A lo largo de este siglo, la presencia de las herramientas digitales en las actividades de producción de bienes y servicios, o en cualquier otro ámbito de la vida de las personas, ha sido espectacular y lo seguirá siendo en el futuro. La cuarta revolución industrial que se avecina está llamada a cambiar el mundo en su escala, alcance y complejidad al modificar la forma en que vivimos y participamos de los cambios que experimenta la sociedad.

Para la educación superior representa una oportunidad que no debe desaprovecharse. La obligará a acelerar la reinvención de sus modelos de desarrollo, definir estrategias que den más valor al impulso de la ciencia, la innovación tecnológica y servicios científico-tecnológicos.

También será una buena ocasión para renovar las teorías y las metodologías de formación. Y para aprovechar la inteligencia artificial y otras innovaciones informáticas, fomentar el uso de big data o del blockchain, e incorporar las llamadas competencias para el siglo XXI y fortalecer la relación con la ciencia política.

En ese sentido, los países y las universidades necesitan, desde ahora, formar expertos, docentes e investigadores al más alto nivel de calificación en especialidades clave de las tecnologías digitales, así como poner énfasis en los programas académicos al desarrollo de competencias STEM y las capaces de generar innovación.

Para las instituciones de educación superior latinoamericanas es un reto enorme pues, en parte, el escaso nivel de industrialización hizo que la educación sea uno de los sectores que menos avanzó en el aprovechamiento de las tecnologías. Para la mayoría de esas instituciones, el tránsito hacia lo digital es uno de los principales desafíos que enfrentarán, sobre todo, cuando su modelo de gestión académica y administrativa ha sido esencialmente analógico.

Asimismo, implicará superar la resistencia de algunos actores opuestos al cambio, disponer de más recursos en momentos en que las limitaciones financieras se den en la mayoría de los países, superar las trabas burocráticas o aceptar que la transformación digital conlleva revisar los planes de formación y perfiles del personal, suprimiendo algunos cargos o reemplazándolos con otros para cubrir nuevas funciones.

Habrá personal que resultará prescindible, como el que no se adapta al enfoque multidisciplinar, de competencias y al uso de las nuevas tecnologías y didácticas de formación. Habrá docentes e investigadores que tendrán que competir por sus puestos de trabajo con otros que trabajen en otros países.

Habrá gastos que dejarán de ser necesarios y más bien surgirán otras demandas de financiamiento como las de contar con buenas plataformas y material de aprendizaje. También, reorientar recursos demandará una reforma presupuestaria muy significativa.

Es cierto que en Latinoamérica hay universidades que son la excepción, pero son muy pocas. Son universidades que se unen y participan con otras similares, así como con empresas, centros de investigación, agencias de cooperación internacional y gobiernos en la generación de propuestas para revertir el rezago con el que sus estructuras y contenidos se van adaptando a la sociedad digital y a los mercados de trabajo. Ellas podrán ser el germen para producir el efecto multiplicador hacia el resto de las universidades latinoamericanas.

Sin embargo, es indispensable que todas las que ingresen a procesos de transformación cuenten con el apoyo de la cooperación —nacional, horizontal e internacional—, así como de alianzas con centros académicos ubicados en economías de mayor desarrollo.

La relación universidad-empresa-Estado debe aprovecharse intensamente. De ella pueden surgir emprendimientos, como las empresas semillas, emergentes o derivadas (spin offs, start ups, spin outs), así como los centros de transferencia de tecnología.

Basarse en la evidencia y en una buena gestión es indispensable para reducir al mínimo los errores. Hay que recordar que los costos de transformación para la inserción en la sociedad digital serán altos; por eso, variables como la voluntad de cambio, la perseverancia y el liderazgo son fundamentales para una inversión inicial que exigirá el incremento de la recaudación de impuestos y un uso de recursos con altísima eficiencia.

Ayudará mucho que los países cuenten con planes consensuados que establezcan cómo llegar a una real democratización del acceso a las tecnologías con mejores condiciones de conectividad, de costo y calidad de servicios. Es creciente el reclamo de que el acceso a la conectividad sea un derecho de las personas y que tenga más desarrollo en todos los sectores de la actividad económica y social.

No debe desaprovecharse que la pandemia permitió al sistema educativo avanzar en la mayor incorporación de las tecnologías en sus procesos de gestión académica e institucional. La capacitación y autocapacitación permitió que los docentes incrementaran sus capacidades de manejo informático y que los estudiantes perfeccionaran sus competencias tecnológicas.

El desarrollo de herramientas y aplicaciones como Zoom y Google Meet fue un paso importante, así como la puesta en valor del teléfono móvil y de algunas aplicaciones tecnológicas como factor de aprendizaje.

Queda no descuidar el desarrollo de la educación no presencial, pues en la región su oferta aumentó casi 50% frente a las presenciales. Y según el Informe diagnóstico de la educación superior post COVID en Iberoamérica, publicado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en colaboración con CAF, en 2010 constituían el 11,4 % de la oferta académica, y en 2019 habían crecido al 17,5%.

Seguramente esos porcentajes son excepcionales, pero son un paso importante para construir opciones de oferta de educación híbrida adaptables a las realidades y contextos nacionales.

Adicionalmente, para ir consolidando la aceptación entre los usuarios y los sectores de empleabilidad, será recomendable que el desarrollo de estas ofertas vaya respaldado de sistemas de acreditación que avalen la calidad de sus programas. Un ejemplo es el sello Kalos Virtual Iberoamérica, puesto en marcha por la OEI el año pasado, que ya hoy audita programas de cuatro universidades líderes de educación superior a distancia en la región, como la UNED en España, la UNAD de Colombia, la UNAM de México o la UTPL en Ecuador.

*** Hugo Díaz Díaz es miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).