La prensa española ha sufrido una "tormenta perfecta" en los últimos años mezcla del enorme endeudamiento de los medios, fruto de la reconversión digital y la caída de los ingresos derivada de la crisis, y de la "asertividad" del Gobierno del Partido Popular que ha "contraatacado agresivamente ante las críticas públicas", según el artículo que firma Raphael Minder de The New York Times.
Entre los ejemplos que cita el diario de amenazas a la libertad de expresión en España está el informe crítico del International Press Institute, la 'ley mordaza' aprobada por el Partido Popular o la destitución del director de EL ESPAÑOL Pedro J. Ramírez de su puesto en El Mundo tras la publicación de los SMS que mandó el presidente Mariano Rajoy al tesorero de su partido Luis Bárcenas, imputado por corrupción.
Esto ha conducido a una duda razonable sobre la independencia editorial que han podido conservar los principales medios del país, argumenta, citando conversaciones con profesionales del sector:
Dentro de la industria de la prensa muchos consideran que la formidable combinación de presiones financieras y gubernamentales ha mermado su capacidad de cubrir en cualquier medida los conflictos de intereses entre los poderes políticos y económicos en una época en la que no cesaban de brotar escándalos financieros y políticos como resaca de la crisis en España.
Los medios emergentes como EL ESPAÑOL, eldiario.es o Ahora se plantean como contrapoder necesario e independiente según el autor que se ha entrevistado con sus directores.
"Los periódicos ya no están en manos de sus editores sino de los ejecutivos a los que les preocupan sus cuentas y mantener una buena relación con los poderes", explica Pedro J. Ramírez. The New York Times destaca cómo Ramírez destinó la indemnización por despido de El Mundo para fundar EL ESPAÑOL, lo que junto a una histórica campaña de crowdfunding ha asegurado su independencia económica.
La reportera María Peral asegura que se unió a EL ESPAÑOL tras comprobar "un claro declive de la libertad editorial durante la crisis, que nos obligó a silenciar contenido que podría ser dañino para nuestros anunciantes o los bancos a los que adeudábamos".
El artículo sobre libertad de prensa en España es portada también en la edición impresa.
"No creo que haya habido una época peor para la libertad de expresión en España desde los tiempos de Franco", afirma Juan Pedro Velázquez-Gaztelu, que dejó El País para liderar Alternativas Económicas. "Los periódicos españoles han perdido su independencia frente a las grandes empresas y especialmente frente a los bancos".
"El daño a la credibilidad ha sido enorme", considera Miguel Ángel Aguilar, fundador de Ahora. "Los periódicos están en las manos de acreedores y en las de un Gobierno que ha convencido a estos acreedores de que deben dejarlos vivir en lugar de asfixiarlos por sus deudas".
Por su parte Ignacio Escolar, director de eldiario.es, lamenta que pese a la libertad de los medios emergentes para ser más incisivos, las informaciones que revelan no tienen aún el poder de influencia de la prensa tradicional. "No es lo mismo que una exclusiva que estuviera en las portadas de todos los quioscos".
El caso de El País, Catar y Telefónica
The New York Times cita como ejemplo de esta situación el conflicto que surgió en la redacción del diario El País cuando su comité denunció que varios artículos habían sido retirados o modificados en su edición online, particularmente los que hacían referencia a Catar y a la empresa Telefónica. Prisa, el grupo matríz de El País, estaba intentando llegar a un acuerdo con una empresa catarí, mientras que Telefónica es accionista y dueña de su negocio de televisión.
El director de El País, Antonio Caño, negó recientemente que las deudas de Prisa hayan afectado a la independencia editorial del periódico, aunque reconoce que los políticos españoles no asumen "el rol fundamental que juega la prensa" como hacen por ejemplo los británicos.
Juan Luis Cebrían, consejero delegado de Prisa, zanja por su parte: "Lo que se publica en El País es lo que el director de El País quiere que salga publicado".