Producir alimentos es esencial para toda la sociedad, pues de ella depende nuestra supervivencia. La manera en que lo hagamos tendrá el poder de garantizar una buena salud a la población, dar vida a nuestros pueblos y promover condiciones dignas de vida y trabajo en el sector agrario y a lo largo de la cadena alimentaria. También, puede cuidar la tierra y proteger nuestro entorno natural. O justo todo lo contrario, que es lo que sucede.

Estamos alejándonos de una de nuestras señas de identidad: la dieta mediterránea. Sus recetas están repletas de frutas, verduras y legumbres producidas en las zonas rurales de nuestro país, altamente adaptadas a sus condiciones físicas, climáticas y socioculturales. Y, sin embargo, cada vez están menos sobre las mesas de nuestras casas y restaurantes. 

Parte de la responsabilidad la tiene nuestro actual modelo productivo y de consumo, cada vez más intensificado, que encarece la cesta de la compra y fuerza a optar por alimentos menos saludables, que son paradójicamente más baratos. Aunque más caros para la sociedad en su conjunto: dependen más de insumos, materiales y piensos importados, y son energéticamente menos eficientes. Además, secan y contaminan ríos y acuíferos. Y, desde luego, no están orientados a afrontar los retos a los que nos enfrentamos.

Este es un modelo agroalimentario industrializado que contribuye a que las personas que trabajan en agricultura, ganadería y pesca no puedan vivir con dignidad. Muchas explotaciones - sobre todo las pequeñas, las familiares- abandonan y se vacía el campo.

Las ayudas públicas como la Política Agraria Común (PAC) siguen dirigiéndose principalmente a grandes empresas alimentarias para tapar sus sobrecostes e ineficiencias, y dejan al margen a la agricultura de alto valor natural y social, que tantos beneficios ofrece al conjunto de la sociedad. Houston, tenemos un problema. 

Frente a esto, nos encontramos ante una oportunidad única. Actualmente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) trabaja en una Estrategia Nacional de Alimentación (ENA). Este marco servirá de base para la formulación de políticas públicas en el ámbito de la alimentación, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad, la producción de alimentos y la nutrición.

Una labor necesaria que requiere de la participación de todos los agentes implicados, si no se quiere correr el riesgo de favorecer solo a quienes más gritan. Y ahí reside su talón de Aquiles.

El actual planteamiento del MAPA no prevé un espacio en el que todos los sectores relacionados con la agricultura y la alimentación puedan hablar, proponer, debatir y contrastar opiniones. Es fundamental que no falte ninguna entidad que se siente y ponga en común sus ideas. Desde la producción de cercanía, pasando por quienes transforman y distribuyen los alimentos. También, es vital que el Ministerio cuente con personas expertas en salud y medio ambiente, en economía y empleo, y en derechos de los trabajadores. 

Para lograr una ENA eficaz, el Ministerio debe motivar no solo una participación efectiva, sino también comprometerse a vehicular la consecución de acuerdos, compromisos, objetivos compartidos. En este caso, sobre el modelo de agricultura y alimentación que queremos impulsar como país, para asegurar el futuro del campo en un momento de incertidumbre económica, social y ambiental. Además de garantizar la soberanía alimentaria para la población. 

La futura estrategia tendrá que instar necesariamente a que las ayudas públicas como la PAC se dirijan a quienes producen alimentos, protegen el territorio y cuidan de nuestra salud. Estos fondos deben ayudarles a emprender y mantener modelos de producción sostenibles y saludables sin temer por su rentabilidad. También, deben  servir para que los productos frescos sean más asequibles cuando vamos a hacer la compra, especialmente fruta, verdura y legumbres.

También, debe incorporar el cumplimiento de las actuales leyes, como la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, para que las administraciones públicas (primeras consumidoras de alimentos del Estado) cumplan con la obligatoriedad de incorporar criterios ambientales y sociales en los comedores públicos. Sobre todo, en los que sus consumidores cautivos son los de máxima vulnerabilidad: colegios, residencias de personas mayores y hospitales.

Desde un amplio sector del mundo rural y agrario, la producción ecológica y la defensa de los derechos de las personas consumidoras y del medio ambiente reclamamos a los responsables políticos una mayor representatividad de todas las realidades de la cadena agroalimentaria. También, mayor escucha y un compromiso de encontrar el consenso. Todas trabajamos de manera conjunta en la Coalición Por Otra PAC, por un sistema alimentario justo para las personas y la naturaleza. Tenemos la convicción de que la población española agradecerá una Estrategia Nacional de Alimentación que proteja a quienes producen nuestros alimentos, y que les garantice poder acceder a una alimentación saludable y equilibrada.

*** Aina Calafat, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología; Celsa Peiteado, WWF España; Eduardo Montero, Federación de Consumidores y Usuarios; Jorge Cavero Redondo​, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional; Lola Hermida, Fundación Vida Sostenible; Mónica Parrilla, Greenpeace España; Montse Escutia, Asociación Vida Sana; Verónica Rebollo, Alimentta España.