Parece que la economía social está de moda. El año pasado pudimos ver cómo ocupó titulares y estaba presente en muchos discursos. Así, a principios de 2023, y a instancias del gobierno español, la ONU aprobó la resolución Promover la Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Sostenible. Se trata de un hito histórico, ya que supone la primera resolución que decide impulsar de manera global la economía social y solidaria.
Para entender qué es la economía social y solidaria podemos acudir a las definiciones oficiales, como las recogidas por la OIT (Organización Internacional de Trabajo) el pasado 2022 y por la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. Hablamos de la economía generada por entidades sociales como asociaciones, fundaciones, cooperativas, empresas de inserción, etc.
Además, vienen a compartir principios como la primacía de las personas sobre el capital social, democráticos en su toma de decisiones y gobernanza, transparencia y la reinversión de la totalidad o la mayor parte de sus beneficios en los fines sociales bajo los que desarrollan su labor.
Dicho de otro modo, se trata de la economía que busca un beneficio social, que no mide su éxito en cuentas de resultados, sino en atender una necesidad de nuestra sociedad.
Por su parte, la Unión Europea aspira a seguir liderando este movimiento, a lo que se suma, en el mes de octubre, y de nuevo a instancias de nuestro país, una recomendación para desarrollar la economía social en toda la Unión Europea, aprobada por el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores.
La celebración de la Conferencia Europea de Economía Social en San Sebastián en noviembre, promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marco de la Presidencia española del Consejo de la UE, sirvió para certificar la innegable aportación de la economía social a la creación de empleo de calidad, así como su demostrada rentabilidad.
A nivel europeo, la economía social proporciona empleo a casi 14 millones de personas, lo que representa el 6,3% de la mano de obra de la UE. En España, gracias a este modelo que prima el beneficio social sobre el económico, se emplean dos millones de personas, alcanzando un aporte del 10% al PIB. Estos datos sitúan el rol de la economía social: un actor a tener en cuenta.
La Conferencia contó con un hito destacable, la firma del Manifiesto de San Sebastián. Los 19 países miembros e instituciones europeas constataron el firme compromiso de alinearse en medidas de promoción y avances legislativos en esta materia.
Es más, se comprometieron a poner en marcha medidas obligatorias para aplicar de manera ambiciosa el Plan de Acción Europeo de Economía Social, a renovar el Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo. En definitiva, a hacer de la economía social un instrumento en la política exterior de la UE y a movilizar fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros instrumentos de la UE.
Así, el Manifiesto de San Sebastián otorga el papel relevante que tiene que jugar la economía social en la transición verde, social y justa. Reforzar la economía social es sinónimo de trabajo digno y de calidad, de empresas comprometidas con el clima y la calidad de vida.
En AERESS (Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria) seguimos este modelo y filosofía desde hace ya 30 años. Nuestras entidades asociadas tienen un objetivo social y medioambiental: dar trabajo y oportunidades a personas en riesgo de exclusión social a través de la recuperación de materiales y residuos.
En AERESS, se conjugan los objetivos de la economía social para atender las necesidades de las personas y los de la economía circular para atender las del planeta.
Nuestra labor, conectada con las carencias y desafíos actuales, precisa no solo de declaraciones institucionales, sino de apoyo tangible. El sector público debe cumplir con la legislación sobre contratación reservada a entidades sociales, y llevar de la teoría a la práctica sus compromisos.
Al mismo tiempo, si se reconoce que las entidades sociales no jugamos con las mismas reglas de juego que la economía tradicional, ésta se deberá adaptar a nuestro ecosistema para garantizar nuestros impactos. Una medida reivindicada históricamente por nuestro sector es la reducción del IVA en los artículos de segunda mano de la economía social y solidaria.
Cerramos 2023 como un gran año de hitos para nuestro sector. Esperamos que 2024 sea el año de cambio de paradigma: que nuestros poderes públicos se familiaricen con la extensa y evocadora legislación comunitaria y nacional a la hora de contratar con entidades sociales, y que nuestra sociedad conozca el impacto social y ambiental que puede llevar a cabo con sus compras diarias.
En nuestra agenda sigue estando la misma hoja de ruta, crear puestos de trabajo dignos y de calidad sin comprometer el futuro de nuestro planeta.
*** Carmen Aja es directora de AERESS.