Karen Atala es una jueza cuya vida copó los medios de comunicación chilenos –y algún que otro internacional– en 2004. ¿El motivo? Haber sido víctima de una sentencia que le quitó la tutela de sus hijas por su orientación sexual, en una época en la que la homosexualidad seguía siendo tabú en Chile.

Por suerte, ocho años después consiguió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconociera sus derechos y condenara al Estado chileno por discriminación.

La batalla judicial

Atala se separó del padre de sus hijas en 2003; fue una separación negociada. Todo iba bien hasta que se enamoró de una mujer y se fueron a vivir juntas a la casa de la jueza en Villarrica. Esto molestó al padre de las niñas, que la demandó. Su vida, desde ese momento, cambió para siempre. “Para mí murió ese verano”. 

El hombre reclamaba la custodia de las niñas de 3, 4 y 8 años, porque, según él, les podría llegar a generar traumas. Así, se inició una dura batalla legal que acabó filtrándose a la prensa y puso punto y final a la vida privada de Karen Atala.

Sobre ese proceso, la magistrada cuenta que “es muy vergonzoso ver expuesta tu vida”. Y confiesa que en aquel momento dejó de ser la jueza Atala para convertirse en la jueza lesbiana. “Todo el mundo se sentía con el derecho a opinar sobre mí, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre todo”.

Atala recuerda que ganó la primera instancia en el Juzgado de Letras de Villarrica y la segunda en la Corte de Apelaciones de Temuco (capital de provincia). Entonces, el padre de las niñas recurrió a la Corte Suprema. Y esta dejó sin efecto los dos fallos anteriores

El Supremo chileno dio al hombre la custodia de las pequeñas con una sentencia basada en argumentos estereotipados, abstractos y discriminatorios como, por ejemplo, una “eventual confusión de roles sexuales que puede producírseles” o que las niñas podrían ser objeto de discriminación social y aislamiento por convivir su madre con una pareja mujer".

“Mis hijas se vieron, de la noche a la mañana, bruscamente arrancadas de la casa. Fue muy chocante”. Atala perdió la custodia de las niñas y empezó a verlas con menos frecuencia. Y recuerda que entonces muchas madres lesbianas se le acercaban por la calle para preguntarle qué iba a ser de ellas si esto le había pasado a una mujer formada y con una buena carrera profesional. “Se sembró un nefasto precedente”, sentencia la magistrada.

Lo personal es político

Ante esta situación, un día dijo “esto no puede quedarse así, hay algo que se rompió en la justicia”. Ahí se dio cuenta de que, como dijo Carol Hanisch, “lo personal es político”.

Desde el inicio de la batalla judicial, su abogado le aconsejó hacer una denuncia internacional con su caso para que el país avanzara, especialmente si el poder judicial la discriminaba por su orientación sexual.

"Tuve que hacer un proceso personal muy intenso para darme cuenta de que no iba a recuperar a mis hijas"

Si bien confiesa que no querían llegar a ese punto, llegó un día que se volvió inevitable. “Tuve que hacer un proceso personal muy intenso para darme cuenta de que no iba a recuperar a mis hijas. Me sumaba a todo el daño que se había causado a las múltiples familias lesbianas. Pero, de alguna forma, el destino quiso que yo fuera la punta de lanza de un proceso para hacer que esa situación se revierta en Chile y no le vuelva a pasar a ninguna madre”.

A la idea de su abogado se sumó que muchos de los que fueron sus compañeros de la facultad de Derecho le dieron el apoyo, sumándose una amplísima red de profesionales que traspasó las fronteras chilenas. Se armó, así, una denuncia incontestable.

Derecho a la no discriminación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Washington) invitó en 2006 a la jueza Atala y al representante chileno a encontrar una solución amistosa. Dos años después, se rompió el proceso por no haber voluntad política. Dice “hubo diferencias valóricas profundas sobre lo que era el concepto de familia y la maternidad lesbiana”.

Fue entonces cuando la demanda llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en agosto de 2011 se produjo el juicio de la jueza Atala frente al Estado chileno.

"La sentencia de la Corte Interamericana me devolvió la dignidad"

El 24 de febrero de 2012, la Corte Interamericana dicta sentencia y condena a Chile por haber violado el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la vida privada, a la honra, dignidad y protección a la familia, el derecho a ser oído (garantías judiciales) y la garantía de imparcialidad.

En cuanto a las reparaciones, la corte estableció que su sentencia constituye per se una forma de reparación y ordenó al Estado a brindar atención médica a las víctimas que lo solicitasen, a publicar el resumen oficial de la sentencia, a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, a implementar programas de capacitación a funcionarios judiciales y a pagar una indemnización por daño material e inmaterial.

Fue un proceso muy doloroso, pero al final mereció la pena. “La sentencia de la Corte Interamericana me devolvió la dignidad”, asegura Atala. 

Avances legislativos

Desde que se dictó la sentencia, Chile ha avanzado mucho en derechos LGTBIQ+. En 2012, bajo el mandato del presidente Sebastián Piñera, se aprobó la Ley Antidiscriminación. Luego vinieron la Ley de Acuerdo de Unión Civil y la de Identidad trans.

En diciembre del pasado año, Chile dio luz verde al matrimonio igualitario. Además, se ha modificado el Código Civil para reconocer derechos filiativos a los padres de igual sexo. Esta reforma entrará en vigor el próximo 11 de marzo. “Imagínate lo que hemos conseguido en 10 años”, se alegra la magistrada.

Por otra parte, una de las medidas que propuso la corte en la sentencia del juicio de Atala frente a Chile es la capacitación de los funcionarios públicos. La jueza explica que los prejuicios que hay sobre las personas de la comunidad LGTBIQ+ obedecen a patrones culturales fuertemente arraigados en el ámbito social y “el Estado tiene que promover el cambio cultural”.

El activismo

Pero su historia no acaba aquí. Cuando se dio cuenta de que lo personal es político, Atala se animó y formó una agrupación de madres lesbianas con sus parejas –Las Otras Familias–, que se dedicó a visibilizar su situación por primera vez en el país.

Pero por desavenencias y roces políticos, Las Otras Familias tuvo punto y final en 2008. Atala no encontró otra organización con la que se sintiera identificada y, como reconoce, “me quedé huérfana de activismo”.

Al menos, hasta 2012 cuando nace la Fundación Iguales con un paradigma distinto, sin una historia de conflictos y peleas internas detrás, sin roces, más preparada intelectual y académicamente, a la que se une. 

Guantes de batalla

Después de diez años de activismo con la Fundación Iguales siente que ya ha conseguido todo lo que se propuso como activista. “Ya siento que cumplí, que puedo colgar los guantes de batalla y retirarme a los cuarteles de invierno y, también las nuevas generaciones de activistas deben tomar la posta”.

Con ilusión comenta que lo que se propuso hace entre 10 y 20 años ya se ha cumplido a nivel legislativo y cultural. “Hay parejas homosexuales en la calle besándose, de la mano y no choca como hace veinte años”, cuenta. Aunque reconoce que las nuevas generaciones aún tienen trabajo por delante. A ellas es, precisamente, a quienes deja el siguiente mensaje:

“Todo lo que tienen hoy no lo den por sentado. Todo lo que tienen hoy se ha logrado a base de mucho sacrificio personal, incluso sangre. Por tanto, los derechos que tienen se han conquistado. Hay que cuidarlos. No se puede dar por hecho que ya pueden caminar de la mano y que van a tener respeto en el espacio público".

Y añade: "No siempre es fácil. Hay en el mundo olas neoconservadoras. Nada dice que no puedan venir Gobiernos de estas corrientes y arrojen los derechos humanos. Hay que seguir cuidando lo ganado. Hay que trabajar por el cambio cultural: no sacas nada con conquistar derechos si al ejercerlos te muelen a golpes en la calle. Hay que cuidar el espacio y no bajar la voz”.