Lo venía denunciando desde 2014 el parlamentario de UPyD en la Cámara de Vitoria Gorka Maneiro: el Gobierno vasco paga a medios de comunicación afines para que éstos hagan publicidad disfrazada de informaciones. Después de mucho insistir en sede parlamentaria, ha sido ahora un juzgado de Vitoria el que ha visto fundamento en la querella interpuesta por el propio Maneiro y ha decidido meterse a fondo con el caso e investigarlo. Lo primero que ha provocado es la renuncia temporal de Iñaki Bernardo, director de comunicación del lehendakari Iñigo Urkullu, quien deberá declarar en calidad de querellado el 1 de febrero del próximo año.
Bernardo, asimismo presidente de la Comisión Interdepartamental de Publicidad Institucional, asegura que se retira “hasta que se resuelva el caso”, aunque matiza que él no ha recibido aún notificación alguna de los hechos por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, que se encarga de instruir la causa; mientras, el Gobierno Vasco afirma que Bernardo se aparta temporalmente por “higiene democrática”, ya que una investigación o su imputación no supone ninguna apertura de juicio o procesamiento.
La juez que se encarga del caso considera que los hechos planteados en la querella podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación, y ha solicitado a los departamentos de Educación, Empleo, Seguridad, Administración Pública, Medio Ambiente y Salud, que le remitan copia de los expedientes donde figuren los contratos, así como las facturas de lo publicado en los distintos medios del Grupo Noticias.
Denuncia de UPyD
La denuncia de UPyD se resume en un hecho: El Ejecutivo autonómico habría contratado varias campañas de publicidad en medios del Grupo Noticias, afín al PNV, haciéndolas pasar por informaciones. El montante económico total estimado por el parlamentario Gorka Maneiro superaría los 230.000 euros, aunque el propio Gobierno sólo ha reconocido haber destinado 41.500 euros.
Uno de los casos que cita como ejemplo Maneiro y que ya hizo público en 2014, fue el pago, a finales de 2013, de 20.415 euros a varios medios del citado Grupo Noticias para que incluyeran informaciones en contra de la Ley Wert impulsada por el Gobierno de España. De estas adjudicaciones, siempre contratos menores de 10.000 euros, denunció que se beneficiaron los periódicos Deia, Diario de Noticias de Álava y Diario de Noticias de Gipuzkoa, así como a la emisora de radio Onda Vasca, todos ellos pertenecientes al citado grupo, de ideología nacionalista próxima al PNV, según informaron entonces medios como eldiarionorte.es.
El Departamento vasco de Educación que dirige Cristina Uriarte contestó al diputado de UPyD, vía respuesta parlamentaria, que las informaciones críticas con esa ley formaban parte de una estrategia de su Departamento y las denominó ‘inserciones publicitarias’. Sin embargo, Maneiro puso de relieve que en la documentación que acompañó esa respuesta, no constaba por ningún lado que se tratara de publicidad. De hecho, esas informaciones aparecían con formato de noticia y no había ningún epígrafe ni cintillo que indicara que, en realidad, se trataba de publicidad pagada por el Gobierno.
Esta práctica es contraria a la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, aprobada a finales de 2010 durante el Gobierno del socialista Patxi López, que, en el punto 4º de su artículo 5º, recoge exactamente que "no se podrán difundir campañas institucionales de publicidad que no se identifiquen claramente como tales y que no incluyan la mención expresa de la administración o entidad promotora o contratante".
Informaciones pagadas
UPyD denuncia más. A mediados de 2014, apenas dos meses después de dar a conocer el caso de las supuestas noticias contra la Ley Wert, UPyD recibió una nueva respuesta, en este caso del Departamento de Salud, sobre la inserción de seis reportajes-entrevistas en los mismos medios antes citados del Grupo Noticias, por más 17.500 euros. Según señaló Maneiro entonces y publicaron diversos medios locales, estos espacios se incluyeron sin ningún tipo de identificación que advirtiese que el lector se encontraba ante publicidad, sino que “parecen informaciones propias de esos diarios, pero en realidad han sido pagadas por del Departamento de Salud para favorecer a sus medios amigos”.
El caso llegó a ser debatido en la Cámara vasca en julio de 2014, donde el lehendakari Urkullu sí admitió errores en la contratación de publicidad, pero no el uso indebido de dinero público por su Gobierno o trato de favor alguno a un grupo concreto de comunicación.
Maneiro, que compareció ayer ante los medios de comunicación, declaró que espera que las imputaciones no se queden en el director de Comunicación y alcancen a los consejeros de los departamentos implicados. “Se trata de hechos muy graves, de la apropiación indebida de recursos públicos para cederlos a medios afines”, afirmó el parlamentario vasco.