Un año más, al llegar al ecuador del mes de octubre conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres Rurales, una fecha que subraya la importancia de las mujeres en las zonas rurales y su contribución fundamental a la seguridad alimentaria, la gestión de la tierra y el desarrollo sostenible.

Con todo, a pesar de su relevancia, las mujeres que vivimos en zonas rurales seguimos enfrentando una realidad marcada por la desigualdad de género y la falta de reconocimiento. De hecho, la mayoría de la sociedad visualiza hombres cuando piensa en quienes trabajan el campo. Y, sin embargo, la mitad son mujeres, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, en sus siglas en inglés).

Es más, una de cada tres mujeres en el mundo trabaja produciendo alimentos y una de cada cinco lo combina con otras actividades no remuneradas como el trabajo doméstico y el cuidado de familiares, añade la coalición Por Otra PAC —a la que pertenece Justicia Alimentaria—. En resumen, no solo son una parte fundamental en la seguridad alimentaria, sino que también fijan población en un entorno rural que, solo en España, supone más del 80% del territorio.

Silvia P. Cabeza

Las desventajas con respecto a los hombres van desde la propiedad de la tierra hasta el acceso a recursos financieros y ayudas públicas, como la Política Agraria Común (PAC). Esta es la partida presupuestaria con mayor presupuesto de la Unión Europea y es uno de los subsidios fundamentales para, en principio, lograr rentas dignas en las personas agricultoras. Pero parece que no tanto si se es mujer. Según datos de Por Otra PAC, las españolas reciben el 27% de las ayudas directas, frente al 73% que perciben ellos. Una diferencia que se debe en parte a un problema estructural e histórico: el desigual acceso a la tierra.

El dinero público de la PAC lo recibe la persona propietaria de la explotación agraria y, en gran parte, depende de la superficie que tenga: cuanto más grande, más percibe. En España, no llega al 30% las mujeres que son titulares de unidades agrarias, frente al 70% que gestionan los hombres. Además, las propiedades en manos de ellas suelen ser más pequeñas.

El Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) -que establece el marco normativo para vehicular esta ayuda comunitaria en España- ha introducido algunas medidas con la intención de reducir estas desigualdades. Entre ellas, destaca el incremento del 15% en las ayudas para mujeres jóvenes que se incorporan al trabajo agrario. Sin embargo, estas iniciativas, aunque bien intencionadas, no parecen ser suficientes para cerrar la brecha de género en el campo.

Por ejemplo, no tendrá un impacto en las mujeres rurales de más de 40 años, que siguen siendo las más invisibilizadas. Tampoco mejorará la situación de las que no son titulares de las explotaciones, muchas de ellas migrantes, y, por tanto, triplemente invisibilizadas: por ser mujeres, por ser rurales y por ser migrantes. Por tanto, aunque se promueven medidas específicas, se necesita un enfoque más amplio y ambicioso para abordar las desigualdades de género en el medio rural.

Además, estas medidas, deberían ir acompañadas de proveer a los medios rurales con más servicios. Porque, al ser las principales cuidadoras, ellas son las que más padecen la falta de hospitales, de centros de día, de escuelas infantiles, de transporte público y de carreteras adecuadas. Y esa falta de recursos, al final, repercute en tener que reducir sus jornadas laborales, limitar sus posibilidades de ascenso y, en muchos casos, conduce a la renuncia y al abandono laboral.

En definitiva, como recoge el manifiesto Por un feminismo de hermanas de tierra de este 2024, "urge un cambio de modelo, uno que ponga en el centro la vida, la conservación del territorio y la biodiversidad, que nos alimente con comida sana y que no nos enferme, y en el que todas las personas que trabajen en él tengan condiciones de vida dignas". Y eso solo podemos alcanzarlo en una sociedad informada y dispuesta a actuar de una manera diferente y a pedir políticas públicas que visibilicen y apoyen suficientemente a la mujer rural.

***Lucía López Marco es coordinadora de Aragón de Justicia Alimentaria