Las generaciones más jóvenes están más comprometidas que nunca en la lucha contra la crisis climática. Han crecido en un mundo donde los efectos del cambio climático ya no son un problema lejano, sino una realidad que amenaza sus vidas. Esta conciencia ambiental los ha convertido en los principales defensores de un cambio profundo en nuestras políticas energéticas. Para ellos, la transición hacia un modelo energético basado en energías renovables no es solo una prioridad ecológica, es también una oportunidad para transformar la sociedad y la economía.
Esta sensibilidad se refleja de manera evidente en el proyecto de participación ciudadana 'El futuro es energía', donde se ha escuchado a más de 8.000 personas jóvenes de toda España sobre la transición energética. Los resultados reflejan una posición contundente: no solo apoyan de manera abrumadora la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, sino que exigen una acción más ambiciosa por parte de los gobiernos. La juventud identifica claramente que las políticas actuales no son suficientes para mitigar el impacto del cambio climático y proteger el futuro.
Los resultados de este proyecto han sido presentados recientemente en el Congreso de los Diputados, en un acto que reunió a autoridades políticas y representantes de la sociedad civil, dando voz a las generaciones más jóvenes y trasladando sus demandas directamente a la clase política. Este encuentro destacó la importancia de hacer incidencia política desde la sociedad civil, para asegurar que las propuestas de la ciudadanía son escuchadas e incorporadas en las políticas energéticas.
En un momento de gran polarización política, donde el ruido y la división nos absorben, resulta alentador ver que la juventud comparte una visión común en temas fundamentales para el futuro. Los resultados son reveladores: el 89% de los encuestados considera que la transición energética es fundamental para enfrentar la emergencia climática, el 90% confirma que la legislación será determinante y casi 8 de cada 10 considera que esta debe ser aún más ambiciosa que la actual.
Reciben gran apoyo de la juventud, las ayudas directas al autoconsumo y la mejora de eficiencia energética y, la inversión en redes para electrificar la economía y el almacenamiento, así como el aumento de impuestos a la energía contaminante o las ayudas para la compra del coche eléctrico.
Además, se identifican los intereses ligados a las empresas de combustibles fósiles y la falta de acuerdos políticos como los principales frenos para la transición, a la vez que se señala a los gobiernos como aquellos que deberían liderar la transición.
Por lo tanto, el mensaje es claro. Los jóvenes creen que deben ser las instituciones las que fomenten una transición de modelo a través de cambios legislativos, y estos deben ser ambiciosos y urgentes. El proyecto se ha complementado además con un foro de expertos que ha traducido las demandas de los jóvenes en peticiones concretas que pueden implementarse tanto en el ámbito público como en el privado, asegurando que la transición energética sea eficiente, inclusiva y justa.
El informe subraya la necesidad de aumentar la producción de energías renovables y optimizar su uso, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y promoviendo la electrificación de procesos industriales, para lo que es clave el refuerzo de las redes eléctricas para anticipar la futura demanda.
El almacenamiento de energía también ocupa un lugar central en el informe, con propuestas que incluyen el impulso a tecnologías avanzadas de baterías y la aceleración de permisos para proyectos de bombeo hidroeléctrico reversible. Estas soluciones son fundamentales para garantizar la disponibilidad continua de energías renovables y evitar su desperdicio, asegurando un uso eficiente de la energía durante todo el día. Otro punto a destacar es la mejora de la eficiencia energética, que se promueve mediante ayudas para la rehabilitación de edificios, mejoras en aislamiento térmico y el autoconsumo.
En cuanto a la movilidad sostenible, el informe propone desarrollar una infraestructura amplia para vehículos eléctricos, con una red de puntos de recarga accesibles y un impulso a la electrificación del transporte público. También se fomenta el uso del tren como alternativa a los vuelos cortos y la inversión en la industria de baterías para vehículos eléctricos.
Por último, el informe aboga por garantizar una transición energética justa, con programas de ayudas directas para que los hogares más vulnerables puedan acceder a tecnologías limpias. También se considera fundamental promover campañas de sensibilización pública para concienciar sobre la importancia de la transición y fomentar la participación ciudadana en el proceso, asegurando que todos los sectores de la sociedad estén involucrados en la construcción de un futuro sostenible.
La juventud percibe la transición energética no solo como un reto técnico, sino como una oportunidad para reindustrializar el país, crear empleo de calidad y mejorar la competitividad, todo ello basado en los principios de justicia social y sostenibilidad. Los resultados del proceso participativo subrayan que esta transición debe ser una prioridad climática y, al mismo tiempo, una herramienta para construir una sociedad más justa y equitativa.
El futuro no puede esperar, y las nuevas generaciones están dispuestas a liderar este cambio. La transición energética debe ser priorizada y tratada con la urgencia que merece, convirtiéndose en el eje central de toda la política económica y social. Nos encontramos ante una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar. El destino del planeta, y de nuestro propio modelo económico y social, depende de que actuemos con decisión y rapidez.
*** Gonzalo Conde es presidente de Democracia Digital y Fundador de Demos Lab.