En 2015, España se comprometió a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los cuales incluyen la meta global de reducir a la mitad la pérdida y el desperdicio de alimentos para 2030. En línea con estos objetivos, el pasado 11 de mayo se aprobó en el pleno del Congreso de los Diputados, sin ningún voto en contra, el Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Con ello, pasó a su tramitación en el Senado marcando así un hito como la primera ley a nivel nacional para abordar las preocupantes cifras de desperdicio de alimentos en nuestro país. Sin embargo, el adelanto electoral y la disolución de las Cortes frenó su tramitación parlamentaria, quedando así suspendida la aprobación definitiva de una ley tan necesaria como ésta.
¿Por qué es importante que una ley de estas características se haga realidad? Porque hay datos que deben hacernos reflexionar. Cada año se desperdician más de 2.500 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo, de las cuales 7,7 millones corresponden a España. Estas cifras preocupantes no solo representan una enorme pérdida económica de 1,2 billones de dólares a nivel global, sino que también plantean serios interrogantes en términos sociales, dado que 828 millones de personas en el mundo están en situación de inseguridad alimentaria.
Además, desde una perspectiva medioambiental, el desperdicio de alimentos contribuye al despilfarro de recursos naturales y representa aproximadamente el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según datos de WWF.
Con esta ley nos hubiéramos posicionado como el tercer país de la Unión Europea que aprueba una normativa a nivel nacional que implica y marca la dirección a seguir para todos los operadores y actores de la cadena de valor. La norma, que incluía algunas de las cuestiones que pedíamos desde Too Good To Go a los grupos parlamentarios, contemplaba una jerarquía de prioridades obligatoria y además obligaba a atender, en primer lugar, a la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario antes de llevar a cabo cualquier otra acción como la redistribución de excedentes. Desde el principio, nosotros defendimos que esto era fundamental para abordar el desperdicio de comida desde un punto de vista integral, pues el mejor residuo es el que no se genera.
Por otro lado, gracias a las últimas enmiendas, la norma también extendía la cuantificación del desperdicio alimentario a toda la cadena de valor, atendiendo a una petición que veníamos haciendo desde el principio y que habría permitido dar seguimiento a la evolución de las cifras para avanzar de forma más eficaz hacia un país con menos desperdicio.
En línea a lo que solicitábamos, incorporaba también el deber de las administraciones públicas de promover que los agentes de la cadena incentiven la compra de productos con fecha de caducidad o de consumo preferente próxima a través de medidas promocionales de venta, algo en lo que ya estamos apoyando a los establecimientos a través de la app Too Good To Go.
Una oportunidad para combatir el desperdicio
Es importante que la sociedad en su conjunto, y las organizaciones y empresas específicamente, no nos rindamos y sigamos trabajando incansablemente para asegurarnos de que todos los esfuerzos realizados hasta ahora por todas las entidades que han participado en este proceso no sean en vano.
Esta situación tenemos que verla como una nueva oportunidad para poner en marcha una ley más ambiciosa y eficaz que, además de lo que incluía la norma que ya estaba sobre la mesa, incorpore también cuestiones como objetivos específicos de reducción de desperdicio alimentario a nivel nacional, una definición del desperdicio alimentario alineada con la definición comunitaria y medidas incentivadoras y de simplificación que promuevan la donación y otras formas de redistribución de los alimentos no vendidos.
Es crucial pensar en la lucha contra el desperdicio alimentario como un reto al que debemos comprometernos como país. Este problema no entiende de ideología política, gobierno o elecciones, y la próxima legislatura será clave para cumplir con nuestros compromisos a nivel internacional y con la Agenda 2030.
Por ello, confiamos en que el próximo equipo de gobierno que salga de las urnas en julio (y a la oposición resultante) continúe con el trabajo que ya se había iniciado. Y es que sólo mediante la cooperación entre gobiernos, organizaciones, empresas y consumidores podremos avanzar hacia un planeta sin desperdicio alimentario y lograr un futuro más sostenible para las nuevas generaciones.
*** Marie Lindström es directora de Too Good To Go en España.