Las Cortes gastan cada año 1,3 millones de euros en ayudas económicas a medio centenar de diputados y senadores cuyo paso por el Congreso o el Senado fue efímero, y en completar sus pensiones a 59 viudas de exparlamentarios. Se trata de una aportación graciable que las mesas de ambas cámaras acaban de aprobar para los próximos doce meses.
Este “complemento de ingresos”, como se denomina, aparece recogido en el Reglamento de Pensiones Parlamentarias. Su artículo 9 establece que la ayuda debe ser adoptada mediante resolución motivada de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en sesión conjunta, con el voto favorable de los tres quintos de sus miembros.
El importe máximo de las ayudas es de 2.061 euros mensuales y se determina en función de las rentas familiares del parlamentario durante el año anterior, explica un portavoz del Congreso. A dicha cantidad se le resta la que ingrese el exdiputado o exsenador por su actividad privada o su pensión, y la diferencia es lo que se le abona.
No dejar en la calle a los políticos
Como el cálculo se hace una sola vez al año, en septiembre, sin tener en cuenta las posibles variaciones en los ingresos del beneficiario a lo largo de esos meses, hay casos en que las cantidades que van a cobrar a lo largo de 2016 sobrepasa dicha cantidad para compensar los desajustes. El objetivo, dicen fuentes parlamentarias, es no dejar en la calle a aquellas personas que han dedicado parte de su vida al servicio público una vez acababa su tarea política.
Los salarios devengados para exparlamentarios suman 600.666 euros y la principal beneficiaria por cuantía es Margarita López Pardo, de 73 años, senadora popular por A Coruña entre 1989 y 1993, que tiene asignada una ayuda de 2.258,92 euros mensuales. Le sigue por cuantía del complemento el también exsenador canario Juan Julio Fernández Rodríguez, que ocupó su escaño en la Cámara Alta entre 1979 y 1982 por el Grupo Centrista y percibe 2.161,91 euros al mes.
Por encima de los dos mil euros cobran también la exsenadora popular Laura Martínez Berenguer (2.129,13) y Francisco de Paula Burguera Escrivá, diputado de UCD durante la Legislatura Constituyente (1977-1979) y uno de los fundadores del Partido Demócrata Liberal del País Valenciano, del que fue secretario general.
Se beneficia un condenado por su implicación en un secuestro
Entre los beneficiarios está el que fuera diputado socialista en la II y III Legislatura Ricardo García Damborenea, con 2.061 euros, lo que significa que no tiene ingresos por ningún otro concepto. Damborenea, exsecretario general de los socialistas vizcaínos, fue condenado en 1988 a siete años de prisión por su implicación en el secuestro de Segundo Marey, una causa por la que también fueron condenados el exministro José Barrionuevo y el que fuera su número 2 en el Ministerio del Interior, Rafael Vera. Aunque en un principio negó cualquier relación con los hechos terminó admitiendo su implicación en el caso y afirmó que no se arrepentía de lo que había hecho.
Por encima de los mil euros mensuales hay dieciocho exparlamentarios más, y los restantes veinticinco no alcanzan dicha cantidad. En algunos casos se trata de cantidades simbólicas, como sucede con el exsenador del PNV Francisco Pozueta Mate y la exsenadora popular Dolores Otero Rodríguez de las Heras, los que menos cobran. El primero recibe al mes 61,77 euros, y la segunda 73,41.
Tres veces la pensión de viudedad
En el caso de las viudas de exparlamentarios, en la actualidad hay 59 que reciben el complemento de ingresos de las cámaras, y en algunos casos llegan a triplicar el importe de la pensión de viudedad para personas con cargas familiares, establecida para este año en 733,809 euros. Es el caso de Amparo Bertolín Zafón, que cobra 2.278,15 euros mensuales.
También superan los dos mil euros Catalina Diana Blanco (2.024,59), Pilar Madero Ortiz-Cicuendez (2.061) y Eda Volpi Rebiscini (2.056,57).
Algo menos cobra María del Carmen de Motta García-España, exactamente 1.995 euros, Araceli Mesado Oliver (1.896,54) y Amparo Quiles Real (1.890,59).
Diecisiete viudas más cobran por encima de los mil euros, y las restantes no llegan a los cuatro dígitos. La que menos recibe es María del Carmen Calvo Magallón: la ridícula cantidad de 17,18 euros. En total, el desembolso de las arcas públicas por este concepto supera los 730.000 euros anuales.
La polémica por las prebendas de que gozan nuestros parlamentarios y exparlamentarios saltó a la opinión pública en 2010, en pleno debate político sobre la reforma de las pensiones y el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, aprobada finalmente en enero de 2011. En julio de ese mismo año se produjo un “recorte” de las prerrogativas de que disfrutaban sus señorías, pero aún así se mantienen algunas de ellas.