lucha contra el cambio climático, y permite avanzar en la sostenibilidad de los ecosistemas marinos y terrestres.

Y todas estas cuestiones están agendadas entre los objetivos de sostenibilidad de Naciones Unidas.

El desarrollo sostenible debe armonizar crecimiento económico, inclusión social y protección del medio ambiente. Y esta ley se enfoca en esas tres dimensiones.

Además, marca unas pautas de comportamiento en favor del aprovechamiento de alimentos y recursos que dirigen hacia el desarrollo de una economía circular, establece una jerarquía de usos en la que el consumo humano tiene preferencia absoluta, y apunta hacia la reducción del impacto ambiental que se deriva de la producción y eliminación de residuos.

El desarrollo sostenible debe armonizar crecimiento económico, inclusión social y protección del medio ambiente

La necesidad de reducir el impacto ambiental que generan actividades como la agricultura y la ganadería viene siendo objeto de un amplio debate en los últimos años.

Las políticas agrarias están cada vez más enfocadas hacia este objetivo, y un claro ejemplo, el que nos toca más de cerca, es la arquitectura ambiental que ha marcado la reforma de la Política Agraria Común (PAC), orientada hacia las estrategias de Biodiversidad y De la Granja a la Mesa de la Unión Europea.

La agricultura se encuentra ante la encrucijada de tener que reducir su impacto ambiental para hacerse más sostenible, al tiempo que el mundo le demanda una mayor producción para satisfacer las necesidades de alimentos.

La FAO estima que hasta el año 2050 será necesario incrementar hasta un 70% la producción actual para atender las necesidades de la población mundial. La urgencia de transitar hacia unos sistemas alimentarios más seguros y sostenibles ha sido precisamente el tema central de la reciente Cumbre de Sistemas Alimentarios convocada por Naciones Unidas.

Nos enfrentamos a un reto muy exigente: cómo producir más alimentos utilizando menos recursos naturales.

En este marco no hay lugar para el despilfarro de alimentos. Es un contra sentido, por razones económicas y ambientales, pero sobre todo es un compromiso ético y moral que debe implicar a toda la sociedad. La ley plantea, por eso, obligaciones de buenas prácticas, para evitar las pérdidas de alimento y fomentar el aprovechamiento en todos los eslabones y agentes de la cadena alimentaria, desde el momento de la cosecha hasta nuestros propios hábitos como consumidores.

En el desperdicio de alimentos, todos podemos ser protagonistas de la solución del problema

Para aprovechar los alimentos que por una u otra razón se vean desechados de la cadena –aun siendo aptos para el consumo– y evitar que acaben en la basura, el uso humano será prioritario. Para ello, la ley estipula el mecanismo de acuerdos de donación con organizaciones sociales y bancos de alimentos.

No se parte de cero. Las empresas españolas de la industria alimentaria están cada vez más concienciadas del impacto que supone en términos económicos, sociales y medioambientales el desperdicio de alimentos.

Cerca de un 71% de las industrias dispone de una estrategia interna definida para luchar contra el desperdicio y un 51% promueve acciones conjuntas con sus proveedores para reducirlo. Asimismo, un 80,4% de las empresas tiene un acuerdo de colaboración estable para la donación de sus excedentes alimentarios.

La gran distribución de nuestro país también está experimentando importantes avances y ha conseguido reducir a la mitad la cantidad de excedentes alimentarios no aprovechados.

Pero queda mucho trayecto, y donde más es necesario avanzar es en el consumo del hogar, en la responsabilidad personal. Por mucha regulación que se realice desde las Administraciones públicas, no servirá de nada si no existe una concienciación y un compromiso social para combatir este problema.

Por eso, desde las Administraciones, realizaremos campañas de concienciación, pedagogía y fomento de buenos hábitos, como la que se llevó a cabo bajo el lema “Aquí no se tira nada” y que puso en marcha el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el desperdicio de alimentos, todos jugamos un papel clave, porque todos podemos ser protagonistas de la solución del problema.

***Luis Planas Puchades es ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.