Un juez del TC ex diputado del PP, ponente de la impugnación del acuerdo de secesión

La ponencia de la impugnación del Gobierno contra el acuerdo secesionista adoptado por el Parlamento de Cataluña le ha correspondido por turno de reparto al magistrado del Tribunal Constitucional Andrés Ollero, informaron fuentes de la institución.

Ollero, catedrático de Filosofia del Derecho, fue diputado del PP en el Congreso durante 17 años, a partir de 1986. Desde 2003 y hasta su incorporación al Constitucional en 2012 se dedicó exclusivamente a la docencia y a la investigación jurídica. Con motivo de su 70 cumpleaños, el pasado septiembre recibió un multitudinario homenaje en el que participaron eminentes filósofos del Derecho como Paul Wolff y Francesco D’Agostino.

La propuesta

A Ollero le corresponderá esta tarde proponer si la suspensión del acuerdo tomado el lunes por el Parlament, en el que se declara el inicio del proceso de ruptura de Cataluña con el Estado, va o no acompañada de otras medidas.

En la impugnación, aprobada esta mañana en un Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno solicita que la suspensión cautelar -legalmente imperativa- esté acompañada de una batería de medidas: la notificación personal y directa de la suspensión a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, y a los seis miembros de la Mesa; al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y a sus 12 consejeros, así como al secretario general del Parlament, Pere Sol. En total, 21 personas con sus nombres, apellidos y cargos.

El Gobierno quiere además que el Constitucional prohíba a las autoridades del Parlament y del Govern la adopción o tramitación de cualquier iniciativa que suponga dar cumplimiento a la resolución independentista y pretende que se les aperciba de un delito de desobediencia y de suspensión en sus funciones si no respetan la suspensión.

Secesión "no democrática"

En la impugnación, el Gobierno de Rajoy sostiene que el acuerdo del Parlamento catalán pretende "la secesión de españa por medios inconstitucionales y no democráticos".

La resolución del Parlament "viola frontalmente el propio fundamento de la Constitución, la indisoludibilidad de la Nación y la indivisibilidad de la patria de todos los españoles", afirma.

Indica que "sin el acto de soberanía del pueblo español, que reconoció el derecho a la autonomía de las nacionales y regiones, no existiría un pueblo catalán como sujeto jurídico y político del derecho a la autonomía".