La confesión de Areal acredita el modelo de financiación ilegal del PP

La declaración ante el juez de Fernando Areal, extesorero del PP balear, ha puesto en evidencia un modelo de financiación ilegal en el seno del partido que se replicaba de forma idéntica en otras comunidades autónomas. El acusado, que es cuñado del expresidente del Govern, Jaume Matas, reconoció ayer que pagó en la sede del PP 71.958 euros en negro a la agencia de publicidad Nimbus, que organizaba una parte de su campaña electoral en 2007. Ante el juez, ha descrito una forma de actuar que se repite al menos en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León. En Génova, el cuartel general del PP, intentan poner de cortafuegos que esta declaración es “un delito personal” del extesorero balear. Nada extensible, según su versión, a otras autonomías.

La realidad, sin embargo, es muy distinta a la que pintan en Madrid. En la Comunidad Valenciana que dirigía Francisco Camps el 'modus operandi' era calcado al balear. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) confirmaba este verano en un auto los “indicios” y “sospechas” de financiación ilegal en el PP de la región en dos campañas electorales, las autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, con Camps al frente. En una pieza separada del caso Gürtel recurrida, se investigaron supuestos pagos irregulares de empresarios del sector de la construcción y la obra pública que contrataban con el Ejecutivo regional para las campañas populares.

En Madrid, el partido tampoco se escapó nunca de la sombra de la financiación ilegal. Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratificaba que el PP de Madrid que todavía hoy dirige Esperanza Aguirre financió ilegalmente las campañas de la líder en el año 2003, cuando se produjo el tamayazo que la aupó a la Presidencia de la Comunidad y un año después, en las elecciones generales y europeas. Según el documento, las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y a través de la fundación Fundescam, que se utilizaría como canal para captar fondos y pagar facturas.

El auto del TSJ valenciano ratificaba otros informes que anteriormente había confeccionado la UDEF y de la Agencia Tributaria y que desvela la misma forma de actuar que la que ayer confesó Fernando Areal ante el juez balear. La filial valenciana de la red Gürtel, Orange Market, organizaba los actos de Camps y, mientras que el PP pagaba una parte de estos actos con fondos legales, el resto se anotaba en una contabilidad B y luego la abonaban los contratistas. Hacienda aseguraba que entre los empresarios habrían satisfecho hasta 1,3 millones de la deuda del PPCV. Orange Market intentaba maquillar el gasto con facturas por trabajos que en realidad nunca realizaba.

Así operaba en Castilla y León 

En Castilla y León, la trama se extendió a través del diputado nacional por Segovia, Jesús Merino, que renunció al cargo que ocupaba como miembro de la dirección del partido en el Congreso un día después de que dimitiera el tesorero del PP, Luis Bárcenas. La Sala de los Penal del Tribunal Supremo acordó elevar al Senado y al Congreso los suplicatorios para seguir investigando a Bárcenas y a Merino por los delitos de cohecho y fraude fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene por escrito que existen indicios sólidos de acusarle de delito fiscal tras varios informes de la Agencia Tributaria y de la UDEF. En varios documentos requisados al contable de la trama Gürtel figuran al menos un pago de 50.000 euros asignado a “Jesús Merino” y otras entregas de dinero que suman 170.000 euros a “J. M.” y que, según la Policía, le corresponderían. La ONIF, por su parte, asegura en un informe fechado en octubre 2013 que cobró de las empresas de Francisco Correa, algo más de 800.000 entre los años 2002 y 2008.

El PSOE: "Todo era cierto"

Fernando Areal ha confesado haber pagado en metálico dinero sin reflejarlo en la contabilidad del partido a cambio de no ir a la cárcel. El acusado, que hasta ayer siempre había negado el manejo de dinero negro, llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que reclamaba inicialmente tres años de prisión, y ha sido condenado a una pena de un año y medio de cárcel y 15.000 euros de multa. El titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Palma, Eduardo Calderón, acordó suspender la ejecución de la pena de prisión, siempre que no delinca durante un período de dos años.

La confesión, sin embargo, ha puesto en duda la credibilidad del PP en su conjunto, que al final es el sujeto jurídico responsable de las cuentas del partido. El PSOE ha aprovechado el terremoto para “animar” al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a reconocer que el PP lleva veinte años financiándose ilegalmente. Ha sido el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso, Pedro Saura, quien, a través de un comunicado, ha sugerido a Rajoy, máximo dirigente del PP, que ha llegado el momento de reconocer que “todo era cierto”. Así, ha emplazado al jefe del Ejecutivo y al resto de la dirección a “dejar de esconderse” y a asumir “responsabilidades” por el “doping” electoral con el que se han presentado a las elecciones “desde 1990”.