La guerra de Ucrania, la pandemia de la covid-19, la evacuación de Afganistán y la crisis alimentaria que acecha al planeta nos recuerdan que el mundo de hoy se enfrenta a numerosos desafíos que no entienden de fronteras y que requieren de una respuesta global a partir de la cooperación para el desarrollo.

España ha dado una respuesta a la altura de estos desafíos. Lo han hecho los españoles, que han demostrado una vez más lo que nos recuerda cada año el Eurobarómetro: somos una de las sociedades europeas más solidarias y comprometidas con la cooperación. Nuestro país es la primera fuente de contribuciones privadas a ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.

También han estado a la altura los poderes públicos y, en particular, la cooperación española, como instrumento al servicio de la sociedad para canalizar esa solidaridad. España ha comprometido ya 70 millones de dosis de vacunas, lo que le convierte en el séptimo donante mundial y el segundo en América Latina.

Durante unas semanas el pasado verano, Torrejón se convirtió en “el alma de Europa”, en palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como centro de distribución de refugiados afganos.

Ucrania ha sido el último ejemplo. En paralelo a la explosión de solidaridad de la sociedad española para ayudar al pueblo ucraniano ante la ilegal, ilegítima e injustificada agresión de Vladimir Putin y acoger a los ya más de 138.000 refugiados, el ministerio que dirijo ha canalizado, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el mayor paquete de ayuda humanitaria en emergencias de la historia de la cooperación española: más de 31 millones de euros.

Más recientemente, hemos anunciado una nueva contribución de 1,5 millones de dólares (unos 1,4 millones de euros), a través del Fondo España-UNESCO para salvaguardar el patrimonio cultural y educativo ucraniano.

Durante casi 25 años, la Ley de Cooperación de 1998 ha guiado estos esfuerzos de solidaridad. Desde entonces, el mundo ha cambiado notablemente y han surgido nuevos marcos estratégicos como el Acuerdo de París de 2015 para hacer frente al cambio climático o la propia Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En estos años, nuestra cooperación ha desarrollado grandes fortalezas, como un modelo basado en la escucha y una notable presencia sobre el terreno. Pero también han surgido importantes disfuncionalidades que es preciso corregir para reforzar el impacto y la eficacia de nuestras acciones, adaptar sus instrumentos, mejorar la coordinación entre actores y construir nuevas alianzas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por todo ello, ha llegado el momento de la reforma de nuestra cooperación. Una reforma largamente demandada y apoyada por un amplio consenso para reforzar la cooperación en su doble vertiente de política pública y de elemento integral, central y definitorio de nuestra acción exterior. Una reforma que renueve el compromiso con los valores que enuncia el Preámbulo de nuestra Constitución, que sigue teniendo hoy plena vigencia:

“La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.”

Nuevo proyecto de ley

El pasado 31 de mayo, el Gobierno aprobó el Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Este está siendo un proceso altamente participativo: en el marco de una amplia consulta pública se han recibido más de 130 aportaciones de diversos actores y colectivos, y se han incorporado un 97% de las mismas.

Esa misma voluntad participativa inspirará la tramitación parlamentaria de la ley, para la cual el Gobierno ha tendido la mano a todos los grupos políticos sin distinción. La cooperación debe ser una política de Estado y, para ello, queremos construir un consenso lo más amplio posible también en las Cortes Generales a partir de las tres grandes apuestas de la Ley.

En primer lugar, la ley define un nuevo modelo de cooperación, apostando por una visión vanguardista en el ámbito internacional y europeo a partir de la coherencia de políticas y de un nuevo paradigma que reposa en las alianzas con la sociedad civil y las ONG, que son actores fundamentales en el sistema español, el sector privado o el mundo académico.

Además del combate a la pobreza, se apuesta por otros objetivos como la lucha contra las desigualdades, la acción climática, la transición ecológica justa o la promoción de la igualdad de género y los derechos humanos.

Se recoge además en la ley el mandato de alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte 2030. En 2022 ya hemos dado un importante primer paso con casi 400 millones de euros más, recuperando una década de reducción de la ayuda.

En segundo lugar, la ley también mejora la gobernanza de nuestro sistema bajo el impulso del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Se establecen nuevas estructuras de coordinación, concertación y colaboración, como un nuevo consejo superior y una conferencia sectorial, para asegurar una mejor representación y una participación ampliada de los distintos actores del sistema.

La ley apuesta por la riqueza que representa la diversidad del sistema y, en particular, la cooperación descentralizada de las comunidades autónomas y entes locales, que reciben un claro respaldo. Se refuerza igualmente a la AECID como piedra angular del sistema a través de un nuevo estatuto que mejorará sus capacidades de programación, coordinación y diseño y diálogo de políticas.

En tercer lugar, la ley refuerza las capacidades e instrumentos del sistema. La cooperación financiera, instrumento clave para el futuro de la cooperación, se refuerza y moderniza con el nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), que será fundamental, por ejemplo, para cumplir nuestros ambiciosos objetivos en materia de financiación climática.

La acción humanitaria, tan necesaria en Ucrania y Afganistán, ocupa también un lugar central, con el objetivo de destinar al menos el 10% de la AOD a tal fin. Se avanzan reformas en materia de personal, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las personas cooperantes y sentar las bases de una carrera profesional que asegure la atracción, capacitación y promoción del talento.

Se apuesta además por la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de las acciones de cooperación, además de por un nuevo sistema de evaluación de impacto y gestión del conocimiento.

Ante desafíos como la guerra en Ucrania y la crisis alimentaria que se avecina, la pandemia y las consecuencias de la crisis climática, la cooperación para el desarrollo sostenible es más necesaria que nunca. En un mundo interconectado, para que a los españoles les vaya bien, es indispensable que a nuestros socios también les vaya bien.

La cooperación es una cuestión de valores, pero también de intereses: de la vacunación a la acción humanitaria, de la defensa de los derechos humanos a la prevención de conflictos. A los españoles les interesa tener una cooperación a la altura de los desafíos que el mundo tiene por delante y de la propia solidaridad de la sociedad española.

*** José Manuel Albares es ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.