El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado condenar al exdiputado de Convergencia y exalcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, a una pena de prisión, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, por beneficiar al empresario ruso, Andrei Petrov, en una adjudicación a cambio de varios regalos y viajes. La Sala ha limitado a inhabilitarle para ejercer cargo público durante nueve años y medio por los delitos de cohecho y prevaricación y a fijar el pago de una multa de 450.000 euros.
El tribunal tampoco condena a prisión al exconcejal de urbanismo de la misma localidad, Josep Valls, y lo deja en 8 años y medio de inhabilitación y una multa de 300.000 euros. Además, la sentencia ha tenido un voto particular del propio presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, quien entiende que los acusados no cometieron un delito de prevaricación.
Crespo también está salpicado por la 'Operación Petrum' que investiga Anticorrupción y la Guardia Civil. Lloret de Mar fue uno de los ayuntamientos que fue registrado en la segunda fase de la operación que investiga el pago de comisiones de empresarios a CDC a cambio de adjudicaciones públicas. Uno de los contratos que está en la lupa de los investigadores es el del parque urbano Can Xardó, en Lloret, por 1,7 millones de euros concedido a Teyco, empresa de Jordi Sumarroca, detenido y enviado a prisión en esta operación. Ese contrato se concedió en 2009, cuando Crespo era todavía alcalde del municipio.
En el asunto 'Clotilde', Crespo estaba acusado por permitir ser "agasajado" por un presunto mafioso a cambio de darle un trato de favor a los negocios de Petrov -condenado a siete años de inhabilitación por soborno- a cambio de dádivas. Concretamente, logró beneficiarse de la subrogación de un convenio para convertir la antigua plaza de toros de Lloret en un centro comercial y consiguió una bonificación fiscal para su proyecto, así como el cambio de usos del equipamiento.
A cambio, Crespo y Valls fueron invitados a Moscú en 2008 y regaló al alcalde un reloj de 2.200 euros. Otra de las contraprestaciones que recibía Crespo eran los patrocinios al club de hockey de Lloret en que jugaban sus hijos, que Petrov pagaba en mano, "de una forma opaca y sospechosa", y sin un convenio escrito que los amparara.
Petrov puso en la picota al BPA
Crespo dimitió en mayo después de conocer que debía sentarse en el banquillo de los acusados. El exedil fue detenido en 2013 en el marco de la 'Operación Clotilde' dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco junto a la Fiscalía Anticorrupción. Al ser en ese momento aforado, el instructor remitió la causa al TSJC. Por su parte, Andrei Petrov volvió a salir a la palestra después de Estados Unidos alertara que la Banca Privada de Andorra (BPA) colaboraba en el blanqueo de algunos de sus clientes, como este presunto mafioso ruso.
Según la sentencia, la resolución administrativa acordada por el pleno del Ayuntamiento de Lloret, por el que se beneficiaba a Petrov, contuvo “dos flagrantes desviaciones” y produjo una decisión “arbitraria” y “objetivamente injusta”. “Desconocer y pasar por encima de la Ordenanza es desconocer el carácter vinculante de los propios actos, lo que resulta, además de arbitrario, ilegal, pues desarrollada la habilitación recibida de la Ley mediante la aprobación plenaria de una Ordenanza, el contenido de esta norma tiene, sobre todo para quien la dicta, la misma fuerza legal que la norma habilitante”, explican los magistrados.
Apartarse de una decisión reglada implica arbitrariedad, y si del acto arbitrario resulta un quebranto para las arcas municipales en beneficio exclusivo de un ciudadano particular, el acto se convierte, además, en materialmente injusto, siendo así que, por lo demás, el ciudadano aquí bonificado –la mercantil DDC- es el único que nos consta que lo haya sido en el pasado por obras no contempladas en la Ordenanza respectiva, o que pueda serlo en el futuro, salvo modificación de la Ordenanza o que se siga retorciendo la norma; y así fue percibido ya por quienes impulsaron los inauditos trámites encaminados a lograr la bonificación, pues habían sido alertados de que se trataba de una bonificación insólita y de que crearía un precedente muy peligroso para el futuro, tal y como exteriorizó el Secretario municipal en sus primeras declaraciones sumariales.
Actos de cortesía
Respecto a los regalos recibidos por Crespo, el tribunal valora si podían ser considerados como un acto de cortesía dentro de lo que son relaciones personales. “Pero la naturaleza del primero (el viaje a Moscú), un viaje familiar, y la cuantía del segundo (el reloj), más de dos mil euros, excede lo que puede entenderse como aceptable en un marco de adecuación social”, recoge.
Respecto del patrocinio de los clubes de hockey y de fútbol, apunta que el “carácter económico” del patrocinio es “idóneo” para que pueda ser calificado como dádiva.
“El acuerdo de patrocinio entre alcalde y acusado constructor estaba predeterminado a la facilitación de la obra con actos todavía no determinados en aquel momento, de ahí la necesaria participación del concejal de obras. Es más, ese acto de patrocinio a los clubes de hockey y futbol, está en directa conexión con la condición de alcalde del acusado Crespo y de concejal de obras del acusado Valls, lo cual ya hace la acción típica incluso porque se hace en consideración a su carácter de funcionarios”. Destaca la resolución judicial.
El pago de estas dávidas por parte del empresario ruso tenían como finalidad que Crespo y Valls se abstuvieran de realizar el acto o actos que debiera en el ejercicio del cargo. “Este fue el caso, pues los acusados permitieron la realización de las obras sin que se cumplieran las exigencias que la propia administración municipal había establecido al otorgar la licencia”.