Las voces de las más de 100.000 personas que se congregaron el 17 de octubre de 1987 en la Plaza del Trocadero en París sonaron al unísono para reclamar, bajo el liderazgo del Padre Joseph Wresinski, la urgente necesidad de poner fin a la miseria y dar efectivo cumplimiento a los derechos humanos de una forma verdaderamente universal.
Con ese espíritu, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza; una jornada que desde el año 1993 conmemoramos con el propósito de reflexionar de manera colectiva sobre el improrrogable desafío que tenemos por delante.
El de acabar con el contraste que supone vivir en un mundo que ha alcanzado un nivel de desarrollo económico y tecnológico sin precedentes, pero en el que millones de personas siguen sufriendo pobreza, hambre, violencia y situaciones que tan sólo pueden calificarse como indignas.
Precisamente, el tema del presente año gira en torno a la importancia de impulsar la dignidad y la solidaridad entre las comunidades, así como el empoderamiento y la visibilización social de las personas que de manera intolerable y sistemática sufren discriminación, exclusión o estigma.
De acuerdo con Naciones Unidas, 783 millones de personas -lo que equivale al 10% de la población mundial- viven en situación de pobreza extrema. Esto es, con ingresos inferiores a 1,90 dólares al día; la mayoría de las cuales se concentran en dos regiones: Asia meridional y África subsahariana.
Pero la pobreza no solo debe medirse a través de la insuficiencia de ingresos o contemplarse únicamente como algo propio de regiones o países en vías de desarrollo, sino que debe ser tratada desde una perspectiva multidimensional y holística.
Pues, tal y como se recoge en los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos del año 2012, afecta a los recursos y capacidades básicas de una persona para vivir con dignidad.
En este sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha implementado el llamado Índice de Pobreza Multidimensional, que en torno a los ejes educación, salud y nivel de vida recoge hasta diez indicadores para evaluar las carencias que sufren las personas, además de las económicas.
Tanto a nivel individual como colectivo, tales como el acceso a elementos tan esenciales como el agua potable, la electricidad, la escolarización primaria o una nutrición adecuada.
Debemos abordar la pobreza de una forma integral y ello exige poner en el centro a las personas bajo criterios de eficiencia, justicia social y sostenibilidad
Si tenemos en cuenta los referidos parámetros, la cifra de personas multidimensionalmente pobres sube de manera alarmante hasta los 1.300 millones. De las cuales el 84% se localizan en las zonas rurales, siendo la mitad, niños y niñas en edad escolar, y con una afectación estructuralmente más intensa en las mujeres.
En España, aún a pesar de ser la cuarta economía de Europa, más de 2 millones de niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza; una situación que el Gobierno, según podíamos leer esperanzados recientemente en la prensa, pretende revertir a través de un ambicioso plan económico de 779 millones para el próximo sexenio.
La falta de una vivienda digna, de un trabajo decente o de los recursos formativos necesarios impiden la realización y el ejercicio de derechos que por definición deberían ser materialmente inalienables. Y aboca a millones de personas a un escenario de persistente precariedad, peligrosidad, vulnerabilidad, falta de representatividad e injusticia.
Además, la irrupción de la covid-19 amenaza con revertir los logros alcanzados en las últimas décadas, con especial incidencia en los jóvenes y en las mujeres, como ha alertado la Secretaria General adjunta de las Naciones Unidas, Alima Mohamed. Siendo, por tanto, imprescindible que en la recuperación que ahora se pretende tomen fuerza las iniciativas globales de lucha contra la pobreza.
La cifra de personas multidimensionalmente pobres sube hasta los 1.300 millones, de las cuales el 84% se localizan en las zonas rurales
Muchas de las desigualdades se producen a causa de desastres naturales -como terremotos, deslizamientos de tierra o inundaciones- y, por tanto, tienen lugar de forma impredecible; pero la gran mayoría tienen su origen más inmediato en conflictos armados o en recesiones económicas.
Situaciones donde la acción del hombre está muy presente y en las que, en cualquier caso, tiene la responsabilidad de evitarlas o de, al menos, trabajar para aliviar sus efectos y corregir sus consecuencias.
Por eso, el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas es, precisamente, el de poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; y a tal fin, los poderes públicos, las organizaciones, las empresas y la sociedad civil en su conjunto, deben ser cómplices y trabajar unidos para tejer una red de protección social que sea eficaz y efectivamente inclusiva.
Para ello, resulta fundamental la creación de alianzas, el impulso de fondos y programas de desarrollo, el refuerzo de los sistemas de protección pública y batallar contra la corrupción, que de manera lacerante se empeña en pulverizar las aspiraciones que todos y todas tenemos de poner fin a la vulnerabilidad de las personas.
En España, aún a pesar de ser la cuarta economía de Europa, más de 2 millones de niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza
Debemos abordar la pobreza de una forma integral y ello exige reforzar las instituciones conforme a los postulados propios de una democracia y dirigir, asimismo, el desarrollo tecnológico, poniendo en el centro a las personas bajo criterios de eficiencia, justicia social y sostenibilidad.
La igualdad de oportunidades nos conduce a la cohesión social y medioambiental que tanto anhelamos y, por ende, a la paz entre las comunidades y los asentamientos humanos.
Esa es, precisamente, junto a la dignidad como condición inherente de toda persona, la razón por la que debemos unirnos para erradicar la miseria, pues como dijo el emblemático defensor de los derechos humanos, Nelson Mandela: "mientras la pobreza persista no habrá libertad verdadera".
*** Maria Eugenia Gay es Decana del Colegio de Abogacía de Barcelona (ICAB)