El tesorero de CDC niega que pueda destruir pruebas porque “ya lo habría hecho”

El tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, quiere salir de prisión, donde se encuentra desde que el pasado 22 de octubre fuera detenido por la Guardia Civil por el presunto cobro de donaciones de empresarios al partido a través de la fundación CatDem, a cambio de adjudicaciones públicas en Cataluña.

El responsable de las finanzas de CDC rebate el criterio del juez y de la Fiscalía Anticorrupción, que mantienen que debe permanecer en la cárcel hasta que encuentren una serie de documentación relevante para la causa y que sospechan ha escondido.

Hasta que esos papeles no aparezcan Viloca no puede quedar en libertad por el riesgo a que los destruya, consideran el instructor y los fiscales. El jefe de las cuentas del partido de Artur Mas no opina lo mismo: ha tenido tiempo para destruir lo que quisiera así que ya no hay nada que destruir, alega.

Eso sí, Viloca reconoce que mantiene, como tesorero, un “papel esencial” en la financiación del partido, “obviamente en razón de su cargo”, y destaca que es “evidente” que se encargaba de contabilizar las donaciones de los empresarios, “donaciones que por cierto constan en la contabilidad del partido, en los informes anuales de auditoria y en el Tribunal de Cuentas”.

Sin embargo, niega tajantemente que haya tenido relación con la adjudicación a dedo de contratos a empresarios donantes. “Dudo mucho de que puedan existir indicios de que [Viloca] haya participado de alguna manera en la adjudicación de obras públicas, cuando ni es funcionario ni ha intervenido en ninguna adjudicación".

En un recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Tarragona, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el argumento de la defensa de Viloca para que le excarcelen es sencillo: “Si mi representado hubiera querido destruir u ocultar alguna prueba hubiera podido hacerlo después del registro que tuvo lugar en su despacho el pasado 28 de agosto”. La Guardia Civil registró su oficina en la sede de CDC tras descubrir que Viloca, tesorero también de la fundación CatDem -a la que se dirigía la investigación en aquel momento- tenía el despacho en la sede del partido y no en la fundación.

Durante aquel registro, los agentes descubrieron que Viloca había destruido documentos. Una vez reconstruidos y analizados, decidieron volver a entrar en su despacho el 21 de octubre, esta vez con la intención de detenerle y enviarle a la cárcel.

Actitud colaboradora

La defensa sostiene que la ausencia de un riesgo de destrucción de pruebas es compartido por los propios agentes de la investigación. Los medios de comunicación se hicieron eco de que en los registros de 21 de octubre la Guardia Civil se iba a centrar en los despachos de otros dos trabajadores de CDC detenidos, Ana Benítez y Carlos del Pozo, más que en el de Viloca, porque éste ya había sido registrado hacía menos de dos meses. “Así que el riesgo de destrucción de pruebas no es una causa real que justifique la privación de libertad de mi representado”, añade su letrado. El abogado también resalta que su cliente está en la cárcel mientras que, por el contrario, Benítez y Pozo siguen en libertad.

El motivo por el que el juez de El Vendrell (Tarragona) ordenó su ingreso en prisión es, fundamentalmente, por el riesgo de que siga destruyendo pruebas, primero porque ya tenía un antecedente y segundo porque los investigadores buscan algo muy concreto que todavía no han localizado.

Ante este razonamiento, Viloca se defiende: “Poca prueba puede quedar bajo la esfera del dominio de mi representado que justifique que éste pueda tener hipotéticamente la capacidad o incluso posibilidad de destruir algo que pueda ser útil para la instrucción”.

En su escrito, sin embargo, no hace mención alguna al hecho de que tanto Anticorrupción como Guardia Civil tienen conocimiento de que, momentos antes de que los agentes llegaran a la sede de CDC para realizar el primer registro, el tesorero destruyó documentos sobre contratos de la Generalitat a donantes de la fundación del partido. 

Es más, el hombre de las finanzas de Convergencia incluso habla de la “actitud colaboradora” que mantuvo durante los dos registros de su despacho y de su domicilio particular. “No se puede adoptar la medida provisional ad cautelam [de forma cautelar] al servicio de una investigación prospectiva que lleva años en secreto de sumario y en previsión de que, hipotéticamente, en el futuro, aparezcan nuevas necesidades de recopilación de prueba documental. Y más cuando, debido al secreto, ya ha planificado el cómo y el cuándo de la incautación, sin que el secreto eluda la obligación de concretar el riesgo de destrucción”, recoge el escrito.

Asimismo, insiste en que la Fiscalía no ha concretado los documentos que busca sino que habla de “manera genérica”. La Audiencia Provincial de Tarragona ya dejó en libertad en agosto a uno de los empresarios imputados en esta causa, Jordi Sumarroca, alegando que el juez no había concretado qué pruebas concretas podía destruir.