Nadie haría conscientemente una inversión condenada al fracaso. Por eso, en una Unión Europea que ya se dirige hacia una transformación de su sistema económico y productivo –hablamos de descarbonización y digitalización, las dos tendencias, ya importantes en la recuperación de la crisis de la pandemia, sobre las que se construye la Europa del futuro– es vital elegir los proyectos con mucho cuidado.
Y más en una época en la que todo se etiqueta como verde sin saber muy bien con qué motivación se hace.
Susana Solís es eurodiputada de Ciudadanos en el Parlamento Europeo
La descarbonización de nuestras economías exige una inversión sin precedentes: al menos 350.000 millones de euros adicionales por año respecto a la década pasada, si queremos llegar a los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones que nos hemos fijado a nivel europeo para 2030.
Complementar inversión pública con capital privado es la única opción realista para movilizar semejante cantidad de recursos financieros. No hay alternativa. Y ahí es donde entran en juego dos conceptos que ahora se escuchan con frecuencia: taxonomía y finanzas sostenibles.
Las finanzas sostenibles evalúan si una inversión es idónea. Emplean para ello variables ambientales, sociales y de gobernanza, factores que van más allá del mero rédito comercial y dan a la inversión perspectiva a largo plazo. Es una forma de que los flujos de dinero vayan hacia tecnologías y empresas centradas en los pilares de la transición ecológica.
¿Podemos entrar en una dinámica de esta envergadura sin referencias claras? Imposible. Nadie maneja la cocina de un restaurante de referencia sin contar con un buen libro de recetas, con una lista de principios y métodos de clasificación que nos permita establecer una ordenación jerarquizada y sistemática.
Exactamente, eso es la taxonomía. Y acabamos de tener un ejemplo de su aplicación hace unos días, cuando la Comisión Europea ha colocado la energía nuclear y el gas natural en el foco mediático con motivo de su entrada –o no– en la lista de inversiones recomendables hacia un futuro verde.
Complementar inversión pública con capital privado es la única opción realista para movilizar semejante cantidad de recursos financieros
La taxonomía, por tanto, es el listado de requisitos técnicos que las actividades económicas deben cumplir para poder ser consideradas sostenibles o verdes. Está concebida como una herramienta de transparencia para empresas e inversores que ofrece definiciones homogeneizadas de sostenibilidad.
La normalización es muy importante para evitar el greenwashing: que alguien se venda como ecológicamente sostenible de cara a la galería, pero no lo sea realmente. Gato por liebre, en otras palabras.
También cabe destacar que es un instrumento dinámico, basado en la ciencia y que debe ser periódicamente actualizado. El esfuerzo que la UE ha hecho por categorizar todas las actividades económicas dentro de estos parámetros de sostenibilidad es digno de consideración.
Un tremendo esfuerzo jurídico que nos posiciona otra vez a la cabeza de la implantación de estándares internacionales, como ya se hizo con el Reglamento General de Protección de Datos. Es esencial que todos hablemos el mismo lenguaje cuando nos referimos a lo verde y lo sostenible, y este es el mejor camino posible.
Antes citábamos la polémica propuesta de la Comisión para incluir tanto la energía nuclear como el gas natural en el listado. El Gobierno de España pertenece al grupo minoritario de Ejecutivos europeos que se oponen a dicha inclusión, pese a la explícita limitación del gas como fuente transitoria hasta 2030 y al exhaustivo informe científico que acredita la seguridad, fiabilidad y bajas emisiones de la nuclear.
La propuesta, una vez adoptada de forma definitiva, será sometida al escrutinio de los colegisladores, es decir, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, que tendrán entre cuatro y seis meses para adoptar o rechazar la iniciativa en su totalidad.
Si bien la taxonomía es una pieza fundamental para encauzar la inversión hacia la sostenibilidad, esta no deja de ser la parte de un todo. Más allá de la fijación de los criterios técnicos, hay otra serie de herramientas complementarias. Durante 2022, y de forma paralela al continuo despliegue de la taxonomía, el Parlamento trabajará en los bonos verdes europeos, la directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad y la gobernanza corporativa sostenible.
Es esencial que todos hablemos el mismo lenguaje cuando nos referimos a lo verde
La propuesta sobre los bonos verdes añadiría un nuevo instrumento estandarizado al arsenal comunitario, diseñado para captar capital en búsqueda de proyectos sostenibles. Está siendo concebida como una medida voluntaria, pero la tendencia será ir hacia una mayor obligatoriedad.
Todos los proyectos que se financien a través de los bonos verdes deberán cumplir con los criterios técnicos que le correspondan según la clasificación de la taxonomía, y ser evaluados por agentes independientes. La iniciativa contaría, además, con la obligación a todos los emisores de bonos verdes europeos de contar con su propio plan detallado para alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Una vez adoptados los estándares técnicos y con bonos verdes europeos con los que articular la inversión, es fundamental todo lo que concierne a la información, y a involucrar de forma proactiva a los agentes privados en la transición hacia una economía sostenible.
En este espíritu, la propuesta de directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad busca extender los requisitos de transparencia no financiera, para que las grandes empresas (con más de 500 empleados) y las pymes que coticen en mercados públicos tengan obligación de informar sobre el impacto de sus actividades desde enero de 2026.
La taxonomía verde europea servirá de referencia para comparar y contrastar la información que las empresas faciliten.
En general, 2022 es un año en el que la agenda legislativa europea dará un fuerte impulso al diseño del nuevo sistema de finanzas sostenibles, llamado a reconfigurar el paradigma actual de flujos financieros y la cultura corporativa para generar seguridad jurídica, trasparencia y apetito al inversor por la sostenibilidad.
Traducción: no vale quedarse en las meras palabras; va a ser necesario respaldarlas con hechos.
***Susana Solís es eurodiputada de Ciudadanos en el Parlamento Europeo.
