La trayectoria de Gustavo Jalkh Röben, exministro de Justicia y Derechos Humanos(Ministerio que puso en marcha en 2007), del Interior y Presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, le ha hecho merecedor de numerosas distinciones nacionales e internacionales. Además, es consultor internacional, profesor universitario, director académico y uno de los fundadores del Instituto Iberoamericano de Justicia. 

Entre los distintos reconocimientos que ha recibido de diversas instituciones internacionales por su aporte a la reforma judicial en la región latinoamericana se encuentra la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia, otorgada por Fundación Carlos III de España.

El pasado viernes 24 de junio participó en el I Congreso Internacional Iberoamericano, organizado conjuntamente por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). 

Durante su exposición, el jurista hizo especial énfasis en la vinculación que existe entre desigualdad y criminalidad. Mostró cómo en años en los que desigualdad era menor, la tasa de homicidios descendía. En este sentido, quiso dejar un mensaje: "Los problemas tienen solución". Conversamos con él tras su exposición. 

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"Por primera vez, Naciones Unidas incluyó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible uno relacionado con el acceso a la justicia". Jalkh destaca la importancia de que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia, es decir, acceso a la protección de derechos. "Y esto, en la Agenda 2030, se convierte en una hoja de ruta para los Estados si queremos tener desarrollo humano". 

En este sentido, el exministro señala que si un país tiene altos niveles de desigualdad social, se genera violencia social. De hecho, tan solo hace falta mirar los datos para comprobar la relación entre desigualdad y acceso a derechos económicos y sociales. 

Y apunta que existe otra variable que entra en juego, la impunidad. Es decir, tener sistemas de justicia ineficientes que no actúen adecuadamente. 

En esta ecuación tuvo un impacto directo la pandemia, que produjo una recesión mundial de la economía. "Significó la pérdida de empleos, la dificultad de acceso a los recursos y afectó a los niveles de violencia". 

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Por otra parte, también afectó en mayor medida a mujeres y niños. La violencia contra la mujer en el núcleo familiar se incrementó, ya que se dieron unas condiciones en las que no podía acceder a la protección estatal. "Todo lo que la pandemia implicó, tiene todavía que seguirse resolviendo". 

Preguntamos entonces al exministro cómo debe trabajar un Gobierno para garantizar la protección de los derechos humanos. En primer lugar, Jalkh explica que en Ecuador crearon en 2007 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que no existía hasta entonces. 

"Esto tenía como misión irradiar de manera horizontal las políticas públicas en función de los derechos humanos, para que las convenciones no se queden en declaraciones que solo se activan cuando hay una violación a alguna de las partes". 

"La movilidad social se da en función del acceso a oportunidades"

Comenta que "más allá de eso, los derechos humanos tienen que ser una carta de navegación de la política pública. Tomar lo que dicen los derechos humanos y traducirlo en políticas públicas".

Pone un ejemplo. El acceso a la educación es un derecho humano. Entonces nadie puede quedarse fuera de acceder a una educación de calidad. De hecho, la educación termina siendo uno de los elementos más importantes de integración y cohesión social.

"La movilidad social se da en función del acceso a oportunidades y a derechos, por lo que la sociedad democrática es aquella que te garantiza libertad e igualdad de oportunidades". 

Y para proteger los derechos humanos es fundamental la cooperación entre Estados. "Una de las formas es estar sujeto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero otras formas son trabajo en conjunto de los gabinetes ministeriales, es decir, al menos entre países vecinos como Ecuador y Colombia o Perú y Chile". 

Pone el ejemplo de la pandemia y los asuntos relacionados con la salud. Explica Jalkh que si se hubiesen hecho alianzas para comprar vacunas los hubiesen hecho más rápido y no hubiesen estado "un poco a la cola porque hacerlo individualmente".

"Todo lo que la pandemia implicó tiene todavía que seguirse resolviendo"

De esta forma defiende que se hubiesen evitado terribles errores. "Por ejemplo, Ecuador, que actuó contra una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decía que en pandemia los Estados no deben dar prioridad al pago de la deuda si esto implica un deterioro de recursos para temas de salud". 

Por último, hablamos del Instituto Iberoamericano de Justicia, del que es miembro fundador. Se trata de una red de profesionales que se han articulado para hacer estudios. 

Con estos se pretende inspirar la identificación de prioridades de la política pública, de acceso a los servicios de justicia y ser propositivos a partir de un estudio empírico estadístico, también para poder sugerir políticas públicas como haría una fundación o una ONG, pero con él avala de profesionales de gran trayectoria en la región. 

Pero también, en relación con los sistemas penitenciarios, el instituto buscará sugerir modelos concretos y prácticos sobre la aplicación de las reglas Mandela en el manejo para que haya seguridad en las cárceles. Pero también acceso a derechos a las personas privadas de libertad. 

"Te puedo asegurar que en un sistema penitenciario, si el Estado está garantizando seguridad y derechos, eso también está pasando fuera."

La conversación con el exministro Jalkh finaliza con una frase que para él es muy inspiradora, de Kofi Annan: "Los pueblos anhelan seguridad para tener desarrollo humano y también anhelan desarrollo humano para tener seguridad. Pero no van a tener ni seguridad ni desarrollo humano sin el respeto de los derechos humanos". 

Concluye que la cita resume todo el desafío de tener una política pública de seguridad y de desarrollo humano.